“Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’

Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP)

Representante de uno de los sindicatos de La Oroya dice que Doe Run Perú coaccionaba a los trabajadores. Sindicatos están en contra de que DPR retorne a la dirección del Complejo Metalúrgico.

“Si no apoyas la paralización no hay trabajo”, Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP) resume así lo que fue laborar bajo el régimen de Doe Run Perú durante los últimos diez años. Él es trabajador del circuito de zinc del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que reinició sus operaciones parcialmente desde el 28 de julio último bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa que lleva a cabo la liquidación en marcha del complejo hasta que ingrese un nuevo operador.

Mientras tanto Doe Run continúa presionando. Ha demandado al Ministerio de Energía y Minas ante el Poder Judicial con la finalidad de desconocer al Estado en la Junta de Acreedores que se creó para llevar a cabo el proceso de liquidación.

“Right Bussines ha hecho todo el esfuerzo para reiniciar las operaciones, Doe Run nunca tuvo la voluntad. No aceptó reiniciar las operaciones al menos de uno de los circuitos porque estaba esperando que se le otorgara la ley para que siga operando y contaminando. Por eso consideramos que la paralización fue ilegal”, dice Rojas.

El Complejo Metalúrgico estuvo paralizado desde hacía tres años. Alrededor de 2,500 trabajadores continuaron marcando tarjeta y recibiendo el 70% de su sueldo. Manuel Rojas fue uno de ellos. El cambio en la actitud de los trabajadores hacia Doe Run, quienes en muchas oportunidades paralizaron la ciudad, se debe, según Rojas a que “el pueblo se dio cuenta que Doe Run los utilizó”.  

Existen cinco grupos sindicales en la fundición. Tres de ellos están formados por “empleados al servicio de Doe Run”, dice Rojas. “Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’ o ‘si no apoyas, vamos a perder todos’(…) Si Doe Run retorna el pueblo de la Oroya, el Estado tendrá que pensarlo dos veces. Volverá a utilizar al pueblo y someter al Estado”, agregó el dirigente sindical.

Por su parte, la abogada Nely Ledesma, asesora del sindicato del SUTAP dice que el giro de la actitud de los trabajadores hacia Doe Run se dio porque “se han dado cuenta que Doe Run incumplió sus obligaciones ambientales, incumplió con la construcción del último circuito y engañó a los trabajadores diciéndoles, el 2009, que la suspensión de la fundición era temporal (al final duró tres años), y diciéndoles, además, que el único culpable de la contaminación de La Oroya era el Estado porque no había resuelto el problema de los suelos. DPR les decía que en el suelo estaba la mayor contaminación y que por eso se enfermaban los niños”.

Ledesma agregó que durante los más de diez años que Doe Run operó en La Oroya no sólo fue zinc, cobre y plomo lo que se fundía en el complejo, “los trabajadores me dijeron que entraba todo tipo de residuos mineros. La llamada “basura”, concentrados de metales que ninguna otra empresa iba a fundir. Concentrados que contenían arsénico, altamente tóxico para la salud”.

Tanto Rojas como Ledesma recuerdan que no sólo los vecinos de la fundición fueron contaminados por las malas maniobras ambientales de Doe Run. “Los trabajadores han sido los más afectados a la concentración de plomo en la sangre”, dijeron.