Desde que en 1997 la empresa de capitales
estadounidenses Doe Run Perú (DRP) llegó a nuestro país ha logrado evadir sus
responsabilidades ambientales y ha seguido operando, pese a los altos índices
de contaminación en la zona como consecuencia de los gases tóxicos que emanaban
de su complejo metalúrgico.
Luego de haber sido expulsada en enero del 2010
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por su poca
voluntad en cumplir sus compromisos ambientales, el gremio minero en la actual
coyuntura ha pedido al Estado peruano no ceder al chantaje de esta empresa, que
nuevamente ha puesto una serie de condiciones para volver a operar en La Oroya.
El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, señaló
que “el caso de Doe Run es sumamente complicado, hay unas demandas puestas
contra el Estado peruano, definitivamente no podemos sino condenar este tipo de
chantaje”, en alusión al Plan de Reestructuración presentado por DRP, en donde pretende
que el Perú asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri
(EE.UU) por los afectados de la contaminación en La Oroya.
Como se recuerda, en noviembre del 2010, 11 denuncias
fueron aceptadas por un juzgado de St. Louis en Missouri contra el Grupo Renco,
propietario de la fundición, por la intoxicación de 107 niños de La Oroya entre
1997 y 2010.
Con el objetivo de dilatar este proceso, en abril
del 2011 el Grupo Renco presentó una millonaria demanda de arbitraje contra el
Estado peruano por US$ 800 millones de dólares (equivalentes a todo el
presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud), amparándose en el TLC con
EE.UU y argumentando un intento de expropiación y un trato desigual con ellos.
Inmediatamente, solicitó a la Corte de Missouri suspender el juicio por la
intoxicación masiva de niños en La Oroya, mientras no se solucione la demanda
de arbitraje.
Existe un antecedente sobre un caso similar que
le preocuparía a Ira Rennert (propietario del Grupo Renco). Hace poco tiempo un
jurado de la Corte de St. Louis en Missouri sancionó severamente al dueño de la
fundición de plomo de Herculaneum con el pago de US$ 358,5 millones de dólares,
a favor de 16 niños afectados por la contaminación (US$ 22,4 millones de
dólares recibió cada familia). DRP, subsidiaria del Grupo Renco, –al parecer-
no quiere asumir las consecuencias de los daños irreversibles a la salud que ha
ocasionado por más de quince años en La Oroya.
Las denuncias por intoxicación a 107 niños en La Oroya
se han incrementado, y actualmente se habla de 1,300 niños afectados en estos más
de 10 años de contaminación generada desde el complejo metalúrgico. Según estas
últimas cifras de casos de contaminación, DRP tendría que pagar US$ 29 mil
millones de dólares a los 1,300 niños afectados, sin embargo, esta empresa
estaría dispuesta a ofrecer sólo US$ 100 millones de dólares como indemnización
para todos ellos, es decir US$ 76 mil dólares a cada niño.
Peor aún, DRP está moviendo estratégicamente sus fichas para evadir sus
responsabilidades, pretendiendo que el Estado peruano pague los US$ 29 mil
millones de dólares que costaría la reparación económica a los niños intoxicados
de La Oroya, tal como lo señala su Plan de Reestructuración presentado ante la
Junta de Acreedores.
Y mientras los asesores legales de esta
cuestionada empresa hacen todo lo posible para conseguir evadir una vez más sus
compromisos ambientales adquiridos en su Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), sus trabajadores vienen presionando al gobierno para que se reinicien
las operaciones del este complejo metalúrgico, con bloqueos de carreteras y
amenazas de nuevas acciones de fuerza en Junín.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal,
descartó tajantemente las condiciones interpuestas por DRP y reiteró que el
Gobierno evalúa otras opciones en caso esta empresa no cumpla con presentar un
plan viable de reestructuración. “Ya lo ha dicho el presidente del Consejo de
Ministros, que se están buscando otras alternativas como eventualmente otro
operador”, enfatizó.
DRP ha utilizado una serie de “jugadas” que le
han permitido seguir contaminando legalmente en nuestro país. Desde que en agosto
del 2009 se declaró en insolvencia y acudió al Indecopi para pasar un concurso
procesal, intentó presidir la Junta de Acreedores solicitando que se le
reconozca el 59% de las acreencias a Doe Run Cayman (otra empresa del Grupo Renco).
A pesar de esta maniobra, se terminó reconociendo al Ministerio de Energía y
Minas como el principal acreedor con el 36% por el incumplimiento del PAMA (siendo
este uno de los argumentos utiliados por DRP en la demanda de arbitraje, ya que
consideran esta acción como un intento de expropiación por parte del Estado
peruano).
El PAMA no está concluido hasta la fecha, a pesar
de que DRP tuvo más de 10 años para ejecutarlo, En ese lapso ha habido 3
modificaciones y dos prórrogas. La primera de ellas fue en mayo del 2006, donde
se le concedió una prórroga de 2 años y 10 meses para culminar su planta de
ácido sulfúrico. La segunda ampliación se la otorgó el Congreso de la República
en octubre del 2009, por 30 meses para que cumpla su PAMA y la construcción de
la misma planta. Por tercera vez, DRP viene solicitando una nueva ampliación de
su PAMA y viene buscando aliados en algunos congresistas para volver a operar
sin garantizar las mínimas condiciones ambientales.
El legado de Ira Rennet en el mundo se ha
caracterizado por contaminar irresponsablemente el medio ambiente y utilizar
todos los medios posibles para no cumplir con sus obligaciones con la salud de
la población y el medio ambiente. Cabe recordar que hace unos años el polémico
cineasta Michael Moore eligió en su programa la Dura Verdad al multimillonario
Ira Rennert como El hombre del Año. El galardón fue otorgado a
Rennert por haber sido el mayor
contaminador del medio ambiente en los Estados Unidos.
Finalmente, no es casualidad que el 29 de marzo
del 2012, 18 congresistas demócratas firmaron una severa carta en la que manifiestan
su preocupación por el comportamiento de Doe Run Perú. Señalan en la misiva su
preocupación en el daño que la empresa genera a la imagen de la inversión
estadounidense en nuestro país y en América Latina, trayendo abajo los
esfuerzos de otras compañías estadounidenses que tienen buenas prácticas
corporativas.
Escribe Javier Matos/Plataforma
La Oroya por un cambio
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