miércoles, 29 de agosto de 2012

Población de La Oroya seguirá vigilante. Rosa Amaro del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO): “Respiramos humo negro como de llanta quemada”


“Fue un amanecer negro”. Rosa Amaro, presidente del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) está en Lima y describe así la mañana del 28 de julio, día en que se reiniciaron las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya. Las máquinas de la fundición, que estuvieron paralizadas desde hacía tres años, se pusieron en marcha luego de que la empresa liquidadora Right Bussines tomara la dirección de forma temporal hasta que aparezca un comprador oficial.

Amaro no puede quedarse callada y exhorta al Estado “a velar por la salud de la población de La Oroya y prevenir cualquier tipo de contaminación”. Fueron los días 28, 29 y 30 de julio, cuando el aire se cargó tanto que “respiramos prácticamente humo negro como de llanta quemada, producto de la reactivación de los hornos del complejo. El humo fue tal que no se podía distinguir la fachada de la vivienda del frente de mi casa”, dice la activista. Las impresiones de Amaro fueron comprobadas por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín que alertó tres situaciones de emergencia desde que se reanudaron las operaciones del complejo. Durante aquellos días, la Dirección General de salud Ambiental (DIGESA) registró que los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.

“Nos ardía la garganta, nos faltaba el aire al respirar”, dice Amaro cuya casa se ubica en La Oroya Antigua, frente al complejo metalúrgico.  

No recibieron ninguna advertencia sobre la posible contaminación que se originaría cuando las máquinas de la fundición volvieran a funcionar. “Se nota que Right Bussines tiene la voluntad de trabajar bien pero debería haber informado a la población. Se debería haber llevado en marcha los estados de alerta en la ciudad”, dice.

Los estados de alerta pueden evitar una exposición mayor a la contaminación. Desde el 2007 existe un Plan de Contingencia para los Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca Atmosférica de La Oroya, aprobado por el desaparecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Una especie de acuerdo entre el Gobierno Regional de Junín,  el Ministerio de Salud, el SENAHMI de Junín, en ese entonces, Doe Run Perú y otras asociaciones de La Oroya, que consiste en declarar estados de alerta en la ciudad en situaciones de contaminación a fin de activar de forma inmediata un conjunto de medidas destinadas a la descontaminación y protección de la población vulnerable.  “Nadie nos alertó. Una forma de  menguar la contaminación sería usar mascarillas o no exponerse a la intemperie los periodos de más emisiones de gases, pero nadie nos advirtió”, dice Amaro.

Los días de inversión térmica (días de nevada) o días de ausencia de vientos, por ejemplo, son días de peligro. Aquellos días, dice la señora Amaro, la ciudad queda debajo de una especie de cúpula que concentra los gases tóxicos en el ambiente. “De acuerdo al Plan de Contingencia, la empresa tenía responsabilidad de reducir la cantidad de concentrado los días de inversión térmica para que los gases no sean abundantes, por ejemplo. Pero no se ha cumplido”, dice.

Por estos días se puede ver a una de las chimeneas de la fundición soltando, nuevamente, grandes cantidades de gases a la atmósfera de La Oroya.  Sin embargo, no es la única vía. Amaro dice que también hay emisiones de gases fugitivos que no se monitorean.

En La Oroya hay alrededor de 7 mil niños expuestos a la contaminación. Hasta hoy, la sentencia del Tribunal Constitucional (2006) que ordenaba al Ministerio de Salud a atender a la población de La Oroya, sobre todo a madres gestantes, a niños, a personas de la tercera edad, que padecieron la contaminación de la ex operadora del complejo metalúrgico, Doe Run, no ha sido efectiva. Un saludo a la bandera más, pues “hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de atención ni tratamiento médico”, dice Amaro para quien tampoco han cesado los hostigamientos en su contra, pese a ello, ha reafirmado su posición  de seguir vigilante.

La activista dice que los ataques contra ella y su familia continúan. Con el retorno del andar de las máquinas también han retornado las malas caras y las difamaciones. “La gente me dice que hablo de contaminación sólo porque tengo un hijo con discapacidad… (llora), que las ONGs me pagan millones de dólares, en la calle me dicen que por qué reclamo. Cuando paso por el mercado me dicen que soy vende cristo. Yo sólo quiero que las leyes ambientales se cumplan en La Oroya y que el Estado, el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud nos protejan”, dice. Debido a los hostigamientos ha tenido que pedir asesoría a Aprodeh. La Defensoría del Pueblo ha seguido su caso.

“No estamos en desacuerdo de que la fundición funcione, pero que se pegue a las normas cualquiera que sea el  operador, Doe Run, Right Bussines, el que venga”.

Plan de Contingencia: http://www.digesa.sld.pe/Plan.pdf

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