viernes, 13 de abril de 2012


Activista de La Oroya, Rosa Amaro: “El capítulo de la contaminación impune de La Oroya no se debe repetir nunca más”


Se reunió con el presidente del Congreso para entregarle carta de solidaridad. Defensoría del Pueblo y APRODEH le prestan protección y asesoramiento.

La tensión crece en La Oroya tras la decisión mayoritaria de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú de  declarar a la empresa en “liquidación en marcha”. Debido a esto, los trabajadores de la fundición amenazan con tomar la Carretera Central, jornada de protesta para presionar al Estado Peruano una vez más. Y esta vez la presión no solo viene con el bloqueo de la carretera central -principal abastecedor de alimentos (tubérculos y hortalizas) de Lima- sino también con una respuesta agresiva hacia las personas que emprendieron la iniciativa de denunciar abiertamente la contaminación en la zona, y los efectos de la misma en los niños, mujeres y adultos de La Oroya. “Han acordado ir a las casas de quienes hayan dado declaraciones a la prensa contra Doe Run”, dijo una pobladora de La Oroya. Nombres como el de Rosa Amaro y de otros integrantes del Movimiento por la Salud de La Oroya, MOSAO, figuran en esta “lista negra”.

Esta situación convulsionada, ha obligado a refugiarse a Amaro en Lima a fin de solicitar garantías y asesoría a diversas organizaciones, ya que viene siendo víctima de constantes agresiones verbales y amenazas contra su seguridad y la de su familia.  A su llegada, buscó la asesoría de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante las negativas de las autoridades competentes en La Oroya.

Estas organizaciones han acordado seguir de cerca el caso de Amaro, además de otros activistas de La Oroya que vienen siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, debido a sus acciones contra la  feroz contaminación que generó la central metalúrgica en la provincia durante más de una década. 

Amaro es una activista de 60 años, que junto a otros pobladores de La Oroya ha emprendido una lucha contra los abusos de la trasnacional Doe Run Perú. Desde el 2005, año en que asumió las riendas del MOSAO, Amaro ha dado la cara en los medios de comunicación para hablar del envenenamiento con plomo que sufrían los niños debido a la aspiración de los gases tóxicos que a diario despedía la fundición.  No era para menos, uno de sus hijos llegó a tener más de 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. Su esposo, Clemente Galarza, de 62 años, tiene 35 ug/dl.

Rosa Amaro dijo que, dadas las circunstancias que vive La Oroya, ella y su familia son considerados “enemigos” de la provincia. “A través de un programa radial todos los días se azuza a la gente para que nos ataquen vía llamadas telefónicas. El locutor deja las líneas abiertas para que cualquiera pueda lanzar amenazas al aire. Decir, por ejemplo: ‘vamos a ir a quemar la casa de la señora’ o que me cuide, que no salga a las calles. Incluso se ha dado la dirección de mi casa al aire”, señala muy mortificada.

El movimiento que encabeza Amaro también tuvo que lidiar con los trabajadores del Complejo Metalúrgico que la ven como una enemiga. “En el último paro, los trabajadores han amenazado en ir a mi casa a buscarnos. Temo que esta vez se repita con mayor intensidad… Es cierto que tienen derecho a trabajar pero no me pueden presionar a que renuncie a mi derecho de reclamar una injusticia. La contaminación es alta  en La Oroya y no quieren que hablemos de eso”, sostiene.

Por todo lo manifestado por Amaro, la Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir de cerca el caso. Del mismo modo lo ha hecho Francisco Soberón, director de  APRODEH. Amaro permanecerá en Lima junto a su familia hasta que se calme el clima de convulsión en La Oroya. “No tengo porqué esconderme, pero frente a estas circunstancias me veo obligada”, dijo.

Acudió al Congreso de la República
El presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás se reunió con Amaro. Ella le hizo  entrega de una carta de solidaridad con la población de La Oroya, el mensaje llevaba la rúbrica de más de 350 ciudadanos y personalidades que manifestaron su preocupación ante el posible reinicio de las operaciones de la fundición sin las garantías de un ambiente saludable para la población, entre los firmantes figuran el monseñor Pedro Barreto, el caricaturista Carlos Tovar, los ex viceministros de Ambiente, José de Echave y Hugo Cabieses, la actriz Delfina Paredes, el historiador Antonio Zapata, economista Oscar Ugarteche, representantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como: Rocío Silva Santisteban y Francisco Soberon, entre otros.

“Vamos en la misma línea: respetar el medio ambiente”, le dijo Abugattás al recibirla junto a otros dos pobladores de Huancavelica que también han sido víctimas de los abusos de la minera Cobriza una de las minas que tiene Doe Run en el país.

En otro momento, la congresista de la bancada nacionalista, Verónica Mendoza dijo que la carta “muestra el interés y la preocupación de los ciudadanos de diferentes puntos del país ante la contaminación que vive La Oroya”. El parlamentario, Daniel Mora, de Perú Posible, comparó la situación de La Oroya con la contaminación con plomo que sufren los niños del Callao. “Hay que pedir indemnizaciones”, dijo.

En el Congreso, Rosa Amaro dejo en claro que los luchadores sociales de La Oroya no están en contra de que el Complejo Metalúrgico reinicie las operaciones y que los trabajadores de la fundición  se queden sin trabajo. Su principal lucha es que el Estado haga cumplir todas las normas ambientales para que el capítulo de la contaminación impune no se repita nunca más en La Oroya.

Plataforma La Oroya por un Cambio.

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