José de Echave, de
CooperAcción, reafirma la posición de la Plataforma La Oroya por un cambio
sobre la reactivación del complejo metalúrgico: cualquiera que sea el nuevo
operador tiene que cumplir con los estándares ambientales.
El especialista en temas ambientales, José de Echave,
de CooperAcción, dijo que el momento del proceso de liquidación en marcha del
complejo metalúrgico de La Oroya está marcado por el contra-ataque de Doe Run
Perú (DRP) para recuperar el control.
“Por un lado, si se consigue que no se reconozca al
Estado como principal acreedor del complejo, Doe Run retomaría el liderazgo en
la Junta de Acreedores. La empresa de Ira Rennert sostiene que la acreencia que
el Estado está ejerciendo por el incumplimiento del PAMA no debería ser tomada
en cuenta. Este argumento también lo utiliza Doe Run en el proceso ante un
arbitraje internacional por el que demandó al Estado Peruano por US$ 800
millones de dólares, aduciendo que existió una relación asimétrica, de trato
inequitativo del Estado hacia DPR”, dice De Echave.
Subrayó, además, que es sabido que Doe Run justificó
la paralización del complejo metalúrgico por la situación económica difícil que
atravesaba la empresa. Sin embargo, ha salido a la luz que en pleno periodo de
crisis, los altos funcionarios de esta
empresa cobraron cantidades millonarias como parte de sus ingresos y de
remuneraciones especiales. Juan Carlos Huyhua, ex Gerente General de Doe Run
Perú, por ejemplo, había recibido más de un millón de soles como parte de
bonificaciones especiales al margen de su sueldo que superaban los 60 mil soles
mensuales. Esta información se ha conocido debido a las auditorías que la
empresa liquidadora, Rigth Bussines está llevando a cabo.
“Tampoco hay que obviar la millonaria campaña
publicitaria que Doe Run desplegó en los medios de comunicación. No ha habido
austeridad para este tipo de gastos”, agregó De Echave.
Otro de los escenarios que describe De Echave es que
“en la práctica la liquidación en marcha del complejo significó la salida de
Doe Run Perú. Por primera vez después de un periodo largo, la empresa salía de
la gestión y el manejo y comenzaba a darse un resquebrajamiento entre la
empresa y los trabajadores, quienes por muchos años respaldaron a DRP”.
En la actualidad, la Junta de Acreedores y Rigth
Bussines han decidido reactivar los procesos productivos de uno de los
circuitos del complejo. “Se ha reactivado los circuitos en los cuales los
procesos de implementación de inversiones ambientales a través del PAMA han
sido cumplidos”.
El proyecto que Doe Run Perú incumplió fue la planta
de ácido sulfúrico para el circuito de cobre. Se ha tomado la decisión de
retomar las operaciones con el circuito de zinc, que no es el más rentable. El
plan es que después del reinicio del zinc, se reinicie el circuito de plomo y
finalmente, de culminarse las inversiones, el de cobre.
“Una de las propuestas legislativas que la Plataforma
planteó es que el reinicio de las operaciones sea gradual y a partir de los
procesos de inversiones que ya han sido cumplidos. La Plataforma mantiene su
posición de que la actividad metalúrgica en La Oroya debe tener viabilidad
respetando las obligaciones ambientales, económicas y sociales para con la
población. Seguimos preocupados por los impactos que ha tenido en la salud.
Nunca señalamos que el complejo tenía que cerrarse sino que el operador tenía
que respetar los estándares ambientales y los impactos que generarían en la
población, la idea es buscar esos equilibrios. Ahora que Doe Run ha perdido
espacios se empieza a avizorar estas posibles soluciones”, dijo.
Respecto al proceso de arbitraje, que podría tener un
desenlace fatal para el Estado peruano pues de perderlo tendría que pagarle a
Doe Run como mínimo US$ 800 millones de dólares, De Echave dijo que están en un
proceso de definición de estrategias de parte del Estado, el estudio de
abogados está documentando la información. No hay información concreta de
cuánto ha avanzado el caso. Está pendiente desde el 2011.
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