En Huancavelica, miles de toneladas de relave minero de Doe Run son depositados cerca de un colegio

    Pobladores son desalojados a la fuerza y Doe Run los demanda por usurpación de tierras.

No sólo La Oroya ha sido perjudicada por las ínfimas políticas ambientales y sociales de Doe Run Perú (DRP) que sólo han traído contaminación. En Huancavelica, un centro poblado ubicado en las tierras del asentamiento minero “Cobriza”, propiedad de DPR, también ha sido víctima del abuso de una de las empresas más contaminadoras en el mundo.

Más de 20 mil toneladas de relave minero de “Cobriza” han sido depositadas por DRP al lado de un colegio, en el poblado 7 de Junio, más conocido como “Expansión”. Desde el 2003, la población de más de 7 mil familias ha visto crecer los cerros de polvo negro, que ahora prácticamente forman parte de su geografía, como si de cerros se tratasen. Estos tóxicos relaves mineros reposan a pocos metros del río Mantaro, una de las fuentes de agua más importantes de la sierra central.

Ante cualquier reclamo de los pobladores de “Expansión”, la minera les responde que los pocos que trabajan en la mina se quedarán desempleados. A los que no laboran los convocan a sus “talleres informativos” y les dicen que los relaves mineros no contaminan con la condición de darles un puesto de trabajo en la mina. Por ello la población de “Expansión” calla.

Los hermanos Córdova, Édgar y Wilfredo, son dos pobladores del caserío “Cobriza”, ubicado en la frontera de Huancavelica y Ayacucho, a 5 horas de “Expansión”. En 1998, DRP asentó su campo minero en sus tierras para extraer cobre, zinc y otros minerales. Desde que la mina fue vendida de Centromín Perú a DPR, la vida del pueblo cambió para mal, señalan.

Antes que Doe Run se asiente, el pueblo tenía 9,000 familias, ahora, luego de trece años, sólo quedan 15 familias, sentencia Wilfredo. “Doe Run quiere que desaparezcamos”, dice Wilfredo Córdova, un estudiante de Derecho que tuvo que dejar la carrera debido a las largas horas que tiene que recorrer para llegar hasta Huancayo, donde está su universidad. Córdova dice que la minera ha cometido una serie de atropellos contra sus derechos. Cuando se hizo del centro minero expropió a la fuerza las viviendas del poblado bajo el argumento de que sus parcelas eran “propiedad privada”, cuenta.

Poco a poco, DRP fue desalojando a las familias. Les decían que si no desocupaban el terreno, iban a perder su trabajo en la mina. Los Córdova fueron desalojados en tres oportunidades. “A la fuerza o con tractores, Doe Run usó a la policía, entraron a la fuerza a la casa, metieron nuestras cosas y nuestros animales en camiones y nos dejaron en un pueblo alejado a una hora de “Cobriza”. Esto se repitió una y otra vez”, dice Édgar Córdova.

Los dejaron tranquilos sólo cuando la familia Córdova demandó a la empresa por allanamiento ilegal de domicilio pero la entereza les costó caro. DRP hizo de todo para desalojarlos. Les cortaron la luz, el agua. Uno de los hermanos Córdova  denunció que les instalaron tubos de desagüe, esos residuos llegaban hasta sus sembríos para regarlos con petróleo y kerosene.

Debido a los múltiples atropellos, con el tiempo, Cobriza se fue convirtiendo en un pueblo fantasma. El único centro de salud del seguro social tuvo que cerrarse porque la población empezó a migrar y no tenía a quién atender. Ahora tienen que caminar 5 horas para llegar al más cercano ubicado en Expansión.  El único colegio se quedó sin alumnos y cerró. El estadio del pueblo ha quedado sepultado bajo un gran depósito de relave. Además de ello, “Doe Run nos ha bloqueado las carreteras, nos han cortado el agua, han contaminado nuestras tierras. Nos han cerrado el único puente que nos comunica con las demás comunidades. La minería en vez de proporcionarnos progreso, nos ha ocasionado grandes pérdidas”, dicen.

Los pocos pobladores de Cobriza demandaron a DRP ante la fiscalía por contaminación y libre tránsito pero archivaron el caso y absolvieron  a la empresa. Pidieron a la Dirección Regional de Salud de Huancavelica que analicen muestras de los suelos contaminados, el 2007, pero les respondieron que no contaban con el equipo para analizar las muestras.

Los hermanos Córdova señalan que las 15 familias que habitan “Cobriza” viven, prácticamente, secuestradas y siguen padeciendo las prepotencias de DRP. Ahora, la empresa del multimillonario Ira Rennert, pretende usar más de 60 hectáreas de pastizales en Chacapampa, cerca de Cobriza, como un nuevo depósito de relave muy cerca al río Mantaro. De ocurrir un colapso del dique de la relavera, se cometería un grave atentado contra el ecosistema.

Estas tierras sirven para agricultura y la ganadería, además de tener plantaciones de árboles frutales. “No fuimos considerados en el estudio de Impacto Ambiental del proyecto de relaves de Chacapampa, donde pretenden asentar la relavera. Desconocen que somos propietarios de estas tierras que han pertenecido a nuestros abuelos”, dicen los Córdova.  

Ante la resistencia de la familia Córdova a ser desterrados de sus viviendas como sucedió con sus antiguos vecinos, DRP les ha abierto varios procesos judiciales. Los llaman el “Grupo Córdova Licares” y les ha impuesto denuncias de tipo penal bajo los cargos de usurpación, violación de domicilio, coacción. Algunos procesos están en marcha.

“Queremos que cese la contaminación”, dicen los Córdova. En contraste, DRP dice haber cumplido con un adecuado manejo ambiental de la zona, que ha cumplido sus 4 proyectos PAMA, siendo el proyecto de mayor  significado  el de disposición de relaves, poniendo fin a 36 años de contaminación del río Mantaro. 

Daniel Mora: “El Perú no es una republiqueta”

Se inaugura exposición fotográfica “El Corredor del Plomo” en el Congreso

Se inauguró en el Congreso la exposición fotográfica, “El Corredor del Plomo”. Una serie de fotografías que reflejan la grave contaminación por plomo que han sufrido los habitantes de La Oroya, Cerro de Pasco y el Callao. El congresista Daniel Mora de la bancada de Perú Posible fue quien auspició la exposición que contó con la presencia de la activista de La Oroya, Rosa Amaro y la representante del grupo del Callao Sonrisitas de Plomo, Mirtha Callán. Ambas son las cabezas visibles de dos realidades muy similares. Sus hijos han sido víctimas del envenenamiento por  plomo, resultado de las malas políticas ambientales que aplican empresas que lucran con este metal pesado.

Son conocidos los resultados de la feroz contaminación del Complejo Metalúrgico de Doe Run Perú en La Oroya que durante más de diez años contaminó la ciudad. Los niños llegaron a tener más de 60ug/dl (microgramos por decilitro) de plomo en la sangre, cuando el índice máximo considerado como riesgo por la Organización Mundial de la Salud es de 10 ug/dl. En el Callao, el incorrecto traslado de plomo por camiones descubiertos, el robo del metal pesado, y el inadecuado almacenamiento, provocó serios daños en la salud a los vecinos de Puerto Nuevo. En Cerro de Pasco, Volcan y su gran mina a  tajo abierto está replegando a la ciudad hacia los cerros. Estas tres lamentables realidades son expuestas en la sala Luna Pizarro del Congreso.

Respecto a Doe Run Perú, el congresista Daniel Mora fue tajante al decir que “el Perú no es una republiqueta. Se deben cumplir los acuerdos. Lo que es totalmente reprobable es que Doe Run Perú haya enjuiciado al Estado por US$ 800 millones de dólares mientras que no ha cumplido con sus compromisos ambientales, y mientras que su dueño, Ira Rennert exhibe su fortuna impunemente”. 

Mora recordó que La Oroya ha estado expuesta por más de diez años a la contaminación con plomo y otros tóxicos. “Numerosos estudios han comprobado que causa daños irreversibles al organismo. Si en Estados Unidos, la empresa (Doe Run)  cumple con todas las condiciones de cuidado ambiental porqué no las va cumplir aquí”, dijo.

Recordó que en Chile se ha prohibido la minería a tajo abierto, en Colombia se ha vetado la explotación minera en cabeceras de cuenca y la inversión extrajera no se ha ido. “La inversión no va huir si se elevan los estándares de calidad ambiental”, añadió. 

El parlamentario señaló, además, que se llevarán a cabo foros de discusión entre la población, las empresas y los representantes del Estado en el Callao, La Oroya y Cerro de Pasco.

La exposición se mantendrá hasta el 23 de abril del 2012.

NOW, IT IS TIME TO REACH OUT A SOLUTION THAT PRESERVE THE JOBS AND HEALTH OF LA OROYA

The decision of the Doe Run Peru Board of Creditors, taken on Thursday April 12 is the result of the irresponsible behavior of the company, which presented a restructuring plan with unacceptable conditions and was rejected. It should be clear that Doe Run and Renco’s officials are the only responsible for the current situation.

Unlike previous years, it appears that the Peruvian Executive authorities have understood that the company is not willing to comply with Peruvian law and the commitments assumed. We hope that this firm attitude is maintained until a final and comprehensive output is reached to resolve the problems caused by Doe Run.

However, after the decision taken and with this new scenario, several questions that must be resolved in the shortest period of time remain. As it is known, the company has entered into a process called “liquidacion en marcha”, aimed to preserve the unity of the business, i.e. operations to continue and that workers retain their jobs. During a period of approximately 6 months, there will be a liquidator to manage the company. While it is important to ensure 100% of jobs, we must not forget that the company has a significant debt to La Oroya, in terms of environmental and public health.

And some questions that arise are: Who will be the liquidator of the company? What will happen to the pending construction of the sulfuric acid plant? What will ensure that the environmental commitments will be fulfilled?

Surely the company will continue with the international arbitration demand against the Peruvian State and stubbornly continue to insist that all Peruvians should assume the many legal complaints of the effects on the health of La Oroya because of their irresponsible behavior.

Our authorities should not lose sight of all these variables since is the only way to reach a comprehensive solution for La Oroya, that preserves the health of its population and the jobs for the workers of the metallurgical complex.

Under the  current context, we call for all actors of La Oroya to prioritize  dialogue and avoid any kind of confrontation, or acts of violence that prevent the free movement of the population.

Lima, April 16, 2012

AHORA LA TAREA ES CONSTRUIR UNA SALIDA PARA LA OROYA QUE PRESERVE EL EMPLEO Y LA SALUD DE SU POBLACIÓN

La decisión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, tomada el jueves 12 de abril, es consecuencia del comportamiento irresponsable de esta empresa, que presentó un plan de restructuración que ponía condiciones inaceptables y que ha sido rechazado. Debe quedar claro que los únicos responsables de haber llegado a esta situación son los propios funcionarios de Doe Run y de su casa matriz Renco.

A diferencia de años anteriores, parece ser que las autoridades del Ejecutivo han entendido que la empresa no está dispuesta a cumplir con las leyes peruanas y los compromisos asumidos Esperamos que esta actitud firme se mantenga hasta que se pueda llegar a una salida final e integral a la problemática generada por Doe Run.

Sin embargo, luego de tomada la decisión y frente al nuevo escenario se plantean varias  interrogantes que deberán ser resueltas en el más breve plazo de tiempo. Como se sabe, la empresa ha entrado en un proceso de liquidación en marcha, que supone preservar la unidad del negocio, es decir que las operaciones continúen y que los trabajadores conserven su trabajo. Durante un periodo aproximado de 6 meses, habrá un liquidador que administrará la empresa. Si bien es importante garantizar el 100 % los puestos de trabajo, no debemos olvidar que la empresa tiene una deuda importante con La Oroya, tanto en términos ambientales como de salud pública.

Y Algunas preguntas que surgen son las siguientes: ¿Quién será el liquidador de la empresa?  ¿Qué va a pasar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico pendiente? ¿Cómo se va a garantizar que en esta ocasión si se cumplirá con los compromisos ambientales?

Seguramente la empresa seguirá con la demanda de arbitraje internacional contra el Estado peruano y seguirá insistiendo tercamente para que todos los peruanos asumamos las múltiples denuncias por afectación a la salud a las que tiene que hacer frente como consecuencia de su irresponsable comportamiento.  

Nuestras autoridades no pueden perder de vista todas estas variables pues es la única manera de construir  una solución integral para La Oroya, que preserve la salud de su población y los puestos de trabajo de los trabajadores del complejo metalúrgico.

En el actual contexto, invocamos para que todos los actores de La Oroya privilegien el diálogo y se evite todo tipo de enfrentamiento, hecho de violencia o actos que impidan el libre tránsito de la población.

Plataforma La Oroya por un Cambio

Activista de La Oroya, Rosa Amaro: “El capítulo de la contaminación impune de La Oroya no se debe repetir nunca más”

Se reunió con el presidente del Congreso para entregarle carta de solidaridad. Defensoría del Pueblo y APRODEH le prestan protección y asesoramiento.

La tensión crece en La Oroya tras la decisión mayoritaria de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú de  declarar a la empresa en “liquidación en marcha”. Debido a esto, los trabajadores de la fundición amenazan con tomar la Carretera Central, jornada de protesta para presionar al Estado Peruano una vez más. Y esta vez la presión no solo viene con el bloqueo de la carretera central -principal abastecedor de alimentos (tubérculos y hortalizas) de Lima- sino también con una respuesta agresiva hacia las personas que emprendieron la iniciativa de denunciar abiertamente la contaminación en la zona, y los efectos de la misma en los niños, mujeres y adultos de La Oroya. “Han acordado ir a las casas de quienes hayan dado declaraciones a la prensa contra Doe Run”, dijo una pobladora de La Oroya. Nombres como el de Rosa Amaro y de otros integrantes del Movimiento por la Salud de La Oroya, MOSAO, figuran en esta “lista negra”.

Esta situación convulsionada, ha obligado a refugiarse a Amaro en Lima a fin de solicitar garantías y asesoría a diversas organizaciones, ya que viene siendo víctima de constantes agresiones verbales y amenazas contra su seguridad y la de su familia.  A su llegada, buscó la asesoría de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante las negativas de las autoridades competentes en La Oroya.

Estas organizaciones han acordado seguir de cerca el caso de Amaro, además de otros activistas de La Oroya que vienen siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, debido a sus acciones contra la  feroz contaminación que generó la central metalúrgica en la provincia durante más de una década. 

Amaro es una activista de 60 años, que junto a otros pobladores de La Oroya ha emprendido una lucha contra los abusos de la trasnacional Doe Run Perú. Desde el 2005, año en que asumió las riendas del MOSAO, Amaro ha dado la cara en los medios de comunicación para hablar del envenenamiento con plomo que sufrían los niños debido a la aspiración de los gases tóxicos que a diario despedía la fundición.  No era para menos, uno de sus hijos llegó a tener más de 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. Su esposo, Clemente Galarza, de 62 años, tiene 35 ug/dl.

Rosa Amaro dijo que, dadas las circunstancias que vive La Oroya, ella y su familia son considerados “enemigos” de la provincia. “A través de un programa radial todos los días se azuza a la gente para que nos ataquen vía llamadas telefónicas. El locutor deja las líneas abiertas para que cualquiera pueda lanzar amenazas al aire. Decir, por ejemplo: ‘vamos a ir a quemar la casa de la señora’ o que me cuide, que no salga a las calles. Incluso se ha dado la dirección de mi casa al aire”, señala muy mortificada.

El movimiento que encabeza Amaro también tuvo que lidiar con los trabajadores del Complejo Metalúrgico que la ven como una enemiga. “En el último paro, los trabajadores han amenazado en ir a mi casa a buscarnos. Temo que esta vez se repita con mayor intensidad… Es cierto que tienen derecho a trabajar pero no me pueden presionar a que renuncie a mi derecho de reclamar una injusticia. La contaminación es alta  en La Oroya y no quieren que hablemos de eso”, sostiene.

Por todo lo manifestado por Amaro, la Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir de cerca el caso. Del mismo modo lo ha hecho Francisco Soberón, director de  APRODEH. Amaro permanecerá en Lima junto a su familia hasta que se calme el clima de convulsión en La Oroya. “No tengo porqué esconderme, pero frente a estas circunstancias me veo obligada”, dijo.

Acudió al Congreso de la República

El presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás se reunió con Amaro. Ella le hizo  entrega de una carta de solidaridad con la población de La Oroya, el mensaje llevaba la rúbrica de más de 350 ciudadanos y personalidades que manifestaron su preocupación ante el posible reinicio de las operaciones de la fundición sin las garantías de un ambiente saludable para la población, entre los firmantes figuran el monseñor Pedro Barreto, el caricaturista Carlos Tovar, los ex viceministros de Ambiente, José de Echave y Hugo Cabieses, la actriz Delfina Paredes, el historiador Antonio Zapata, economista Oscar Ugarteche, representantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como: Rocío Silva Santisteban y Francisco Soberon, entre otros.

“Vamos en la misma línea: respetar el medio ambiente”, le dijo Abugattás al recibirla junto a otros dos pobladores de Huancavelica que también han sido víctimas de los abusos de la minera Cobriza una de las minas que tiene Doe Run en el país.

En otro momento, la congresista de la bancada nacionalista, Verónica Mendoza dijo que la carta “muestra el interés y la preocupación de los ciudadanos de diferentes puntos del país ante la contaminación que vive La Oroya”. El parlamentario, Daniel Mora, de Perú Posible, comparó la situación de La Oroya con la contaminación con plomo que sufren los niños del Callao. “Hay que pedir indemnizaciones”, dijo.

En el Congreso, Rosa Amaro dejo en claro que los luchadores sociales de La Oroya no están en contra de que el Complejo Metalúrgico reinicie las operaciones y que los trabajadores de la fundición  se queden sin trabajo. Su principal lucha es que el Estado haga cumplir todas las normas ambientales para que el capítulo de la contaminación impune no se repita nunca más en La Oroya.

Plataforma La Oroya por un Cambio.

Caso Doe Run: ¿JAQUE MATE AL GOBIERNO PERUANO?

ü  Las jugadas maestras que Doe Run Perú (DRP) ha desarrollado para seguir contaminando legalmente en La Oroya y hacer que el Estado peruano asuma los costos ambientales y sociales.

 ü  El legado de Ira Rennet en el mundo se ha caracterizado por contaminar irresponsablemente el medio ambiente y utilizar todos los medios posibles para no cumplir con sus obligaciones con la salud de la población y el medio ambiente.

Desde que en 1997 la empresa de capitales estadounidenses Doe Run Perú (DRP) llegó a nuestro país ha logrado evadir sus responsabilidades ambientales y ha seguido operando, pese a los altos índices de contaminación en la zona como consecuencia de los gases tóxicos que emanaban de su complejo metalúrgico.

Luego de haber sido expulsada en enero del 2010 de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por su poca voluntad en cumplir sus compromisos ambientales, el gremio minero en la actual coyuntura ha pedido al Estado peruano no ceder al chantaje de esta empresa, que nuevamente ha puesto una serie de condiciones para volver a operar en La Oroya.

El presidente de la SNMPE, Pedro Martínez, señaló que “el caso de Doe Run es sumamente complicado, hay unas demandas puestas contra el Estado peruano, definitivamente no podemos sino condenar este tipo de chantaje”, en alusión al Plan de Reestructuración presentado por DRP, en donde pretende que el Perú asuma el costo de la demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU) por los afectados de la contaminación en La Oroya.

Como se recuerda, en noviembre del 2010, 11 denuncias fueron aceptadas por un juzgado de St. Louis en Missouri contra el Grupo Renco, propietario de la fundición, por la intoxicación de 107 niños de La Oroya entre 1997 y 2010.

Con el objetivo de dilatar este proceso, en abril del 2011 el Grupo Renco presentó una millonaria demanda de arbitraje contra el Estado peruano por US$ 800 millones de dólares (equivalentes a  todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud), amparándose en el TLC con EE.UU y argumentando un intento de expropiación y un trato desigual con ellos. Inmediatamente, solicitó a la Corte de Missouri suspender el juicio por la intoxicación masiva de niños en La Oroya, mientras no se solucione la demanda de arbitraje.

Existe un antecedente sobre un caso similar que le preocuparía a Ira Rennert (propietario del Grupo Renco). Hace poco tiempo un jurado de la Corte de St. Louis en Missouri sancionó severamente al dueño de la fundición de plomo de Herculaneum con el pago de US$ 358,5 millones de dólares, a favor de 16 niños afectados por la contaminación (US$ 22,4 millones de dólares recibió cada familia). DRP, subsidiaria del Grupo Renco, –al parecer- no quiere asumir las consecuencias de los daños irreversibles a la salud que ha ocasionado por más de quince años en La Oroya.

Las denuncias por intoxicación a 107 niños en La Oroya se han incrementado, y actualmente se habla de 1,300 niños afectados en estos más de 10 años de contaminación generada desde el complejo metalúrgico. Según estas últimas cifras de casos de contaminación, DRP tendría que pagar US$ 29 mil millones de dólares a los 1,300 niños afectados, sin embargo, esta empresa estaría dispuesta a ofrecer sólo US$ 100 millones de dólares como indemnización para todos ellos, es decir US$ 76 mil dólares a cada niño.

Peor aún, DRP está moviendo  estratégicamente sus fichas para evadir sus responsabilidades, pretendiendo que el Estado peruano pague los US$ 29 mil millones de dólares que costaría la reparación económica a los niños intoxicados de La Oroya, tal como lo señala su Plan de Reestructuración presentado ante la Junta de Acreedores.

Y mientras los asesores legales de esta cuestionada empresa hacen todo lo posible para conseguir evadir una vez más sus compromisos ambientales adquiridos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sus trabajadores vienen presionando al gobierno para que se reinicien las operaciones del este complejo metalúrgico, con bloqueos de carreteras y amenazas de nuevas acciones de fuerza en Junín.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, descartó tajantemente las condiciones interpuestas por DRP y reiteró que el Gobierno evalúa otras opciones en caso esta empresa no cumpla con presentar un plan viable de reestructuración. “Ya lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que se están buscando otras alternativas como eventualmente otro operador”, enfatizó.

DRP ha utilizado una serie de “jugadas” que le han permitido seguir contaminando legalmente en nuestro país. Desde que en agosto del 2009 se declaró en insolvencia y acudió al Indecopi para pasar un concurso procesal, intentó presidir la Junta de Acreedores solicitando que se le reconozca el 59% de las acreencias a Doe Run Cayman (otra empresa del Grupo Renco). A pesar de esta maniobra, se terminó reconociendo al Ministerio de Energía y Minas como el principal acreedor con el 36% por el incumplimiento del PAMA (siendo este uno de los argumentos utiliados por DRP en la demanda de arbitraje, ya que consideran esta acción como un intento de expropiación por parte del Estado peruano).

El PAMA no está concluido hasta la fecha, a pesar de que DRP tuvo más de 10 años para ejecutarlo, En ese lapso ha habido 3 modificaciones y dos prórrogas. La primera de ellas fue en mayo del 2006, donde se le concedió una prórroga de 2 años y 10 meses para culminar su planta de ácido sulfúrico. La segunda ampliación se la otorgó el Congreso de la República en octubre del 2009, por 30 meses para que cumpla su PAMA y la construcción de la misma planta. Por tercera vez, DRP viene solicitando una nueva ampliación de su PAMA y viene buscando aliados en algunos congresistas para volver a operar sin garantizar las mínimas condiciones ambientales.

El legado de Ira Rennet en el mundo se ha caracterizado por contaminar irresponsablemente el medio ambiente y utilizar todos los medios posibles para no cumplir con sus obligaciones con la salud de la población y el medio ambiente. Cabe recordar que hace unos años el polémico cineasta Michael Moore eligió en su programa la Dura Verdad al multimillonario Ira Rennert como El hombre del Año. El galardón fue otorgado a Rennert  por haber sido el mayor contaminador del medio ambiente en los Estados Unidos.

Finalmente, no es casualidad que el 29 de marzo del 2012, 18 congresistas demócratas firmaron una severa carta en la que manifiestan su preocupación por el comportamiento de Doe Run Perú. Señalan en la misiva su preocupación en el daño que la empresa genera a la imagen de la inversión estadounidense en nuestro país y en América Latina, trayendo abajo los esfuerzos de otras compañías estadounidenses que tienen buenas prácticas corporativas.

Escribe Javier Matos/Plataforma La Oroya por un cambio

Rosa Amaro y su lucha por un ambiente saludable en La Oroya

Rosa Amaro, luchadora social, lejos de ser respaldada por  defender la vida y un ambiente sano en La Oroya, es víctima de hostigamientos. Ser Presidenta del MOSAO (Movimiento por la Salud de La Oroya) le ha significado ser blanco de agresiones verbales mientras camina por las calles de esta ciudad. Vive en La Oroya Antigua, cerca del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, cuando los trabajadores de la empresa Doe Run Perú realizan sus asambleas, Rosa y su familia temen por su integridad física, pues han sido agredidos verbalmente, y en varias oportunidades, los trabajadores han ido a su vivienda a golpear su puerta.

Rosa Amaro tiene 60 años y los últimos nueve años lo ha dedicado íntegramente al Movimiento por la Salud de La Oroya, el MOSAO. Este movimiento fue creado en 2002, está integrado por pobladores de La Oroya que siendo conscientes del daño que ocasionaba la emisión de gases tóxicos del complejo metalúrgico -operado por Doe Run Perú- decidió emprender el difícil camino de la protección de la salud y la dignidad de su provincia.

Amaro ha vivido toda su vida en La Oroya Antigua, zona que se ubica a muy pocos metros de la fundición y la más golpeada por los gases tóxicos. Hoy, el clima de amenazas y hostigamientos que recibe, ha llevado a Rosa a vivir a salto de mata, entre La Oroya y Jauja, en Huancayo, siempre buscando seguridad.

“Somos víctimas de una especie de terrorismo blanco”, dice Rosa. Y es que en La Oroya el ambiente es hostil para los defensores ambientalistas, tienen que enfrentarse a diferentes flancos, como: volantes, panfletos, una radioemisora reproduce sin ninguna responsabilidad ofensas y amenazas constantes contra la familia de Amaro y otros luchadores sociales de la zona, cuyo contenido promueve la violencia y agresión. Cuenta Rosa que incluso la emisora radial incita a sus oyentes y a los trabajadores para que llamen por teléfono a la radio sólo para insultar.

Amaro describe el hostigamiento como feroz. “Llaman también por teléfono, insultan. Nos dicen  ‘salgan de La Oroya porque los vamos a matar’, ‘vamos a quemar sus casas’”, narra Amaro.  Esto lo escuchó en uno de los últimos mítines organizado hace un par de semanas por los trabajadores de Doe Run. “No podemos salir a la calle, y la situación es hoy más intensa por la presión social en La Oroya para se reabra la fundición”, dice.

Durante años, la familia de Amaro vivió secuestrada por los gases tóxicos que emitían las tres chimeneas activas del complejo. El esposo de Rosa, Clemente Galarza, de 62 años, dice que la contaminación se sentía con mayor intensidad en periodos de helada. El gas que salía por la chimenea bajaba y “la garganta te ardía, te provocaba toser, te daban dolores de estómago”, señala.

Era 1998 y Moisés -hijo de Rosa-, tenía 5 años y 58 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. Cuando Rosa Amaro recibió este resultado decidió que tenía que hacer algo. Primero lidió con los constantes dolores de estómago de su hijo, sus calambres, su contextura delgada. Luego se integró al MOSAO. Ese era el camino para salvar a su hijo.

Moisés tiene ahora 18 años. Llevar el apellido Amaro ha sido un estigma para él, desde pequeño lo separaban de los grupos. Cuando Doe Run repartía regalos había gente que le decía con ironía: “tú tienes plomo, por qué no vas al hospital a curarte”. ¿Crees que has crecido con muchas desventajas?, le preguntamos. Moisés responde que sí. Su escuela quedaba al lado del complejo metalúrgico y hasta hoy puede recordar claramente el intenso olor de los gases,  la picazón en su garganta, puede recordar que cuando pasaba la mano por la pared de su salón se le manchaba de polvo negro, y que las bolitas de polvo se le adherían a la ropa como planchones de caspa. A los 17 años empezó a tener dolores en los huesos, “como si me pusieran dentro de una refrigeradora”, dice Moisés. Comenzaron los calambres, la intensa fatiga con los que parece condenado a vivir.

Su madre piensa en las otras madres de La Oroya que temen que las enfermedades que sufren sus niños tengan que ver con la contaminación con plomo. “Hay muchas personas en La Oroya Antigua que no gozan de un Seguro de Salud. El costo de un examen de plomo cuesta 80 soles que no es cubierto por nadie. No es justo”, dice Amaro.

“La empresa tiene dinero, está pagando el 70% del sueldo de sus trabajadores, entonces tiene la capacidad (los recursos) para completar el PAMA con la construcción de la planta de ácido sulfúrico… no estamos en contra de que el complejo sea reabierto, pero la empresa tiene que cumplir con sus compromisos ambientales”, dice Amaro. “Nadie niega que está en riesgo el trabajo de las personas que laboran en la fundición pero es más importante el cuidado de la salud, tanto de sus trabajadores y de la población”, agrega con énfasis. 

En los últimos meses se han intensificado los insultos

Rosa Amaro y su esposo Clemente relatan que en muchas oportunidades han sido perseguidos por las calles. En los  últimos meses los ataques se han vuelto permanentes y sistemáticos.

Amaro recuerda que “cuando hubo una reunión en el sindicato de los trabajadores, al finalizar la reunión hombres y mujeres vinieron por la calle 2 de mayo y bajaron por la calle Callao (La Oroya Vieja), y cuando yo me encontraba saliendo de mi domicilio para dirigirme  la oficina de la ONG Filomena Tomaira escuche a uno de ellos decir “ella es”,  “vamos “, y yo no supe que hacer en ese momento solo corrí para tomar cualquier carro y salir del lugar”.

A lo largo de estos años, las aproximadamente 5 ó 6 veces que Amaro y otros miembros del MOSAO han intentado pedir garantías al Subprefecto o Gobernador de La Oroya, no han obtenido ningún resultado, ya que al presentar la denuncia, les han pedido datos para identificar a los agresores (nombres y apellidos completos, DNI, dirección, entre otros) y muchas veces estos actúan en grupo y es difícil identificarlos. Es decir que ninguna de las solicitudes han sido aceptadas debido a que las pruebas solicitadas son difíciles de conseguir.

MÁS ADHESIONES A LA CARTA DE SOLIDARIDAD CON LA POBLACIÓN DE LA OROYA

Carta de solidaridad con la Población de La Oroya

Perú, abril del 2012

Señor

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF

Presidente del Congreso de la República del Perú

La Oroya, Perú, es una de las 10 ciudades más contaminadas del planeta. Su población vive en un ambiente contaminado por plomo, arsénico y cadmio y otros metales pesados, producto de las operaciones de una fundición polimetálica operada por la empresa estadounidense Doe Run. El 99% de sus niños posee niveles elevados de plomo en sangre, por encima de los considerados como niveles de riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Doe Run Perú ha operado la fundición de La Oroya desde 1997. Pese a que asumió  compromisos ambientales con el Estado peruano, no los ha cumplido, generando severos daños a la salud de la población local. Actualmente la empresa quiere reiniciar sus operaciones en La Oroya, sin haber culminado su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y está solicitando una tercera ampliación por 30 meses adicionales, para terminar su plan ambiental, el cual debía haberlo terminado en el año 2007.

Mediante esta carta queremos expresar nuestra solidaridad con la población de La Oroya y solicitar al Congreso Peruano no autorizar el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, sin que la empresa Doe Run Perú haya cumplido con sus compromisos ambientales y finalizado su PAMA.

El Estado peruano debe garantizar una vida sana y un trabajo digno para La Oroya.

Firmantes: Nombres y Apellidos/ N° DNI y/o Documento de Identidad

1.      Mons. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, s.j- Arzobispo Metropolitano de Huancayo – Perú.

2.      Delfina Paredes Aparicio.  DNI 06596747

3.      Oscar Ugarteche Galarza, DNI 08270749

4.      Carlos Tovar Samanez, DNI 07204548

5.      Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani

6.      Luis Miguel Sirumbal R., D.N.I. 07833813

7.      Miguel Lévano Muñoz, DNI 08691911

8.      Antonio Zapata Velasco, DNI  06382576

9.      Hugo Cabieses Cubas, DNI 10585951

10.  Ana Trelles Sarazú, DNI: 07766363

11.  Rocío Silva Santisteban Manrique, DNI 07822730

12.  Claudia Viale, DNI 42976148

13.  Paul McAuley.   C.E. 000175806

14.  Marco Arana Zegarra, DNI 26605193

15.  Rolando Ames Cobián, DNI 06256641

16.  Jennie Dador Tozzini,  DNI: 07445292

17.  Elizabeth Rubianes Ayala, DNI 08159516

18.  Francisco Soberon G.  DNI  10272012

19.  José de Echave Cáceres, DNI 07886231

20.  Julio Castro Gómez, DNI: 23846108

21.  Martin Scurrah, C.E. 000408401

22.  Julia Cuadros Falla, DNI: 07535179

23.  Ruth Luque Ibarra DNI 40204874

24.  Juan Javier Rivera Andía, DNI 10409427

25.  Sherly Echevarría Hinostroza, DNI 40774439

26.  Esther Hinostroza Ricaldi, DNI 09044327

27.  María Erlinda de La Torre Marcas, DNI 19879482

28.  Emma Gómez Moreno, DNI 41561350

29.  Víctor Mendoza Barrantes, DNI 32762353

30.  Beatriz Canales Languasco, DNI   10146984

31.  Cecilia Remón Arnaiz, DNI 10146291

32.  Walter Borja Rojas, DNI 22493873

33.  Francisco Pérez García, DNI 10731770

34.  María Isabel Ferreira Ayllón, DNI 07882622

35.  Ana Romero Cano, DNI 09672155

36.  Conrado Olivera Alcócer, DNI 19830300

37.  Anthony Jo Noles DNI 00799232

38.  Juana Gallegos Venturo, DNI  42534527

39.  Javier Matos Chura, DNI  40321574

40.  Magali Zevallos Ríos, DNI 40781274

41.  Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, DNI 08704656

42.  Valeska Ruiz Peña,  DNI 41916391

43.  Karina Huaraca Bruno, DNI: 43452622

44.  Samuel Yáñez Torres, DNI: 07177983

45.  Inés Dhaynee Orbegozo Sánchez, DNI 10589174

46.  Susanna Anderegg, Suiza, F2096312

47.  Esther Álvarez Estrada, DNI: 06861904

48.  Luis Felipe Zegarra Russo, DNI 07227082

49.  Julia Huari Valencia, DNI: 25836965

50.  Patricia Urteaga C. DNI: 07952139

51.  Pedro Santiago Córdova Del Campo, DNI: 08039713

52.Estrella Coloma Bazán DNI 41257499

53.  Jed Hawkes Koball, CE: 000575448

54.  Natalia Ipince, DNI: 42802682

55.  Golda Amanda Fuentes Aschwanden, DNI 42017298-8

56.  Juan Borea Odría, DNI 07183705

57.  Jesús Quispe Romero, Director Ejecutivo CENCA

58.  Juan Diego Calisto Aguirre, DNI 42136663

59.  Víctor Hugo Ricco. DNI 23395592

60.  Juan Aste Daffós.   DNI 06600063

61.  Augustín Haya de la Torre, DNI 07723002

62.  Víctor Liza Jaramillo, DNI 40865191

63.  Stefani María Acosta Aguirre, DNI Nº 42400948

64.  Rosa Elvira  Guillén Velarde, DNI 06098186

65.  Carlos P. Lecaros Zavala, DNI:  06466923

66.  Pilar Benavides Carlín, DNI 06466924

67.  Irma Pflücker Vilca, DNI 42612713

68.  Jorge Chávez Ortiz, DNI 70572967

69.  Marfil Francke, C.E. 000308792

70.  Relinda Sosa Pérez, DNI 09246411

71.  Javier Rodolfo Jahncke Benavente, DNI N° 07261449

72.  Arturo Alfaro Medina, DNI 25601656

73.  Luisa Cruz Hefti, DNI 02626553

74.  Germán Vargas Farías, DNI 07563554

75.  Benjamín Bravo Guerrero, DNI 06078214

76.  Rolando Pérez Vela, DNI  10476862

77.  Daniel Silva Ruiz, DNI 09618958

78.  Lidia Valverde Mamani, DNI 10673222

79.  Rosa Guillén Velarde, DNI 06098186

80.  Maritza Alva Maycock, DNI 07708107

81.  Rosa Rivero Reyes, DNI 08632794

82.  Miryan Yovanna Parra Herrera, DNI 10489584

83.  Roxana Vásquez Sotelo, DNI: 07739786

84.  Carlos Bracamonte Ruiz, DNI 40438736

85.  Ximena Salazar Lostaunau, DNI 10273741

86.  Edwin Gonzales Redolfo, DNI 07938273

87.  César Ponce Cortez, DNI: 42140704

88.  VIDA - Instituto para la Protección del Medio Ambiente

89.  Elmer Arce Espinoza, DNI: 07551770

90.  Mirtha Vásquez Chuquilín, DNI 26705695

91.  Sergio Sánchez Ibañez, DNI 26705059

92.  María Van der Linde, DNI 06880095

93.  Gerardo Chú Yong, DNI 07223648

94.  Rubén Luis Arroyo, DNI: 21263412

95.  María  Rosa Lorbés, CE 000312960

96.  Sara Ríos Vela, DNI 00026670

97.  Hernán Núñez Gonzales, DNI: 42991816

98.  Patricia Torres Ruales, DNI 06714798

99.  Yolanda Elisabeth Zurita Trujillo,  DNI 21299484

100.                     Daniel Martin Álvarez Tolentino, DNI 41585052

101.                     Yohel Milton Santivañez Ortega, DNI  42235140 

102.                     Karim Vargas Tavera, DNI 32987822

103.                     Francisco Muguiro Ibarra, DNI 02777738

104.                     Nora Sánchez Silva, DNI 16623630

105.                     Alejandro Alva Torres, DNI 40317875

106.                     Wilmer Fernándes Ramires, DNI 09649738

107.                     Carmen Rosa Arévalo Salas, DNI 05256869

108.                     Miluska Cornejo Huidobro, DNI: 16763923

109.                     Alejandra Alayza Moncloa, DNI 06673820

110.                     Mariel Soledad Távara Arizmendi, DNI 43614628

111.                      Emilia Evangelina Urcón Córdova, DNI  41355838

112.                      Yanina Chalco Quilcas, DNI  42073934

113.                      Roberto Tigani, C. E.  AA 4336788

114.                      Victoria Trujillo Pardave, DNI 21299288

115.                      Leonel Flores Hernandez, DNI  40727456

116.                      Felica Nadia Meza Cantalico, DNI 45509332

117.                      Marcello Abate  AA 0061014

118.                      Rocio Trujillo Solis, DNI  40666570

119.                      Karen Vílchez Chanca, DNI 44990871

120.                      Sofía Poves Calderón, DNI  44138242

121.                      Frud Sixto Reza Tapia, DNI 41804359

122.                     Enrique Góngora Padilla, DNI 06515043

123.                     Rocío Ávila Fernández, DNI 09854450

124.                     Ruth Arroyo Aguilar, DNI 07064653

125.                     María Zoila Fernández Minaya, DNI 41347196

126.                     Hugo Villa Becerra, DNI: 06759014

127.                     Ana Luna Guillén, DNI 47153578

128.                     Martha Beingolea Aguirre, DNI 07230923

129.                     Humberto Juan Saco Valdivia, DNI 08195293

130.                     Silvia Ibañez  Salazar  DNI, 09828241

131.                     Sarvia Elizabeth Luis Arroyo, DNI: 21246456

132.                     Mercedes Lu, DNI: 10545127

133.                     Adelaida Alayza Sueiro, DNI 07258944

134.                     Lucio Donato Hidalgo Fabian DNI 19912714

135.                     Martha Beingolea Aguirre DNI 07230923

136.                     Mac Gregor Jamanca Carbajal  DNI 44893111

137.                     Pra. María Elena Zelada, DNI 06176007

138.                     Patricia Rojas Caro, DNI 26716656

139.                     Adda Chuecas  Cabrera, DNI 07840375

140.                     Carol Ann Conroy,  CE 000125515

141.                     Hugo Paucar Sumana, DNI 24940237

142.                     Yesenia Guadalupe Goñi Villanueva, DNI 32946817

143.                     Jonas J. E. Hulsens, Pasaporte EH622641

144.                     Mario Zúñiga Lossio, DNI 40312242

145.                     Miguel Ángel Valderrama Zevallos, DNI 42725125

146.                     María Milagros Pantoja Ciprián, DNI 06051352

147.                     Leidy Carol Palomino Escobar, DNI 46038574

148.                     Ursula Rischmoller Yupanqui, DNI 10299223

149.                     Sylvia Ravello Bravo, DNI 07200900

150.                     Silvia Yanina Passuni Pineda, DNI 41285511

151.                     Maribel Chávez Velásquez,DNI 21298009

152.                     Johan J. Flores Moreno; DNI: 07229514

153.                     Ricardo Prieto Barrientos, DNI 25728964

154.                     Josefina Huamán, DNI 07242254

155.                     Dora Vásquez Mendoza, DNI 06618585

156.                     Gisela Reich, CE 000187324

157.                     Andreas Wettstein, C.E. 238590

158.                     María Soledad Ortiz, DNI 06710260

159.                     Erika Izquierdo Paiva, DNI 25790353

160.                     Luis Humberto Bejar C.E. 000312765

161.                     Anne Minguet Caudron, CE. 000 178 228

162.                     Lupo Canterac Troya, DNI: 02885418

163.                      Gloria Edith Acuñz Barra,  DNI 07962093

164.                     Evelyn Rosario  Loayza Vargas, DNI: 72844454

165.                     Sor Miguelina Florido Pechiarovich, DNI  06034285

166.                     Eva Delgado Rosas, DNI 07949476

167.                     Janeth Espinoza Feria, DNI 17854689

168.                     José Luis Ricapa Ninanya, DNI 41687723

169.                     Luzmila Rosales Richard, DNI 41427251

170.                     Rolando Pomalima Rodríguez  DNI 06513235

171.                     Luis Fernando Valverde Olortegui, DNI 10729109

172.                     Rosa María Mujica, DNI 06985289

173.                     Wendy Stefany Lau Cordero, DNI 44686032

174.                     Andrés Huguet Polo, DNI 07558761

175.                     Susana Cárdenas Alayza, DNI 41835464

176.                     Gladys Huamán Gora, DNI 04014296

177.                     Diego Manuel Morales Morales, DNI 45231327

178.                     Francisco Fernando Gutiérrez Delgado, DNI 06128240

179.                     Eva Nohelia Pasapera,DNI: 40664713

180.                     Inés Arias Navarro,   DNI 07264635

181.                     Félix Álvarez Torres, DNI 10054140

182.                     Victor Sánchez C. DNI 40184501

183.                     Cecilia Niezen, DNI 25772499

184.                     Celia Yolanda Mansilla Conza .DNI 07712162

185.                     Mabel Sarco, DNI 07238812

186.                     Ada Sosa Solano, DNI  40202840

187.                     Gina Cedamanos Rodríguez, DNI 07575215

188.                     Rosa Alayza Mujica, DNI 07814726

189.                     Luis Alberto Sánchez Cáceres, DNI 10619828

190.                     César Augusto Málaga Aldana, DNI 00486099

191.                     Roelfien Haak, DNI 07958928

192.                     Alberto Gayoso,  DNI 08864735

193.                     Lourdes Zegarra Miranda, DNI 41295404

194.                     Ana Leyva Valera, DNI 06251953

195.                     Rosa Noemí Amaro Toykín, DNI 21289174

196.                     Patricia Lee Ryan, CE Nº000111450

197.                     Rev. Adita Torres Lescano, DNI 07697177

198.                     Eliseo Apaza Saravia, DNI 06250683

199.                     Raquel Amanda Avila Ferrari, DNI  06250684

200.                     Mónica Carbajal Goudey, DNI 07975966

201.                     Víctor Pusari Olarte, DNI N°00105024

202.                     Attilia Boschetti, DNI 06624407

203.                     Carlos Tolentino, DNI 06624408

204.                     Alvaro Puga Capelli, DNI 07804728

205.                     Rosa Luz Monroy Olivos 25841513

206.                     Luis Enrique Llontop Samillán, DNI 08175227

207.                     José Quiñones Colchado, DNI 08363680

208.                     Ana María Watson Pena, DNI 09143591

209.                     Soledad Yvonne Gamarra Chavarry, DNI 10228186

210.                     Diana Rebaza Mazuelos,  DNI 09258416

211.                     Jorge  Alberto Alarico Tapia, DNI Nº 00479477

212.                     Red  Uniendo Manos El Salvador

213.                     Doris Alicia Evangelista, San Salvador, El Salvador

214.                     Silverio Morales Rafael, Nahuizalco, Sonsonate, El Salvador

215.                     Omar García, Cojutepeque, Cuscatlán, EL Salvador

216.                     Claudia Maricela Rodríguez, Quezaltepeque, La Libertad, El Salvador

217.                     Kristi Van Nostran, San Salvador, El Salvador

218.                     María Victoria Chávez, Quezaltepeque, La Libertad, El Salvador.

219.                     Colectiva Nayarit Mujeres y Juventudes.

220.                     Rev. P. David Alvarado, San Salvador, El Salvador -Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador.

221.                     Milagros Valdeavellano, DNI: 07104824

222.                     Héctor Ruggiero Tremolada, DNI 06390074E

223.                     Carlos Aarón Herz Zacarías,DNI 72604294

224.                     Enrique Castro Vargas,  DNI 07764841

225.                     Sofía Vergara, cedula  N° 170740085-​7

226.                     Milagros de Chafloque Castro, DNI 40368584

227.                     Isabelle Anguelovsk​i, X2171150L

228.                     Heidi Marlene Juro Agurto, DNI: 41731103

229.                     Carlos Teobaldo Lecca Arrieta, DNI 07820349

230.                     Soledad Samamé Silva,   DNI 07215074

231.                     Manuela González C.C. 170502546-6

232.                     Zoilo Blas, DNI : 08562504

233.                     Humberto Ortega Rocca, DNI 09861079

234.                     Laura Milagros Casquero: 41155445 

235.                     Cecilia Méndez Gastelumendi, DNI 08799664

236.                     Libia Palestina Sulca Sánchez, DNI: 10792896

237.                     María Teresa Gomeza Villa, DNI: 16.026264-W

238.                     Nieves Pereda Chavarri, DNI: 22700060

239.                     Gerardo Renique Caycho, DNI: 06350465

240.                     Alberto Graña, DNI: 07797517

241.                     Hayde Gelsys Meza Ochoa, DNI: 40294873

242.                     Patricia Urteaga, DNI 07952139

243.                     Edgardo Fidel Guerra Jave, DNI: 08253415

244.                     Adolfo Avila Hinostroza, DNI: 06542298

245.                     Flor Fernández Sánchez, DNI: 08740794

246.                     Celia Mansilla Conza, DNI: 07712162

247.                     Rosa Villarán, para que no se repita. Org.pe

248.                     Javier Moises Silva Meinel, DNI: 07818775

249.                     Pedro Solano, DNI 07779354

250.                     Coordinadora Interfederal de salud

251.                     Martin John Scurrah      C.E. 000408401

252.                     Juan Raúl Borea Odría DNI 07183705

253.                     Luisa Cruz Hefti  DNI: 02626553

254.                     Melva Chang Castro DNI 07355398

255.                     Denisse Chávez Cuentas DNI 06633930

256.                     Mariela Jara Salas, DNI: 08051392

257.                     Pedro Mejía Chipayo, DNI: 41094178

258.                     Cecilia Piazza, DNI:07778552

259.                     Mabel Sarco, DNI: 07238812

260.                     Jessica Linda Baldeon Gonzales, DNI: 41859921

261.                     Luisa Zanabria Cuba, DNI: 06114437

262.                     Gina Cedamanos Rodríguez, DNI 07575215

263.                     Luis Humberto Bejar,  C.E. 000312765

264.                     Cristina López Wong, DNI: 05416100

265.                     Bennett Hunter Farrell M. -Pasaporte EE.UU. 028942536

266.                     Víctor Raúl Zevallos Ríos, DNI: 00026671

267.                     Nadia Vanessa Hurtado Basurto, DNI: 45703027

268.                     David Bayer , C. Extranjería N° 000336567

269.                     Guillermo Sarco, DNI: 07204251

270.                     Manuel Roman Flores Moreno Moncada, DNI: 07607509

271.                     Lucy Ann Trapnell,  DNI 05285897

272.                     Lorena Del Carpio Suarez DNI 40965890

273.                     Angy Emilyc García Gutiérrez, DNI: 72025739

274.                     Lincoln Nolasco Alvaron, DNI: 47146917

275.                     Ollantay Carlos Eduardo Sánchez Valle,  DNI: 45774907

276.                     Edda María Leyva Foley, DNI 08224080

277.                     Felien De Smedt. EH709297

278.                     Maria Pareja De La Cruz, DNI: 10578589

279.                     Lucy Ann Trapnell , DNI 05285897

280.                     Karina Elizabeth Hinojosa Adrianzén, DNI 10281589

281.                     Susana Ilizarbe Pizarro, DNI: 10550997

282.                     Louise Clark, CE 8022011

283.                     Floriano Dávila Rojas, DNI: 20697403

284.                     Diana Valarezo, DNI: 1709229619

285.                     Damian Alexander Luna Picon, DNI:06806317

286.                     Janeth Espinoza F. DNI: 17854689  

287.                     Juan Pablo Saavedra Limo, DNI: 10202571

288.                     Juan Hugo Trelles Hernández, DNI: 07744573

289.                     Cesar Ernesto Abeo Guanilo, DNI 25610537

290.                     Oswaldo Cáceres Loyola, DNI: 08584037

291.                     César Abeo Guanilo; DNI: 25610537

292.                     Romy García Orbegoso DNI: 09619597

293.                     Rosa Mendoza García, DNI: 10553440

294.                     Susana Ilizarbe Pizarro, DNI: 10550997

295.                     Benjamín Álvarez Jinéz, D.N.I. N° 10473759

296.                     María Luisa De La Torre Vicente DNI: 06264894

297.                     Blanca Dávila de Alvarado.DNI:16500883

298.                     Patricia Cottle Pazos, DNI 06292552

299.                     Humberto Enrique Cordero Galdós, DNI N° 09853111

300.                     Francisco Ercilio Moura, DNI 07012676

301.                     Gloria Vela Quichiz, DNI 06776397

302.                     Julio Cesar Gomez Quichiz ,  DNI: 08718661

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