jueves, 12 de abril de 2012

Caso Doe Run: ¿JAQUE MATE AL GOBIERNO PERUANO?

ü  Las jugadas maestras que Doe Run Perú (DRP) ha desarrollado para seguir contaminando legalmente en La Oroya y hacer que el Estado peruano asuma los costos ambientales y sociales.

 ü  El legado de Ira Rennet en el mundo se ha caracterizado por contaminar irresponsablemente el medio ambiente y utilizar todos los medios posibles para no cumplir con sus obligaciones con la salud de la población y el medio ambiente.



Desde que en 1997 la empresa de capitales estadounidenses Doe Run Perú (DRP) llegó a nuestro país ha logrado evadir sus responsabilidades ambientales y ha seguido operando, pese a los altos índices de contaminación en la zona como consecuencia de los gases tóxicos que emanaban de su complejo metalúrgico.



Luego de haber sido expulsada en enero del 2010 de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por su poca voluntad en cumplir sus compromisos ambientales, el gremio minero en la actual coyuntura ha pedido al Estado peruano no ceder al chantaje de esta empresa, que nuevamente ha puesto una serie de condiciones para volver a operar en La Oroya.



El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, señaló que “el caso de Doe Run es sumamente complicado, hay unas demandas puestas contra el Estado peruano, definitivamente no podemos sino condenar este tipo de chantaje”, en alusión al Plan de Reestructuración presentado por DRP, en donde pretende que el Perú asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU) por los afectados de la contaminación en La Oroya.



Como se recuerda, en noviembre del 2010, 11 denuncias fueron aceptadas por un juzgado de St. Louis en Missouri contra el Grupo Renco, propietario de la fundición, por la intoxicación de 107 niños de La Oroya entre 1997 y 2010.



Con el objetivo de dilatar este proceso, en abril del 2011 el Grupo Renco presentó una millonaria demanda de arbitraje contra el Estado peruano por US$ 800 millones de dólares (equivalentes a  todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud), amparándose en el TLC con EE.UU y argumentando un intento de expropiación y un trato desigual con ellos. Inmediatamente, solicitó a la Corte de Missouri suspender el juicio por la intoxicación masiva de niños en La Oroya, mientras no se solucione la demanda de arbitraje.



Existe un antecedente sobre un caso similar que le preocuparía a Ira Rennert (propietario del Grupo Renco). Hace poco tiempo un jurado de la Corte de St. Louis en Missouri sancionó severamente al dueño de la fundición de plomo de Herculaneum con el pago de US$ 358,5 millones de dólares, a favor de 16 niños afectados por la contaminación (US$ 22,4 millones de dólares recibió cada familia). DRP, subsidiaria del Grupo Renco, –al parecer- no quiere asumir las consecuencias de los daños irreversibles a la salud que ha ocasionado por más de quince años en La Oroya.



Las denuncias por intoxicación a 107 niños en La Oroya se han incrementado, y actualmente se habla de 1,300 niños afectados en estos más de 10 años de contaminación generada desde el complejo metalúrgico. Según estas últimas cifras de casos de contaminación, DRP tendría que pagar US$ 29 mil millones de dólares a los 1,300 niños afectados, sin embargo, esta empresa estaría dispuesta a ofrecer sólo US$ 100 millones de dólares como indemnización para todos ellos, es decir US$ 76 mil dólares a cada niño.



Peor aún, DRP está moviendo  estratégicamente sus fichas para evadir sus responsabilidades, pretendiendo que el Estado peruano pague los US$ 29 mil millones de dólares que costaría la reparación económica a los niños intoxicados de La Oroya, tal como lo señala su Plan de Reestructuración presentado ante la Junta de Acreedores.



Y mientras los asesores legales de esta cuestionada empresa hacen todo lo posible para conseguir evadir una vez más sus compromisos ambientales adquiridos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sus trabajadores vienen presionando al gobierno para que se reinicien las operaciones del este complejo metalúrgico, con bloqueos de carreteras y amenazas de nuevas acciones de fuerza en Junín.



El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, descartó tajantemente las condiciones interpuestas por DRP y reiteró que el Gobierno evalúa otras opciones en caso esta empresa no cumpla con presentar un plan viable de reestructuración. “Ya lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que se están buscando otras alternativas como eventualmente otro operador”, enfatizó.



DRP ha utilizado una serie de “jugadas” que le han permitido seguir contaminando legalmente en nuestro país. Desde que en agosto del 2009 se declaró en insolvencia y acudió al Indecopi para pasar un concurso procesal, intentó presidir la Junta de Acreedores solicitando que se le reconozca el 59% de las acreencias a Doe Run Cayman (otra empresa del Grupo Renco). A pesar de esta maniobra, se terminó reconociendo al Ministerio de Energía y Minas como el principal acreedor con el 36% por el incumplimiento del PAMA (siendo este uno de los argumentos utiliados por DRP en la demanda de arbitraje, ya que consideran esta acción como un intento de expropiación por parte del Estado peruano).



El PAMA no está concluido hasta la fecha, a pesar de que DRP tuvo más de 10 años para ejecutarlo, En ese lapso ha habido 3 modificaciones y dos prórrogas. La primera de ellas fue en mayo del 2006, donde se le concedió una prórroga de 2 años y 10 meses para culminar su planta de ácido sulfúrico. La segunda ampliación se la otorgó el Congreso de la República en octubre del 2009, por 30 meses para que cumpla su PAMA y la construcción de la misma planta. Por tercera vez, DRP viene solicitando una nueva ampliación de su PAMA y viene buscando aliados en algunos congresistas para volver a operar sin garantizar las mínimas condiciones ambientales.



El legado de Ira Rennet en el mundo se ha caracterizado por contaminar irresponsablemente el medio ambiente y utilizar todos los medios posibles para no cumplir con sus obligaciones con la salud de la población y el medio ambiente. Cabe recordar que hace unos años el polémico cineasta Michael Moore eligió en su programa la Dura Verdad al multimillonario Ira Rennert como El hombre del Año. El galardón fue otorgado a Rennert  por haber sido el mayor contaminador del medio ambiente en los Estados Unidos.



Finalmente, no es casualidad que el 29 de marzo del 2012, 18 congresistas demócratas firmaron una severa carta en la que manifiestan su preocupación por el comportamiento de Doe Run Perú. Señalan en la misiva su preocupación en el daño que la empresa genera a la imagen de la inversión estadounidense en nuestro país y en América Latina, trayendo abajo los esfuerzos de otras compañías estadounidenses que tienen buenas prácticas corporativas.

Escribe Javier Matos/Plataforma La Oroya por un cambio

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