“Los niños y mujeres de La Oroya van a pagar las consecuencias de las decisiones del Estado”

ü  Directora de Filomena Tomaira advierte las consecuencias en caso se le renueve la ampliación del PAMA a Doe Run Perú. Los más vulnerables son las mujeres y niños.

Esther Hinostroza Ricaldi, directora de Filomena Tomaira Pacsi, ONG que trabaja desde hace 20 años en la región Junín en temas de mujer y niñez afectados por las malas prácticas empresariales de las empresas mineras, muestra su preocupación por la posible ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run Perú, y señaló que los más afectados con esta posibilidad serían las mujeres y niños de esta ciudad.

La organización Filomena Tomaira trabaja con la mujer minera en la región Junín desde 1992, fue testigo de la venta de Centromín en 1996, y de la falta de compromiso de parte de  Doe Run Perú con cumplir con sus obligaciones ambientales con la ciudad. Esta institución ha realizado exámenes de sangre y descarte de anemia a la población y conoce muy bien los perniciosos efectos en la salud que por muchos años ha causado la cuestionada empresa.

“Diversos estudios demuestran que la intoxicación con plomo perjudica principalmente a la mujer y al niño, que son los más vulnerables”, así también lo comprobaron cuando esta organización promovió diversas iniciativas en prevención y cuidado en la salud. Comenta que a las mujeres les afecta su salud reproductiva, producen infertilidad, causan abortos espontáneos y tienen relación con malformaciones congénitas. Los niños son los más perjudicados ya que sufren de diversos males relacionados con el cáncer, daños irreversibles en el sistema nervioso y el cerebro, padecen afecciones respiratorias y disminuye su calidad de vida”, así lo señaló Hinostroza Ricaldi.

 “En 1999, en coordinación con otras instituciones, hicimos un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la permanente actividad de Doe Run, sostiene Hinostroza.

Agregó que el Estado peruano tiene la obligación de proteger la salud de la población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de la empresa, protegiendo el medio ambiente y garantizando el respeto a todos sus habitantes.

Esther Hinostroza manifestó que “si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias de una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población”.

Asimismo, señaló que se ha “desmitificado” lo señalado por esta empresa ya que la actividad económica continúa en esta ciudad gracias al comercio y la presencia de otras empresas mineras en la región. “No hay ningún pueblo fantasma, somos gente que trabaja, pero ahora sin contaminación”, dijo.