Nuevo episodio de contaminación en La Oroya se verá mañana en la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso

Congresistas opinan sobre alerta de contaminación registrado en la ciudad de La Oroya tras haberse iniciado las actividades en el Complejo Metalúrgico.

Enterado sobre las últimas noticias de contaminación que se viven en La Oroya, desde que el 28 de julio pasado se reiniciaran las actividades en el Complejo Metalúrgico, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, Víctor Grández, dijo que la denuncia será tema de debate en la comisión mañana martes, 4 de setiembre. “Vamos a investigar el asunto. El Estado como ente ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente debe pronunciarse lo más rápido posible. Debemos fiscalizar qué está haciendo el Estado ante todos los impases de la contaminación”. Dijo además que al darle luz verde a Right Business para operar la fundición, el Estado debió estar vigilante para que no se produzca más contaminación en la ciudad de La Oroya.

Por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde recordó que la salida del Grupo Renco significó una gran paso para terminar con la contaminación de la ciudad: “La gran ventaja es que Doe Run no está más en La Oroya”. Sin embargo, advirtió que “hay que tener cuidado de no hacer lo que hizo Ira Rennet. No se deberían reproducir los mismos errores. La solución sería vender la empresa lo más rápido posible. Rigth Business, al final de cuentas, no hará ningún tipo de inversión en el complejo metalúrgico porque son aves de paso”, subrayó. Sobre el rol fiscalizador del Estado, el congresista dijo que “el Estado está para resguardar el medio ambiente. Lamentablemente ha sido siempre el primero en no cumplir con sus compromisos. Esta vez lo tiene que hacer”. Dijo, además, que los miles de trabajadores del Complejo Metalúrgico se dieron cuenta que fueron engañados por la ex empresa operadora Doe Run Perú y que la contaminación en La Oroya era producto de la mala ética del dueño de Doe Run, Ira Rennert y su “manera mafiosa de manejar la empresa”.

El congresista Daniel Mora, quien ha seguido de cerca la problemática de La Oroya, subrayó que cuando las actividades de la fundición estuvieron paralizadas, los índices de contaminación en la ciudad de La Oroya fueron bajísimos. “Es una prueba de que la contaminación empieza cuando comienzan a funcionar las máquinas de la fundición.   Ante las nuevas denuncias, es el Estado el que debe acudir. Es cierto, los trabajadores necesitan el empleo pero debe exigirse el cumplimiento de los estándares ambientales internacionales para mantener la calidad del aire”. Opinó, además, que la estación que el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) instalará en La Oroya para vigilar la calidad el aire debió instalarse antes de que la planta empiece a funcionar. “Es que tenemos un estado reactivo que no previó las consecuencias”, dijo el congresista.

“No somos un país de segunda categoría. Las leyes existen lo que debemos hacer es adecuar los estándares más exigentes para que se respete el medio ambiente”, agregó. 

Rosa Amaro frente a las declaraciones de los representantes de Right Business: “Si hay oportunidad de conversar, lo haremos”

Activista del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO), Rosa Amaro, dice que seguirá vigilante del cuidado del medio ambiente en La Oroya. Mantiene su posición frente a las declaraciones de los representantes de Right Business: “DIGESA comprobó que se reportaron picos altos de contaminación”, dijo.

Ante las nuevas denuncias de contaminación que vive la ciudad de La Oroya, luego de que el Complejo Metalúrgico reiniciara sus operaciones el 28 de julio pasado, la empresa liquidadora del Complejo Metalúrgico, Right Business, ha sostenido que el principal contaminante de la ciudad es el parque automotor. Según lo comprueba, dijo Rocío Chávez, de Right Business, un informe presentado por la empresa AYESA.  “La empresa hizo un trabajo de análisis de contaminación cuando el complejo estuvo paralizado. El aire se encontraba contaminado incluso antes que funcionara el complejo por efecto del parque automotor, que superaba los ECA’s establecidos”, dijo Chávez en una entrevista en Canal N.

Se denomina ECA a los estándares de calidad ambiental. Muy por el contrario a lo sostenido por los representantes de Right Business, hasta junio del 2012, la Plataforma La Oroya por un Cambio comprobó que desde que las máquinas de la fundición habían paralizado sus actividades (hacía tres años) los niveles de la calidad del aire en la ciudad mejoraron. “Frente a lo arrojado el 2007, los niveles de contaminación por material particulado PM10 (partículas de desechos como plomo, cadmio, arsénico, polvo y otros) han disminuido notablemente de valores de 66.53 microgramos por decilitro (µg/dl) a 19.91. Así como  los índices de dióxido de azufre (SO2) en el aire han bajado de valores aproximados de 1177.33 µg/dl a 2.63 µg/dl.

(http://laoroyaporuncambio.blogspot.com/2012_06_01_archive.html)

Respecto a que el principal agente contaminador del aire es el cargado parque automotor, vale recordar que el 12 de Diciembre de 2005, el Presidente de la desaparecida Comisión Nacional del Ambiente (CONAM), notificó oficialmente a la empresa Doe Run Perú, su condición de macroemisor de los contaminantes dióxido de azufre, material particulado y plomo en la ciudad de La Oroya, según los resultados del inventario de emisiones, realizado por DIGESA. Es decir que Doe Run Perú era responsable por más del 99% de los contaminantes que se emitían al aire en La Oroya. (Ver Carta Nº 2638-2005-CONAM/PCD, de fecha 12 de diciembre del 2005)

Rocío Chávez dijo, además, que “no fueron necesarios los planes de contingencia porque no se ha llegado a límites de emergencia”. Sin embargo, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), alertó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado, según un reportaje de El Comercio. Pues entre el 1 y el 24 de agosto, la Digesa registró que los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.

Finalmente, los representantes de la empresa liquidadora invitaron a Rosa Amaro y a todos los interesados en cuidar el medio ambiente a acercarse a la fundición. “Les abriremos la puertas”, dijo Ayar López Cano. Por su parte, la activista de La Oroya, Rosa Amaro, mantiene firme su posición respecto al estado de contaminación en que se sumió la ciudad los primeros días en que se retomaron las actividades de la fundición. “Digesa ha comprobado que aquellos días se reportó un pico elevado de contaminación. Y se reportó un caso de emergencia de contaminación del aire que sobrepasó el límite permitido”, dijo. 

Saluda la predisposición que tiene Right Business de dejar las puertas abiertas al diálogo con los interesados en conservar un ambiente sano en La Oroya. “Si hay oportunidad de conversar, lo haremos. Quisiéramos saber cuáles han sido sus propuestas ante el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades para respetar los estándares de calidad del aire y de qué forma van a monitorear la contaminación. Somos ciudadanos vigilantes y queremos enterarnos del monitoreo de los ECA’s que hará la empresa”, dijo Amaro.

*http://gloriaramos.com/files/Inf%20de%20grupos%20de%20trabajo/1%20Comision%20de%20Pueblos%20Andinos,%20Afro%20peruanos,%20Ambiente%20y%20Ecologia/3%20160707%20IGT%20La%20salud%20publica%20en%20La%20Oroya/160707%20Informe%20la%20salud%20publica%20en%20la%20Oroya.pdf

¿Quién fiscaliza a Right Business?

Se han reportado altos niveles de contaminación del aire en La Oroya desde el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico. Luego de tres años de paralización, el complejo metalúrgico volvió a operar con uno de sus circuitos activos, el de zinc. Debido a esto, se han reportado altos niveles de contaminación del aire con dióxido de azufre. Estos resultados fueron reportados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones. Durante estos días, los niveles de dióxido azufre sobrepasaron los 3,200µg/m³ cuando el máximo permitido actualmente por la legislación, es de 80 µg/m³.

“Actualmente es la empresa Right Business  la encargada de operar el complejo. Ante los impactos ambientales reportados esta semana por Digesa, la pregunta que ha surgido de manera inmediata es saber cuáles son los mecanismos de control y fiscalización que está aplicando el Estado para supervisar a Right Business para que cumpla con los estándares ambientales requeridos”, dice Emma Gómez, subdirectora de CooperAcción.

La respuesta que ha dado Right Business ha sido la Resolución Ministerial 257-2006-EM que  otorgó un plazo adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre) a la ex operadora Doe Run Perú.

“Recordemos que esta norma estableció las condiciones en las que se le otorgaba la prórroga de ejecución del PAMA a Doe Run  y no nos queda claro si es la herramienta necesaria para fiscalizar a Right Business puesto que estamos ante un nuevo escenario de operación parcial del complejo, que viene operando en una ciudad que redujo sus niveles de contaminación debido a la paralización de casi 3 años (…) Lo que pedimos es mayor transparencia para que queden claros los instrumentos técnicos que van a permitir un adecuado control a Right Business: ¿cuáles son los parámetros de control? ¿Cada cuánto tiempo se van a realizar auditorías y monitoreos?“, dice Gómez.

Por su parte, el especialista en temas ambientales, Juan Aste, dijo que “desde un comienzo, el complejo metalúrgico tenía que cumplir con los estándares de calidad ambiental. Otra salida era darles un plazo para condicionar el funcionamiento del complejo para evitar cualquier tipo de contaminación.

”El Estado debe continuar con su rol de salvaguardar los intereses de cumplir con los estándares ambientales y de supervisión desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde la plataforma siempre hemos sostenido que cualquier empresa que opere el complejo metalúrgico de La Oroya debe cumplir estándares ambientales que garanticen un ambiente sano para La Oroya y su población.  Doe Run demostró por años su falta de voluntad por cumplir sus compromisos ambientales”, finaliza Emma Gómez.

Población de La Oroya seguirá vigilante. Rosa Amaro del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO): “Respiramos humo negro como de llanta quemada”

“Fue un amanecer negro”. Rosa Amaro, presidente del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) está en Lima y describe así la mañana del 28 de julio, día en que se reiniciaron las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya. Las máquinas de la fundición, que estuvieron paralizadas desde hacía tres años, se pusieron en marcha luego de que la empresa liquidadora Right Bussines tomara la dirección de forma temporal hasta que aparezca un comprador oficial.

Amaro no puede quedarse callada y exhorta al Estado “a velar por la salud de la población de La Oroya y prevenir cualquier tipo de contaminación”. Fueron los días 28, 29 y 30 de julio, cuando el aire se cargó tanto que “respiramos prácticamente humo negro como de llanta quemada, producto de la reactivación de los hornos del complejo. El humo fue tal que no se podía distinguir la fachada de la vivienda del frente de mi casa”, dice la activista. Las impresiones de Amaro fueron comprobadas por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín que alertó tres situaciones de emergencia desde que se reanudaron las operaciones del complejo. Durante aquellos días, la Dirección General de salud Ambiental (DIGESA) registró que los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.

“Nos ardía la garganta, nos faltaba el aire al respirar”, dice Amaro cuya casa se ubica en La Oroya Antigua, frente al complejo metalúrgico.  

No recibieron ninguna advertencia sobre la posible contaminación que se originaría cuando las máquinas de la fundición volvieran a funcionar. “Se nota que Right Bussines tiene la voluntad de trabajar bien pero debería haber informado a la población. Se debería haber llevado en marcha los estados de alerta en la ciudad”, dice.

Los estados de alerta pueden evitar una exposición mayor a la contaminación. Desde el 2007 existe un Plan de Contingencia para los Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca Atmosférica de La Oroya, aprobado por el desaparecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Una especie de acuerdo entre el Gobierno Regional de Junín,  el Ministerio de Salud, el SENAHMI de Junín, en ese entonces, Doe Run Perú y otras asociaciones de La Oroya, que consiste en declarar estados de alerta en la ciudad en situaciones de contaminación a fin de activar de forma inmediata un conjunto de medidas destinadas a la descontaminación y protección de la población vulnerable.  “Nadie nos alertó. Una forma de  menguar la contaminación sería usar mascarillas o no exponerse a la intemperie los periodos de más emisiones de gases, pero nadie nos advirtió”, dice Amaro.

Los días de inversión térmica (días de nevada) o días de ausencia de vientos, por ejemplo, son días de peligro. Aquellos días, dice la señora Amaro, la ciudad queda debajo de una especie de cúpula que concentra los gases tóxicos en el ambiente. “De acuerdo al Plan de Contingencia, la empresa tenía responsabilidad de reducir la cantidad de concentrado los días de inversión térmica para que los gases no sean abundantes, por ejemplo. Pero no se ha cumplido”, dice.

Por estos días se puede ver a una de las chimeneas de la fundición soltando, nuevamente, grandes cantidades de gases a la atmósfera de La Oroya.  Sin embargo, no es la única vía. Amaro dice que también hay emisiones de gases fugitivos que no se monitorean.

En La Oroya hay alrededor de 7 mil niños expuestos a la contaminación. Hasta hoy, la sentencia del Tribunal Constitucional (2006) que ordenaba al Ministerio de Salud a atender a la población de La Oroya, sobre todo a madres gestantes, a niños, a personas de la tercera edad, que padecieron la contaminación de la ex operadora del complejo metalúrgico, Doe Run, no ha sido efectiva. Un saludo a la bandera más, pues “hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de atención ni tratamiento médico”, dice Amaro para quien tampoco han cesado los hostigamientos en su contra, pese a ello, ha reafirmado su posición  de seguir vigilante.

La activista dice que los ataques contra ella y su familia continúan. Con el retorno del andar de las máquinas también han retornado las malas caras y las difamaciones. “La gente me dice que hablo de contaminación sólo porque tengo un hijo con discapacidad… (llora), que las ONGs me pagan millones de dólares, en la calle me dicen que por qué reclamo. Cuando paso por el mercado me dicen que soy vende cristo. Yo sólo quiero que las leyes ambientales se cumplan en La Oroya y que el Estado, el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud nos protejan”, dice. Debido a los hostigamientos ha tenido que pedir asesoría a Aprodeh. La Defensoría del Pueblo ha seguido su caso.

“No estamos en desacuerdo de que la fundición funcione, pero que se pegue a las normas cualquiera que sea el  operador, Doe Run, Right Bussines, el que venga”.

Plan de Contingencia: http://www.digesa.sld.pe/Plan.pdf

“Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’

Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP)

Representante de uno de los sindicatos de La Oroya dice que Doe Run Perú coaccionaba a los trabajadores. Sindicatos están en contra de que DPR retorne a la dirección del Complejo Metalúrgico.

“Si no apoyas la paralización no hay trabajo”, Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP) resume así lo que fue laborar bajo el régimen de Doe Run Perú durante los últimos diez años. Él es trabajador del circuito de zinc del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que reinició sus operaciones parcialmente desde el 28 de julio último bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa que lleva a cabo la liquidación en marcha del complejo hasta que ingrese un nuevo operador.

Mientras tanto Doe Run continúa presionando. Ha demandado al Ministerio de Energía y Minas ante el Poder Judicial con la finalidad de desconocer al Estado en la Junta de Acreedores que se creó para llevar a cabo el proceso de liquidación.

“Right Bussines ha hecho todo el esfuerzo para reiniciar las operaciones, Doe Run nunca tuvo la voluntad. No aceptó reiniciar las operaciones al menos de uno de los circuitos porque estaba esperando que se le otorgara la ley para que siga operando y contaminando. Por eso consideramos que la paralización fue ilegal”, dice Rojas.

El Complejo Metalúrgico estuvo paralizado desde hacía tres años. Alrededor de 2,500 trabajadores continuaron marcando tarjeta y recibiendo el 70% de su sueldo. Manuel Rojas fue uno de ellos. El cambio en la actitud de los trabajadores hacia Doe Run, quienes en muchas oportunidades paralizaron la ciudad, se debe, según Rojas a que “el pueblo se dio cuenta que Doe Run los utilizó”.  

Existen cinco grupos sindicales en la fundición. Tres de ellos están formados por “empleados al servicio de Doe Run”, dice Rojas. “Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’ o ‘si no apoyas, vamos a perder todos’(…) Si Doe Run retorna el pueblo de la Oroya, el Estado tendrá que pensarlo dos veces. Volverá a utilizar al pueblo y someter al Estado”, agregó el dirigente sindical.

Por su parte, la abogada Nely Ledesma, asesora del sindicato del SUTAP dice que el giro de la actitud de los trabajadores hacia Doe Run se dio porque “se han dado cuenta que Doe Run incumplió sus obligaciones ambientales, incumplió con la construcción del último circuito y engañó a los trabajadores diciéndoles, el 2009, que la suspensión de la fundición era temporal (al final duró tres años), y diciéndoles, además, que el único culpable de la contaminación de La Oroya era el Estado porque no había resuelto el problema de los suelos. DPR les decía que en el suelo estaba la mayor contaminación y que por eso se enfermaban los niños”.

Ledesma agregó que durante los más de diez años que Doe Run operó en La Oroya no sólo fue zinc, cobre y plomo lo que se fundía en el complejo, “los trabajadores me dijeron que entraba todo tipo de residuos mineros. La llamada “basura”, concentrados de metales que ninguna otra empresa iba a fundir. Concentrados que contenían arsénico, altamente tóxico para la salud”.

Tanto Rojas como Ledesma recuerdan que no sólo los vecinos de la fundición fueron contaminados por las malas maniobras ambientales de Doe Run. “Los trabajadores han sido los más afectados a la concentración de plomo en la sangre”, dijeron.

José de Echave: “Proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico está marcado por el contra-ataque de Doe Run”

José de Echave, de CooperAcción, reafirma la posición de la Plataforma La Oroya por un cambio sobre la reactivación del complejo metalúrgico: cualquiera que sea el nuevo operador tiene que cumplir con los estándares ambientales.

El especialista en temas ambientales, José de Echave, de CooperAcción, dijo que el momento del proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico de La Oroya está marcado por el contra-ataque de Doe Run Perú (DRP) para recuperar el control.

“Por un lado, si se consigue que no se reconozca al Estado como principal acreedor del complejo, Doe Run retomaría el liderazgo en la Junta de Acreedores. La empresa de Ira Rennert sostiene que la acreencia que el Estado está ejerciendo por el incumplimiento del PAMA no debería ser tomada en cuenta. Este argumento también lo utiliza Doe Run en el proceso ante un arbitraje internacional por el que demandó al Estado Peruano por US$ 800 millones de dólares, aduciendo que existió una relación asimétrica, de trato inequitativo del Estado hacia DPR”, dice De Echave.

Subrayó, además, que es sabido que Doe Run justificó la paralización del complejo metalúrgico por la situación económica difícil que atravesaba la empresa. Sin embargo, ha salido a la luz que en pleno periodo de crisis, los altos funcionarios de  esta empresa cobraron cantidades millonarias como parte de sus ingresos y de remuneraciones especiales. Juan Carlos Huyhua, ex Gerente General de Doe Run Perú, por ejemplo, había recibido más de un millón de soles como parte de bonificaciones especiales al margen de su sueldo que superaban los 60 mil soles mensuales. Esta información se ha conocido debido a las auditorías que la empresa liquidadora, Rigth Bussines está llevando a cabo. 

“Tampoco hay que obviar la millonaria campaña publicitaria que Doe Run desplegó en los medios de comunicación. No ha habido austeridad para este tipo de gastos”, agregó De Echave.

Otro de los escenarios que describe De Echave es que “en la práctica la liquidación en marcha del complejo significó la salida de Doe Run Perú. Por primera vez después de un periodo largo, la empresa salía de la gestión y el manejo y comenzaba a darse un resquebrajamiento entre la empresa y los trabajadores, quienes por muchos años respaldaron a DRP”.

En la actualidad, la Junta de Acreedores y Rigth Bussines han decidido reactivar los procesos productivos de uno de los circuitos del complejo. “Se ha reactivado los circuitos en los cuales los procesos de implementación de inversiones ambientales a través del PAMA han sido cumplidos”. 

El proyecto que Doe Run Perú incumplió fue la planta de ácido sulfúrico para el circuito de cobre. Se ha tomado la decisión de retomar las operaciones con el circuito de zinc, que no es el más rentable. El plan es que después del reinicio del zinc, se reinicie el circuito de plomo y finalmente, de culminarse las inversiones, el de cobre. 

“Una de las propuestas legislativas que la Plataforma planteó es que el reinicio de las operaciones sea gradual y a partir de los procesos de inversiones que ya han sido cumplidos. La Plataforma mantiene su posición de que la actividad metalúrgica en La Oroya debe tener viabilidad respetando las obligaciones ambientales, económicas y sociales para con la población. Seguimos preocupados por los impactos que ha tenido en la salud. Nunca señalamos que el complejo tenía que cerrarse sino que el operador tenía que respetar los estándares ambientales y los impactos que generarían en la población, la idea es buscar esos equilibrios. Ahora que Doe Run ha perdido espacios se empieza a avizorar estas posibles soluciones”, dijo.

Respecto al proceso de arbitraje, que podría tener un desenlace fatal para el Estado peruano pues de perderlo tendría que pagarle a Doe Run como mínimo US$ 800 millones de dólares, De Echave dijo que están en un proceso de definición de estrategias de parte del Estado, el estudio de abogados está documentando la información. No hay información concreta de cuánto ha avanzado el caso. Está pendiente desde el 2011.

La Oroya estaba en crisis pero su gerente cobraba millones

Informe periodístico tomado del Diario La República
Ángel Páez.
María Elena Hidalgo/

Liquidadora de Doe Run del Perú descubrió que el ex presidente y ex gerente general Juan Carlos Huyhua recibió en el 2011 más de un millón y medio de soles como “bonificación extraordinaria”. Su esposa también obtuvo bono.

El ex presidente y ex gerente general de la compañía Doe Run del Perú (DRP)Juan Carlos Huyhua, quien hasta mayo de este año mantuvo bajo su control el complejo metalúrgico de La Oroya, obtuvo millonarios ingresos mientras que la empresa soportaba una aguda crisis que derivó en el actual proceso de insolvencia en el que se encuentra.

De acuerdo con fuentes relacionadas con la Junta de Acreedores de DRP, entre los que se encuentra el Ministerio de Energía y Minas, los cuantiosos pagos a Huyhuafueron detectados por Right Business, contratada para ejecutar el proceso de liquidación de la compañía de propiedad del multimillonario estadounidense Ira Rennert.

Con el argumento de que carecía de recursos debido a la crisis económica mundial, Rennert se resistía a construir una planta de ácido sulfúrico como parte delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y así reducir los altísimos niveles de contaminación de la población de La Oroya. Empero, sí contaba para abonar grandes cantidades de dinero no solo a Juan Carlos Huyhua sino también a su esposa, Carmen Zegarra Benavente, quien supuestamente laboraba para DRP.

La República buscó a Huyhua en sus residencias de Las Casuarinas y en La Oroya, y no  lo ubicó. Tampoco respondió a las llamadas a sus teléfonos fijos y móvil, a pesar de que reporteros de este periódico le dejaron mensajes a los empleados de su casa y en la grabadora de voz.

El 2011, Huyhua solicitó a Ira Rennert un "bono de éxito" porque DRP había experimentado un crecimiento. Pero le denegaron el pedido. Sin embargo, en lugar del "bono de éxito" le concedieron 793 mil 661 soles bajo el concepto de "bono de retención". Es decir, un pago como estímulo para que Huyhua permaneciera en La Oroya mientras duraba la crisis económica, según las fuentes consultadas. Adicionalmente, le asignaron otro bono por 793 mil soles 662, por el mismo concepto. En total, obtuvo 1 millón 587 mil 323 soles. Y La Oroya estaba cerrada.

Entre tanto, continuó cobrando un sueldo mensual de 62 mil 989 nuevos soles.

Durante la revisión de la contabilidad, la liquidadora  Right Business encontró otros pagos sorprendentes.

La esposa de Huyhua, Carmen Zegarra Benavente, también había cobrado en el2011, como "bono extraordinario", la suma de 415 mil 026 soles. Además, tenía asignado un sueldo de 19 mil 754 soles.

En febrero del 2009, al paralizar sus actividades el centro metalúrgico de La Oroya, DRP resolvió abonar solo el 70 por ciento del sueldo a los trabajadores. Pero Huyhua y su señora siguieron percibiendo sus remuneraciones completas de 62 mil 989 y 19 mil 754 soles cada uno.

En suma, el matrimonio Huyhua-Zegarra obtuvo un ingreso extraordinario en el 2011 –cuando La Oroya tenía casi dos años de inactividad– más de 2 millones de soles como retribución.

Lo llamativo es que al verificar las planillas y el registro de ingresos y salidas de empleados, la liquidadora Right Business detectó que la esposa de Huyhua durante un año no había firmado el registro de asistencias, pero sí había estampado su firma en las boletas de pago, entre el 2010 y el 2011.

Luego se cruzó información con el movimiento migratorio de Zegarra y se estableció que buena parte del tiempo se encontraba viviendo en Estados Unidos.

A partir de esta información relevante sobre el sospechoso manejo financiero de DRP,Right Business ha resuelto practicar una auditoría, especialmente sobre las actividades de Juan Carlos Huyhua y su entorno más íntimo. Se cree que él y su cónyuge en años anteriores también recibieron "bonos extraordinarios".

LA JUGADA DE RENNERT PARA EL RETORNO DE SU GERENTE FAVORITO

Un mes antes de que ingresara a La Oroya la empresa liquidadora Right Business,  y cuando todavía ejercía como presidente y gerente general de Doe Run del Perú (DRP),Juan Carlos Huyhua demandó al Poder Judicial anular el reconocimiento delMinisterio de Energía y Minas como acreedor.

El propósito de Huyhua es que al desconocerse al Minem como acreedor de DRP, su socio,Doe Run Cayman, se convertiría en el principal acreedor. Si funciona la jugada, Ira Rennert volvería a tomar las riendas de La Oroya, pero por intermedio de Doe Run Cayman.

Por eso, Rennert ha presentado un nuevo Plan de Reestructuración en el que se restituye a Huyhua como presidente y gerente.

CLAVES

Desde 1997 al 2006, Huyhua ejerció como vicepresidente de DRP. Desde el 2006 hasta 2012 cumplió funciones de presidente y gerente general.

El 25 de mayo del 2012, la liquidadora Right Business  asumió el control del centro metalúrgico de La Oroya y al mes siguiente destituyó y despidió a Huyhua, DRP fue declarada insolvente el 14 de junio del 2009.

Alerta ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico

Emma Gómez, de CooperAccion, integrante de la Plataforma La Oroya por un cambio advierte ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico.

 “El Estado debe poner condiciones”

Dos estrategias son las que ha ideado, Doe Run Perú para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Por un lado, presiona para que la Junta de Acreedores, acepte un nuevo plan de reestructuración, poniendo fin al proceso de liquidación en marcha. Por el otro, Doe Run busca mediante la vía judicial desconocer la acreencia del Estado peruano y con ello dejar fuera al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la Junta de Acreedores.

El complejo metalúrgico de La Oroya estuvo paralizado durante tres años y estas semanas reinició sus operaciones bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa liquidadora que tiene como función administrar el complejo por los próximos seis meses hasta que otro operador ingrese. “El plan de Ira Rennert, propietario de Doe Run Perú, es que la Junta de Acreedores acepte la reestructuración de la empresa para retomar el control. Y eso es lo que sigue intentando ante la Junta de Acreedores presentando el plan de reestructuración y a través del Poder Judicial presionando para que el Estado quede fuera y que sea Doe Run Cayman el máximo acreedor”, dice Emma Gómez, sub directora de CooperAcción.

El proceso judicial para desconocer al Estado Peruano está en curso. Doe Run planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma  Bacilio Salazar buscando invalidar la resolución de Indecopi que reconoce al Estado como acreedor.  Si la magistrada Bacilio resuelve a favor de Doe Run, el Minem perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.

Por otro lado, “Doe Run ha querido que se acepte su plan de reestructuración, que no garantiza el cumplimiento de estándares ambientales. Recordemos que esta empresa no culminó la construcción de la planta de ácido sulfúrico que garantizaría un ambiente sano”, agrega Gómez.

Recordemos, además, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  (OEFA) debería realizar una auditoría ambiental a Doe Run y cumplir con su rol fiscalizador y sancionador ya que es evidente que Doe Run no cumplió con su último proyecto.

“Respecto a los sindicatos, Doe Run ha perdido la credibilidad”, dice Gómez. Rigth Bussines al adquirir la administración del complejo les ha garantizado que seguirán recibiendo sus sueldos. Sin Doe Run presionando, los sindicatos tienen una posición de apoyo al Estado, han reconocido la importancia de un respeto por el medio ambiente y que Doe Run no es una empresa responsable y que no sería bueno que retome el control del complejo.

Gómez subrayó que “ya que el complejo será ofertado, el Estado debe poner condiciones: cumplir con los estándares ambientales, con todos los proyectos para que el complejo vuelva a funcionar en buenas condiciones, respetar los acuerdos laborales, tiene que haber un compromiso a la salud con la población afectada y establecer medidas de contingencia que garantice que no se afecte la salud de la población”, dice.

“Reconocemos que el Estado ha tenido una posición firme. Lo peor que puede pasar es que la Junta de Acreedores acepte el plan de reestructuración y Doe Run regrese a operar. El escenario sigue siendo complejo, esperamos que el proceso judicial siga un curso normal. Consideramos que hay suficientes argumentos”. 

Otra vez Doe Run

Escribe: Emma Gómez Moreno

Para la empresa Doe Run Perú (DRP) y su dueño Rennert parece no haber límite alguno. En efecto, desde que están en el Perú no sólo han logrado que La Oroya sea una de las ciudades más contaminadas del planeta, sino que han obtenido dos extensiones  de los plazos para el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y así han postergado de manera indefinida sus obligaciones ambientales, condenando a La Oroya y a su población a vivir expuesta a una permanente contaminación por metales pesados. Ha sido tan reprobable su comportamiento que hasta la propia Sociedad Nacional de Minería la expulsó de sus filas.

No conforme con esto, DRP encontró en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos una herramienta para obtener una indemnización millonaria de parte del Estado peruano. En efecto, haciendo uso de los mecanismos de protección al inversionista extranjero del TLC, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional exigiendo el pago de 800 millones de dólares por haber recibido un supuesto trato injusto e inequitativo en el Perú.

Luego de alegar una supuesta crisis financiera y buscar justificar el reiterado incumplimiento del PAMA, entraron en un proceso concursal ante el INDECOPI, mediante el cual la junta de acreedores debía definir si la empresa sería reestructurada o liquidada. Uno de los principales temas era determinar si el PAMA sería reconocido como acreencia, lo que habilitaría al Estado a participar en la junta. Finalmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en representación de Estado peruano, fue convocado a la junta por una acreencia de S/. 439.7 millones precisamente por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose así en el mayor acreedor de DRP.

El pasado 18 de enero,  Doe Run planteó una demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma Bacilio Salazar, argumentando que el incumplimiento de la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte del PAMA, no se puede tomar como una deuda a favor del Estado peruano, y lo que más bien procede son sanciones administrativas, y de ninguna manera una obligación patrimonial cuantificable. El propósito de Rennert es que, mediante vía judicial, se deje sin efecto la resolución del INDECOPI que reconoció al MINEM como acreedor principal de la insolvente DRP. 

El proceso judicial, en el que según fuentes del MINEM y del INDECOPI se han registrado irregularidades, ha avanzado excepcionalmente rápido y la magistrada Bacilio Salazar emitirá sentencia en los próximos días. Esto es sumamente preocupante si consideramos que el 22 de agosto la Junta de Acreedores del Completo Metalúrgico de La Oroya se reunirá para evaluar un nuevo plan de reestructuración financiera de DRP.  En caso que la magistrada resuelva a favor del multimillonario Ira Rennert, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía nada menos que Doe Run Cayman, empresa vinculada a DRP. Es decir, Ira Rennert recobraría el control de DRP, lo que sería nefasto para La Oroya, los trabajadores y su población.

Médico Hugo Villa: “Sea cual sea la nueva administración del Complejo Metalúrgico la condicionante deberá ser el cumplimiento del PAMA”

Villa señaló que tanto Essalud y el Hospital del Minsa no cuentan con aparatos necesarios para determinar los niveles de contaminación de un paciente, es decir la población contaminada de La Oroya no puede ser atendida adecuadamente, además dicha ciudad no cuenta con especialistas y personal calificado.

Ante la cercanía del ingreso de un nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya, el neurólogo Hugo Villa, quien trabajó por 29 años en el seguro social de esa ciudad, advierte que se deben tomar todas las medidas de salud necesarias para el tratamiento de las personas que han sido afectadas por la contaminación que por décadas han sido víctimas la población de La Oroya.

Y es que aún persiste la contaminación de plomo en sangre en los niños y niñas de La Oroya –aunque haya bajado significativamente desde que la fundición tuvo que suspender operaciones en el año 2009. La razón es la siguiente: El plomo se almacena en el organismo por mucho tiempo y porque los suelos de La Oroya continúan contaminados, producto de la sedimentación producida después de las emanaciones tóxicas que en su momento arrojó el complejo.

En un informe presentado por la Dirección Regional de Salud de Junín el 2011, el doctor Villa recomendó a las autoridades asegurar las mínimas condiciones de seguridad ambiental, si es que se pretende el reinicio de las labores del Complejo Metalúrgico de La Oroya. En ese sentido, es importante que se emprenda, con la debida seriedad y responsabilidad, el tratamiento y remediación de los suelos (fundamentalmente de La Oroya Antigua en un inicio), así como se debe exigir al Ministerio de Salud, EsSalud, Gobierno Regional de Junín el cumplimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica sobre la contaminación por plomo, otros metales pesados y del arsénico.

“Se debe hacer el seguimiento de los pacientes contaminados, se debe controlarlos periódicamente con exámenes y darles reforzamiento alimenticio y en otros casos, desplazar a la población de la zona”, recomendó Villa quien se refirió además a las graves deficiencias que presentaba el sistema de salud de La Oroya durante el tiempo que laboró en esa ciudad.

Recordó que La Oroya cuenta con un hospital del MINSA, otro de EsSalud y uno recientemente inaugurado el 2011. Sin embargo, ninguno de ellos cuenta con los aparatos necesarios para determinar los niveles de contaminación de un paciente. Para ello hace falta en la ciudad un espectro fotómetro de absorción atómica, un  equipo apropiado para medir los niveles de plomo, cadmio, arsénico u otros agentes contaminantes en la sangre. Es de última generación y está valorizado en más de un millón de dólares.

Pero no sólo la falta de equipos fue determinante para que la población contaminada de La Oroya sea atendida adecuadamente. El especialista comentó que no hay personal calificado. “Nunca capacitaron a los médicos. Las autoridades nunca se interesaron”, dice Hugo Villa. Y es que el sistema de salud de La Oroya es deficiente.. Hasta cuando Villa estuvo laborando, el seguro sólo contaba con 30 médicos especialistas en traumatología, cirujanos, pediatras y médicos generales. No se contaba con ningún urólogo o toxicólogo quienes podrían haber identificado el estado de intoxicación de los pacientes.

Hugo Villa es muy enfático en señalar que “sea cual sea la nueva administración del complejo metalúrgico la condicionante deberá ser el  cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La construcción de la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre es de suma importancia. Dar suplementos alimenticios, por ejemplo, no ataca el problema de raíz aunque en algo protege a los niños. Pero la madre del cordero es la fundición, si no se moderniza, la contaminación continuará”, dijo.

Hay que recordar que la contaminación con plomo no se soluciona a corto plazo. El plomo, que ingresa por las vías respiratorias o por la piel puede llegar a almacenarse en la médula de los huesos. Difícilmente una persona puede desintoxicarse completamente del plomo. Una vez que el plomo ingresa al organismo no hay vuelta atrás.

“La Oroya ha crecido. No olvidemos que alrededor de la ciudad se están desarrollando otros proyectos como el de Toromocho. La ciudad tiene nuevos habitantes y dudo mucho que los hospitales se den abasto para atenderlos a todos”, finalizó el médico.

Contaminación del aire disminuyó notablemente en La Oroya

Desde hace 21 meses La Oroya ha dejado de respirar plomo, tras el cierre de las operaciones de Doe Run Perú. La Oroya respira un aire más limpio, así lo confirman los reportes de cumplimiento del estándar de calidad de aire (ECA) de esa ciudad, estos resultados (2012) frente a lo que arrojaba el año 2007 reporta que los niveles de contaminación por material particulado PM10 (partículas de desechos como plomo, cadmio, arsénico, polvo y otros) han disminuido notablemente de valores de 66.53 microgramos por decilitro (µg/dl) a 19.91.

Igualmente, los índices de dióxido de azufre (SO2) en el aire han bajado de valores aproximados de 1177.33 µg/dl a 2.63 µg/dl. Estos datos han sido publicados por la propia Doe Run Perú, quien desde el 2007 por mandato del Estado y para poder medir el nivel de cumplimiento de sus compromisos ambientales, implementó un sistema de monitoreo de calidad del aire.

El PM10 está compuesto por partículas de menos de 10 micras de tamaño, estas partículas pueden ser polvo o desechos tóxicos como emisiones de carbono, plomo, cadmio y otros. Se ha comprobado que durante el 2007, 2008 y 2009, mientras el Complejo Metalúrgico de La Oroya estaba en funcionamiento, el nivel de contaminación del aire era alto y superaba el ECA para aire con el perjuicio que eso ha significado para la salud de la población. Lo contrario viene sucediendo en estos años que la fundición ha paralizado sus actividades.

Definitivamente el mayor contaminador de La Oroya ha sido el Complejo Metalúrgico, dice Arturo Alfaro, integrante de la Plataforma La Oroya por un cambio. El 99% de las emisiones provenía de la fundición, de ahí la importancia de la construcción de las plantas de ácido sulfúrico para cada circuito de concentrados de plomo, zinc y cobre. Como se sabe, la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre solo fue avanzada hasta el 57%. Como consecuencia, durante el periodo de funcionamiento de la fundición a cargo de DRP, se siguió contaminando y emitiendo gases cargados de SO2.

“El nuevo operador tiene que garantizar que no se va afectar el ECA y que va tener suficiente capital para culminar los proyectos que incluye la modernización del circuito de cobre y la culminación de la planta de ácido sulfúrico”, dice Alfaro.

Hay que indicar que en el 2006, Doe Run firmó el “Plan de Acción para la mejora de la calidad de aire de La Oroya” en el cual se consideraba que a finales de octubre del 2009 se cumplirían el ECA si la empresa culminaba sus proyectos del PAMA. La empresa aceptó el Plan pero no cumplió sus compromisos y se mantuvieron los índices de contaminación.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el 2008, el Ministerio del Ambiente aprobó un nuevo ECA para dióxido de azufre. Y para el 2014 el estándar será de 20 µg/dl y ya no el de 80 µg/dl que está vigente desde el año 2001. Considerando que la modernización del circuito de cobre y la construcción de la planta de ácido sulfúrico está valorizado en más de US$ 160 millones de dólares, el nuevo operador deberá considerar este nuevo ECA y debe considerar las inversiones necesarias que ayuden a reducir las emisiones de SO2.

Está en manos del Ministerio del Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), hacer que el nuevo operador del complejo metalúrgico cumpla con los ECAs de aire y agua, para garantizar una mejor calidad de vida a la población de La Oroya  que ha sufrido más de 80 años de contaminación. 

Modernización del Complejo Metalúrgico de La Oroya será clave para reducir la contaminación

Con la liquidación en marcha de Doe Run Perú (DRP), sale a flote una pregunta crucial: ¿Qué inversión tendrá que hacer el  nuevo operador del complejo metalúrgico para no contaminar La Oroya?

El compromiso ambiental que se le deberá exigir al nuevo dueño es la ejecución de un plan de acción que considere la modernización del complejo metalúrgico y el control al 100% de las emisiones fugitivas. El nuevo operador deberá garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental (ECAs) para aire y agua, sobre todo ahora que los ECAs de aire se encuentran en su nivel más bajo en La Oroya. Si lo comparamos con años atrás, en el 2007, la contaminación del aire por material partículado PM10 (partículas de desechos como plomo, cadmio, arsénico, polvo y otros) era de 66.53 µg/dl y el 2012 bajó, considerablemente, a 19.91 µg/dl.

El complejo metalúrgico procesa tres tipos de metales: plomo, zinc y cobre, según su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Doe Run Perú se comprometió a construir tres plantas de ácido sulfúrico para los circuitos de los metales mencionados. Hasta el  2009, DPR había cumplido con la construcción de dos plantas para los circuitos de plomo y zinc. La planta para el circuito de cobre sólo se avanzó en un 57%, esta sería la mayor inversión que debió hacer la empresa para garantizar un medio ambiente limpio, pero no cumplió.

Las plantas de ácido sulfúrico son de vital importancia porque capturan el material particulado, que contiene plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados, antes que salga al ambiente y los precipita con agua. Al capturarlos convierte a los gases en ácido sulfúrico, componente que la fundición reutiliza y vende.  Según información del Ministerio de Energía y Minas, las inversiones estimadas para capturar al 100% los gases de los tres circuitos y para la culminación de la Planta de ácido sulfúrico varían entre US$ 157.81 y US$ 183.52. 

Cabe recordar que la contaminación en La Oroya se ha debido a las emisiones que desde la chimenea principal, ahora paralizada, se emitían diariamente, contaminando con dióxido de azufre, plomo, cadmio y arsénico, el aire, agua y suelo de la ciudad. El 2005, DRP fue notificado como el macroemisor de estos contaminantes, pues contribuía con más del 90%. Definitivamente ello afectó la salud de los pobladores de La Oroya, de las comunidades y la agricultura desarrollada en la cuenca del Mantaro.

Son conocidos los graves efectos en la salud de estos contaminantes, el dióxido de azufre puede causar irritación de las vías respiratorias y ojos, exacerbar los casos de bronquitis y asma y dañar severamente el sistema respiratorio a mayor el tiempo de exposición, el plomo afecta el sistema nervioso central, reduce la capacidad de aprendizaje y genera transtornos en la conducta, el arsénico y el cadmio son cancerígenos pues atacan directamente los órganos blandos.

Comunicado de la Plataforma La Oroya por un Cambio ante nombramiento de nueva empresa liquidadora

COMUNICADO

El pasado 25 de mayo la Junta de Acreedores de Doe Run Perú eligió a la empresa Rigth Business S.A. como la nueva administradora que debe llevar a cabo el proceso de liquidación de la misma.

Esta empresa tendrá que encontrar una salida viable a las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), que desde 1997 ha generado graves impactos a la salud pública de la zona.

La Plataforma la Oroya por un Cambio hace votos para que la nueva empresa liquidadora, que tiene un rol clave y de gran trascendencia para el futuro de La Oroya, no ceda a presiones y chantajes y que desempeñe un trabajo técnico y transparente, cuyo fin principal sea lograr la venta del complejo como unidad económica, garantizando el derecho al trabajo  pero bajo estándares ambientales que garanticen la salud de todos los pobladores de La Oroya.

Para ello, es necesario que antes que se reinicien las operaciones de CMLO, se concluyan todas las inversiones ambientales necesarias para adaptar el complejo metalúrgico al cumplimiento de los Estándares de Calidad de Aire, lo que implica la construcción de la planta de ácido sulfúrico.

El ejecutivo ha dado pasos firmes en este caso y  ha sido claro en exigir a Doe Run Perú que cumpla con las leyes peruanas y con los compromisos asumidos en su PAMA en 1997. Esperamos que esta actitud firme se mantenga y que el nuevo operador tenga las credenciales necesarias para respetar el marco legal peruano y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales.

El Perú necesita inversión, pero una inversión responsable, que respete la vida y el medio ambiente.

La plataforma exige el cumplimiento de las leyes peruanas y confía en que la historia de contaminación de  La Oroya  termine y no se vuelva a repetir.

Plataforma La Oroya por un Cambio