miércoles, 22 de agosto de 2012

José de Echave: “Proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico está marcado por el contra-ataque de Doe Run”



José de Echave, de CooperAcción, reafirma la posición de la Plataforma La Oroya por un cambio sobre la reactivación del complejo metalúrgico: cualquiera que sea el nuevo operador tiene que cumplir con los estándares ambientales.

El especialista en temas ambientales, José de Echave, de CooperAcción, dijo que el momento del proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico de La Oroya está marcado por el contra-ataque de Doe Run Perú (DRP) para recuperar el control.

“Por un lado, si se consigue que no se reconozca al Estado como principal acreedor del complejo, Doe Run retomaría el liderazgo en la Junta de Acreedores. La empresa de Ira Rennert sostiene que la acreencia que el Estado está ejerciendo por el incumplimiento del PAMA no debería ser tomada en cuenta. Este argumento también lo utiliza Doe Run en el proceso ante un arbitraje internacional por el que demandó al Estado Peruano por US$ 800 millones de dólares, aduciendo que existió una relación asimétrica, de trato inequitativo del Estado hacia DPR”, dice De Echave.

Subrayó, además, que es sabido que Doe Run justificó la paralización del complejo metalúrgico por la situación económica difícil que atravesaba la empresa. Sin embargo, ha salido a la luz que en pleno periodo de crisis, los altos funcionarios de  esta empresa cobraron cantidades millonarias como parte de sus ingresos y de remuneraciones especiales. Juan Carlos Huyhua, ex Gerente General de Doe Run Perú, por ejemplo, había recibido más de un millón de soles como parte de bonificaciones especiales al margen de su sueldo que superaban los 60 mil soles mensuales. Esta información se ha conocido debido a las auditorías que la empresa liquidadora, Rigth Bussines está llevando a cabo. 

“Tampoco hay que obviar la millonaria campaña publicitaria que Doe Run desplegó en los medios de comunicación. No ha habido austeridad para este tipo de gastos”, agregó De Echave.

Otro de los escenarios que describe De Echave es que “en la práctica la liquidación en marcha del complejo significó la salida de Doe Run Perú. Por primera vez después de un periodo largo, la empresa salía de la gestión y el manejo y comenzaba a darse un resquebrajamiento entre la empresa y los trabajadores, quienes por muchos años respaldaron a DRP”.

En la actualidad, la Junta de Acreedores y Rigth Bussines han decidido reactivar los procesos productivos de uno de los circuitos del complejo. “Se ha reactivado los circuitos en los cuales los procesos de implementación de inversiones ambientales a través del PAMA han sido cumplidos”. 

El proyecto que Doe Run Perú incumplió fue la planta de ácido sulfúrico para el circuito de cobre. Se ha tomado la decisión de retomar las operaciones con el circuito de zinc, que no es el más rentable. El plan es que después del reinicio del zinc, se reinicie el circuito de plomo y finalmente, de culminarse las inversiones, el de cobre. 

“Una de las propuestas legislativas que la Plataforma planteó es que el reinicio de las operaciones sea gradual y a partir de los procesos de inversiones que ya han sido cumplidos. La Plataforma mantiene su posición de que la actividad metalúrgica en La Oroya debe tener viabilidad respetando las obligaciones ambientales, económicas y sociales para con la población. Seguimos preocupados por los impactos que ha tenido en la salud. Nunca señalamos que el complejo tenía que cerrarse sino que el operador tenía que respetar los estándares ambientales y los impactos que generarían en la población, la idea es buscar esos equilibrios. Ahora que Doe Run ha perdido espacios se empieza a avizorar estas posibles soluciones”, dijo.
Respecto al proceso de arbitraje, que podría tener un desenlace fatal para el Estado peruano pues de perderlo tendría que pagarle a Doe Run como mínimo US$ 800 millones de dólares, De Echave dijo que están en un proceso de definición de estrategias de parte del Estado, el estudio de abogados está documentando la información. No hay información concreta de cuánto ha avanzado el caso. Está pendiente desde el 2011.

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