Otra vez Doe Run

Escribe: Emma Gómez Moreno

Para la empresa Doe Run Perú (DRP) y su dueño Rennert parece no haber límite alguno. En efecto, desde que están en el Perú no sólo han logrado que La Oroya sea una de las ciudades más contaminadas del planeta, sino que han obtenido dos extensiones  de los plazos para el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y así han postergado de manera indefinida sus obligaciones ambientales, condenando a La Oroya y a su población a vivir expuesta a una permanente contaminación por metales pesados. Ha sido tan reprobable su comportamiento que hasta la propia Sociedad Nacional de Minería la expulsó de sus filas.

No conforme con esto, DRP encontró en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos una herramienta para obtener una indemnización millonaria de parte del Estado peruano. En efecto, haciendo uso de los mecanismos de protección al inversionista extranjero del TLC, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional exigiendo el pago de 800 millones de dólares por haber recibido un supuesto trato injusto e inequitativo en el Perú.

Luego de alegar una supuesta crisis financiera y buscar justificar el reiterado incumplimiento del PAMA, entraron en un proceso concursal ante el INDECOPI, mediante el cual la junta de acreedores debía definir si la empresa sería reestructurada o liquidada. Uno de los principales temas era determinar si el PAMA sería reconocido como acreencia, lo que habilitaría al Estado a participar en la junta. Finalmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en representación de Estado peruano, fue convocado a la junta por una acreencia de S/. 439.7 millones precisamente por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose así en el mayor acreedor de DRP.

El pasado 18 de enero,  Doe Run planteó una demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma Bacilio Salazar, argumentando que el incumplimiento de la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte del PAMA, no se puede tomar como una deuda a favor del Estado peruano, y lo que más bien procede son sanciones administrativas, y de ninguna manera una obligación patrimonial cuantificable. El propósito de Rennert es que, mediante vía judicial, se deje sin efecto la resolución del INDECOPI que reconoció al MINEM como acreedor principal de la insolvente DRP. 

El proceso judicial, en el que según fuentes del MINEM y del INDECOPI se han registrado irregularidades, ha avanzado excepcionalmente rápido y la magistrada Bacilio Salazar emitirá sentencia en los próximos días. Esto es sumamente preocupante si consideramos que el 22 de agosto la Junta de Acreedores del Completo Metalúrgico de La Oroya se reunirá para evaluar un nuevo plan de reestructuración financiera de DRP.  En caso que la magistrada resuelva a favor del multimillonario Ira Rennert, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía nada menos que Doe Run Cayman, empresa vinculada a DRP. Es decir, Ira Rennert recobraría el control de DRP, lo que sería nefasto para La Oroya, los trabajadores y su población.