Alerta ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico

Emma Gómez, de CooperAccion, integrante de la Plataforma La Oroya por un cambio advierte ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico.

 “El Estado debe poner condiciones”

Dos estrategias son las que ha ideado, Doe Run Perú para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Por un lado, presiona para que la Junta de Acreedores, acepte un nuevo plan de reestructuración, poniendo fin al proceso de liquidación en marcha. Por el otro, Doe Run busca mediante la vía judicial desconocer la acreencia del Estado peruano y con ello dejar fuera al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la Junta de Acreedores.

El complejo metalúrgico de La Oroya estuvo paralizado durante tres años y estas semanas reinició sus operaciones bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa liquidadora que tiene como función administrar el complejo por los próximos seis meses hasta que otro operador ingrese. “El plan de Ira Rennert, propietario de Doe Run Perú, es que la Junta de Acreedores acepte la reestructuración de la empresa para retomar el control. Y eso es lo que sigue intentando ante la Junta de Acreedores presentando el plan de reestructuración y a través del Poder Judicial presionando para que el Estado quede fuera y que sea Doe Run Cayman el máximo acreedor”, dice Emma Gómez, sub directora de CooperAcción.

El proceso judicial para desconocer al Estado Peruano está en curso. Doe Run planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma  Bacilio Salazar buscando invalidar la resolución de Indecopi que reconoce al Estado como acreedor.  Si la magistrada Bacilio resuelve a favor de Doe Run, el Minem perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.

Por otro lado, “Doe Run ha querido que se acepte su plan de reestructuración, que no garantiza el cumplimiento de estándares ambientales. Recordemos que esta empresa no culminó la construcción de la planta de ácido sulfúrico que garantizaría un ambiente sano”, agrega Gómez.

Recordemos, además, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  (OEFA) debería realizar una auditoría ambiental a Doe Run y cumplir con su rol fiscalizador y sancionador ya que es evidente que Doe Run no cumplió con su último proyecto.

“Respecto a los sindicatos, Doe Run ha perdido la credibilidad”, dice Gómez. Rigth Bussines al adquirir la administración del complejo les ha garantizado que seguirán recibiendo sus sueldos. Sin Doe Run presionando, los sindicatos tienen una posición de apoyo al Estado, han reconocido la importancia de un respeto por el medio ambiente y que Doe Run no es una empresa responsable y que no sería bueno que retome el control del complejo.

Gómez subrayó que “ya que el complejo será ofertado, el Estado debe poner condiciones: cumplir con los estándares ambientales, con todos los proyectos para que el complejo vuelva a funcionar en buenas condiciones, respetar los acuerdos laborales, tiene que haber un compromiso a la salud con la población afectada y establecer medidas de contingencia que garantice que no se afecte la salud de la población”, dice.

“Reconocemos que el Estado ha tenido una posición firme. Lo peor que puede pasar es que la Junta de Acreedores acepte el plan de reestructuración y Doe Run regrese a operar. El escenario sigue siendo complejo, esperamos que el proceso judicial siga un curso normal. Consideramos que hay suficientes argumentos”.