Organizaciones internacionales se pronuncian sobre el caso Doe Run y piden no cesar los esfuerzos para limpiar La Oroya

Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  y Public Citizen, organizaciones internacionales que velan por el medio ambiente, se pronunciaron sobre el posible reinicio de operaciones de Doe Run Perú, y pidieron que no se detengan los esfuerzos para limpiar La Oroya de la contaminación que ocasionó está cuestionada empresa en nuestro país.

A través de un pronunciamiento público, solicitaron al Perú a no ser disuadido de sus esfuerzos para que Doe Run descontamine La Oroya, a pesar de diversas tácticas legales y políticas que viene realizando para seguir operando sin haber cumplido su compromiso de proteger el medio ambiente y la salud de la población.

“Hoy, en lugar de asumir sus responsabilidades, DRP y su matriz, el Grupo Renco, están usando tácticas legales y políticas cuestionables para continuar evadiendo sus responsabilidades – fundamentalmente mediante una demanda de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú”, señala dicho documento.

Como se recuerda, en el 2011, el grupo Renco, al cual pertenece Doe Run, presentó una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal internacional por $800 millones de dólares, argumentando supuestos incumplimientos del Perú.

Las organizaciones internacionales advirtieron que “aún si el Estado peruano le otorgaría a DRP otra extensión del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la responsabilidad de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda de arbitraje del Grupo Renco abarca más elementos que la extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley”.

Asimismo, estas instituciones se mostraron sorprendidas que el Congreso vaya debatir una norma para la ampliación de los plazos a la empresa para que pueda cumplir su PAMA, favoreciéndola por tercera vez y sin la voluntad de cumplir con el medio ambiente.

Otra de las razones de la posición de las organizaciones es que dicha empresa estaría usando el arbitraje internacional para aislarse de penalidades en el caso de la demanda en la Corte de Missouri, EE.UU, donde actualmente existe una acción legal de varios niños contra Doe Run Perú por afectar severamente su salud por la contaminación de la fundición.

Además, sugiere que el Congreso debería mantenerse firme en que el Grupo Renco desista de continuar de la demanda de arbitraje internacional, que asuma su responsabilidad con la contaminación proveniente de la fundición y que cumpla con la totalidad de sus compromisos del PAMA antes que reinicie sus operaciones.

Señala que si el Estado cede a la amenaza del arbitraje internacional de inversión, establecería un mal precedente a nivel internacional y favorecía a este tipo de empresas que no les interesa la salud de la población ni el cuidado del medio ambiente.

 “Si el gobierno responde a esta amenaza dando un trato especial a Doe Run a expensa de los niños y niñas de La Oroya, ello enviaría el mensaje a DRP y a las compañías multinacionales en el mundo, que dichas amenazas son efectivas.  Esto debilitaría la posibilidad del Perú de proteger sus intereses, incluyendo el ambiente y los derechos humanos, frente al mal comportamiento de las empresas”, puntualiza.