viernes, 20 de abril de 2012

En Huancavelica, miles de toneladas de relave minero de Doe Run son depositados cerca de un colegio


    Pobladores son desalojados a la fuerza y Doe Run los demanda por usurpación de tierras.




No sólo La Oroya ha sido perjudicada por las ínfimas políticas ambientales y sociales de Doe Run Perú (DRP) que sólo han traído contaminación. En Huancavelica, un centro poblado ubicado en las tierras del asentamiento minero “Cobriza”, propiedad de DPR, también ha sido víctima del abuso de una de las empresas más contaminadoras en el mundo.

Más de 20 mil toneladas de relave minero de “Cobriza” han sido depositadas por DRP al lado de un colegio, en el poblado 7 de Junio, más conocido como “Expansión”. Desde el 2003, la población de más de 7 mil familias ha visto crecer los cerros de polvo negro, que ahora prácticamente forman parte de su geografía, como si de cerros se tratasen. Estos tóxicos relaves mineros reposan a pocos metros del río Mantaro, una de las fuentes de agua más importantes de la sierra central.

Ante cualquier reclamo de los pobladores de “Expansión”, la minera les responde que los pocos que trabajan en la mina se quedarán desempleados. A los que no laboran los convocan a sus “talleres informativos” y les dicen que los relaves mineros no contaminan con la condición de darles un puesto de trabajo en la mina. Por ello la población de “Expansión” calla.

Los hermanos Córdova, Édgar y Wilfredo, son dos pobladores del caserío “Cobriza”, ubicado en la frontera de Huancavelica y Ayacucho, a 5 horas de “Expansión”. En 1998, DRP asentó su campo minero en sus tierras para extraer cobre, zinc y otros minerales. Desde que la mina fue vendida de Centromín Perú a DPR, la vida del pueblo cambió para mal, señalan.

Antes que Doe Run se asiente, el pueblo tenía 9,000 familias, ahora, luego de trece años, sólo quedan 15 familias, sentencia Wilfredo. “Doe Run quiere que desaparezcamos”, dice Wilfredo Córdova, un estudiante de Derecho que tuvo que dejar la carrera debido a las largas horas que tiene que recorrer para llegar hasta Huancayo, donde está su universidad. Córdova dice que la minera ha cometido una serie de atropellos contra sus derechos. Cuando se hizo del centro minero expropió a la fuerza las viviendas del poblado bajo el argumento de que sus parcelas eran “propiedad privada”, cuenta.

Poco a poco, DRP fue desalojando a las familias. Les decían que si no desocupaban el terreno, iban a perder su trabajo en la mina. Los Córdova fueron desalojados en tres oportunidades. “A la fuerza o con tractores, Doe Run usó a la policía, entraron a la fuerza a la casa, metieron nuestras cosas y nuestros animales en camiones y nos dejaron en un pueblo alejado a una hora de “Cobriza”. Esto se repitió una y otra vez”, dice Édgar Córdova.

Los dejaron tranquilos sólo cuando la familia Córdova demandó a la empresa por allanamiento ilegal de domicilio pero la entereza les costó caro. DRP hizo de todo para desalojarlos. Les cortaron la luz, el agua. Uno de los hermanos Córdova  denunció que les instalaron tubos de desagüe, esos residuos llegaban hasta sus sembríos para regarlos con petróleo y kerosene.

Debido a los múltiples atropellos, con el tiempo, Cobriza se fue convirtiendo en un pueblo fantasma. El único centro de salud del seguro social tuvo que cerrarse porque la población empezó a migrar y no tenía a quién atender. Ahora tienen que caminar 5 horas para llegar al más cercano ubicado en Expansión.  El único colegio se quedó sin alumnos y cerró. El estadio del pueblo ha quedado sepultado bajo un gran depósito de relave. Además de ello, “Doe Run nos ha bloqueado las carreteras, nos han cortado el agua, han contaminado nuestras tierras. Nos han cerrado el único puente que nos comunica con las demás comunidades. La minería en vez de proporcionarnos progreso, nos ha ocasionado grandes pérdidas”, dicen.

Los pocos pobladores de Cobriza demandaron a DRP ante la fiscalía por contaminación y libre tránsito pero archivaron el caso y absolvieron  a la empresa. Pidieron a la Dirección Regional de Salud de Huancavelica que analicen muestras de los suelos contaminados, el 2007, pero les respondieron que no contaban con el equipo para analizar las muestras.

Los hermanos Córdova señalan que las 15 familias que habitan “Cobriza” viven, prácticamente, secuestradas y siguen padeciendo las prepotencias de DRP. Ahora, la empresa del multimillonario Ira Rennert, pretende usar más de 60 hectáreas de pastizales en Chacapampa, cerca de Cobriza, como un nuevo depósito de relave muy cerca al río Mantaro. De ocurrir un colapso del dique de la relavera, se cometería un grave atentado contra el ecosistema.

Estas tierras sirven para agricultura y la ganadería, además de tener plantaciones de árboles frutales. “No fuimos considerados en el estudio de Impacto Ambiental del proyecto de relaves de Chacapampa, donde pretenden asentar la relavera. Desconocen que somos propietarios de estas tierras que han pertenecido a nuestros abuelos”, dicen los Córdova.  

Ante la resistencia de la familia Córdova a ser desterrados de sus viviendas como sucedió con sus antiguos vecinos, DRP les ha abierto varios procesos judiciales. Los llaman el “Grupo Córdova Licares” y les ha impuesto denuncias de tipo penal bajo los cargos de usurpación, violación de domicilio, coacción. Algunos procesos están en marcha.

“Queremos que cese la contaminación”, dicen los Córdova. En contraste, DRP dice haber cumplido con un adecuado manejo ambiental de la zona, que ha cumplido sus 4 proyectos PAMA, siendo el proyecto de mayor  significado  el de disposición de relaves, poniendo fin a 36 años de contaminación del río Mantaro. 



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