Se han reportado altos niveles
de contaminación del aire en La Oroya desde el reinicio de las operaciones del
complejo metalúrgico. Luego de tres años de paralización, el complejo
metalúrgico volvió a operar con uno de sus circuitos activos, el de zinc.
Debido a esto, se han reportado altos niveles de contaminación del aire con
dióxido de azufre. Estos resultados fueron reportados por la Dirección General
de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud que indicó tres situaciones
de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las
operaciones. Durante estos días, los
niveles de dióxido azufre sobrepasaron los 3,200µg/m³ cuando el máximo permitido actualmente
por la legislación, es de 80 µg/m³.
“Actualmente
es la empresa Right Business la encargada de operar el complejo. Ante los
impactos ambientales reportados esta semana por Digesa, la pregunta que ha
surgido de manera inmediata es saber cuáles son los mecanismos de control y
fiscalización que está aplicando el Estado para supervisar a Right Business
para que cumpla con los estándares ambientales requeridos”, dice Emma Gómez,
subdirectora de CooperAcción.
La respuesta
que ha dado Right Business ha sido la Resolución Ministerial 257-2006-EM que otorgó
un plazo adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido
sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre) a la ex operadora Doe Run Perú.
“Recordemos
que esta norma estableció las condiciones en las que se le otorgaba la prórroga
de ejecución del PAMA a Doe Run y no nos queda claro si es la herramienta
necesaria para fiscalizar a Right Business puesto que estamos ante un nuevo
escenario de operación parcial del complejo, que viene operando en una ciudad
que redujo sus niveles de contaminación debido a la paralización de casi 3 años
(…) Lo que pedimos es mayor transparencia para que queden claros los
instrumentos técnicos que van a permitir un adecuado control a Right Business:
¿cuáles son los parámetros de control? ¿Cada cuánto tiempo se van a realizar
auditorías y monitoreos?“, dice Gómez.
Por su parte,
el especialista en temas ambientales, Juan Aste, dijo que “desde un comienzo,
el complejo metalúrgico tenía que cumplir con los estándares de calidad
ambiental. Otra salida era darles un plazo para condicionar el funcionamiento
del complejo para evitar cualquier tipo de contaminación.
”El Estado
debe continuar con su rol de salvaguardar los intereses de cumplir con los
estándares ambientales y de supervisión desde el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde la plataforma siempre hemos sostenido que
cualquier empresa que opere el complejo metalúrgico de La Oroya debe cumplir
estándares ambientales que garanticen un ambiente sano para La Oroya y su
población. Doe Run demostró por años su falta de voluntad por cumplir sus
compromisos ambientales”, finaliza Emma Gómez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario