Pobladores son desalojados a la fuerza y
Doe Run los demanda por usurpación de tierras.
No sólo La Oroya ha sido perjudicada por las ínfimas políticas
ambientales y sociales de Doe Run Perú (DRP) que sólo han traído contaminación.
En Huancavelica, un centro poblado ubicado en las tierras del asentamiento
minero “Cobriza”, propiedad de DPR, también ha sido víctima del abuso de una de
las empresas más contaminadoras en el mundo.
Más de 20 mil toneladas de relave minero de “Cobriza” han sido
depositadas por DRP al lado de un colegio, en el poblado 7 de Junio, más
conocido como “Expansión”. Desde el 2003, la población de más de 7 mil familias
ha visto crecer los cerros de polvo negro, que ahora prácticamente forman parte
de su geografía, como si de cerros se tratasen. Estos tóxicos relaves mineros reposan a pocos metros del río Mantaro, una de las fuentes de agua más
importantes de la sierra central.
Ante cualquier reclamo de los pobladores de “Expansión”, la minera les
responde que los pocos que trabajan en la mina se quedarán desempleados. A los
que no laboran los convocan a sus “talleres informativos” y les dicen que los
relaves mineros no contaminan con la condición de darles un puesto de trabajo
en la mina. Por ello la población de “Expansión” calla.
Los hermanos Córdova, Édgar y Wilfredo, son dos pobladores del caserío
“Cobriza”, ubicado en la frontera de Huancavelica y Ayacucho, a 5 horas de
“Expansión”. En 1998, DRP asentó su campo minero en sus tierras para extraer
cobre, zinc y otros minerales. Desde que la mina fue vendida de Centromín Perú
a DPR, la vida del pueblo cambió para mal, señalan.
Antes que Doe Run se asiente, el pueblo tenía 9,000 familias, ahora, luego
de trece años, sólo quedan 15 familias, sentencia Wilfredo. “Doe Run quiere que
desaparezcamos”, dice Wilfredo Córdova, un estudiante de Derecho que tuvo que
dejar la carrera debido a las largas horas que tiene que recorrer para llegar
hasta Huancayo, donde está su universidad. Córdova dice que la minera ha
cometido una serie de atropellos contra sus derechos. Cuando se hizo del centro
minero expropió a la fuerza las viviendas del poblado bajo el argumento de que
sus parcelas eran “propiedad privada”, cuenta.
Poco a poco, DRP fue desalojando a las familias. Les decían que si no
desocupaban el terreno, iban a perder su trabajo en la mina. Los Córdova fueron
desalojados en tres oportunidades. “A la fuerza o con tractores, Doe Run usó a
la policía, entraron a la fuerza a la casa, metieron nuestras cosas y nuestros
animales en camiones y nos dejaron en un pueblo alejado a una hora de “Cobriza”.
Esto se repitió una y otra vez”, dice Édgar Córdova.
Los dejaron tranquilos sólo cuando la familia Córdova demandó a la
empresa por allanamiento ilegal de domicilio pero la entereza les costó caro. DRP
hizo de todo para desalojarlos. Les cortaron la luz, el agua. Uno de los
hermanos Córdova denunció que les
instalaron tubos de desagüe, esos residuos llegaban hasta sus sembríos para
regarlos con petróleo y kerosene.
Debido a los múltiples atropellos, con el tiempo, Cobriza se fue
convirtiendo en un pueblo fantasma. El único centro de salud del seguro social
tuvo que cerrarse porque la población empezó a migrar y no tenía a quién
atender. Ahora tienen que caminar 5 horas para llegar al más cercano ubicado en
Expansión. El único colegio se quedó sin
alumnos y cerró. El estadio del pueblo ha quedado sepultado bajo un gran
depósito de relave. Además de ello, “Doe Run nos ha bloqueado las carreteras,
nos han cortado el agua, han contaminado nuestras tierras. Nos han cerrado el
único puente que nos comunica con las demás comunidades. La minería en vez de
proporcionarnos progreso, nos ha ocasionado grandes pérdidas”, dicen.
Los pocos pobladores de Cobriza demandaron a DRP ante la fiscalía por
contaminación y libre tránsito pero archivaron el caso y absolvieron a la empresa. Pidieron a la Dirección
Regional de Salud de Huancavelica que analicen muestras de los suelos
contaminados, el 2007, pero les respondieron que no contaban con el equipo para
analizar las muestras.
Los hermanos Córdova señalan que las 15 familias que habitan “Cobriza”
viven, prácticamente, secuestradas y siguen padeciendo las prepotencias de DRP.
Ahora, la empresa del multimillonario Ira Rennert, pretende usar más de 60
hectáreas de pastizales en Chacapampa, cerca de Cobriza, como un nuevo depósito
de relave muy cerca al río Mantaro. De ocurrir un colapso del dique de la
relavera, se cometería un grave atentado contra el ecosistema.
Estas tierras sirven para agricultura y la ganadería, además de tener
plantaciones de árboles frutales. “No fuimos considerados en el estudio de
Impacto Ambiental del proyecto de relaves de Chacapampa, donde pretenden
asentar la relavera. Desconocen que somos propietarios de estas tierras que han
pertenecido a nuestros abuelos”, dicen los Córdova.
Ante la resistencia de la familia Córdova a ser desterrados de sus
viviendas como sucedió con sus antiguos vecinos, DRP les ha abierto varios
procesos judiciales. Los llaman el “Grupo Córdova Licares” y les ha impuesto
denuncias de tipo penal bajo los cargos de usurpación, violación de domicilio,
coacción. Algunos procesos están en marcha.
“Queremos que cese la contaminación”, dicen los Córdova. En contraste,
DRP dice haber cumplido con un adecuado manejo ambiental de la zona, que ha cumplido
sus 4 proyectos PAMA, siendo el proyecto de mayor significado el de
disposición de relaves, poniendo fin a 36 años de contaminación del río
Mantaro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario