¿Quién fiscaliza a Right Business?

Se han reportado altos niveles de contaminación del aire en La Oroya desde el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico. Luego de tres años de paralización, el complejo metalúrgico volvió a operar con uno de sus circuitos activos, el de zinc. Debido a esto, se han reportado altos niveles de contaminación del aire con dióxido de azufre. Estos resultados fueron reportados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones. Durante estos días, los niveles de dióxido azufre sobrepasaron los 3,200µg/m³ cuando el máximo permitido actualmente por la legislación, es de 80 µg/m³.

“Actualmente es la empresa Right Business  la encargada de operar el complejo. Ante los impactos ambientales reportados esta semana por Digesa, la pregunta que ha surgido de manera inmediata es saber cuáles son los mecanismos de control y fiscalización que está aplicando el Estado para supervisar a Right Business para que cumpla con los estándares ambientales requeridos”, dice Emma Gómez, subdirectora de CooperAcción.

La respuesta que ha dado Right Business ha sido la Resolución Ministerial 257-2006-EM que  otorgó un plazo adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre) a la ex operadora Doe Run Perú.

“Recordemos que esta norma estableció las condiciones en las que se le otorgaba la prórroga de ejecución del PAMA a Doe Run  y no nos queda claro si es la herramienta necesaria para fiscalizar a Right Business puesto que estamos ante un nuevo escenario de operación parcial del complejo, que viene operando en una ciudad que redujo sus niveles de contaminación debido a la paralización de casi 3 años (…) Lo que pedimos es mayor transparencia para que queden claros los instrumentos técnicos que van a permitir un adecuado control a Right Business: ¿cuáles son los parámetros de control? ¿Cada cuánto tiempo se van a realizar auditorías y monitoreos?“, dice Gómez.

Por su parte, el especialista en temas ambientales, Juan Aste, dijo que “desde un comienzo, el complejo metalúrgico tenía que cumplir con los estándares de calidad ambiental. Otra salida era darles un plazo para condicionar el funcionamiento del complejo para evitar cualquier tipo de contaminación.

”El Estado debe continuar con su rol de salvaguardar los intereses de cumplir con los estándares ambientales y de supervisión desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde la plataforma siempre hemos sostenido que cualquier empresa que opere el complejo metalúrgico de La Oroya debe cumplir estándares ambientales que garanticen un ambiente sano para La Oroya y su población.  Doe Run demostró por años su falta de voluntad por cumplir sus compromisos ambientales”, finaliza Emma Gómez.

Población de La Oroya seguirá vigilante. Rosa Amaro del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO): “Respiramos humo negro como de llanta quemada”

“Fue un amanecer negro”. Rosa Amaro, presidente del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) está en Lima y describe así la mañana del 28 de julio, día en que se reiniciaron las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya. Las máquinas de la fundición, que estuvieron paralizadas desde hacía tres años, se pusieron en marcha luego de que la empresa liquidadora Right Bussines tomara la dirección de forma temporal hasta que aparezca un comprador oficial.

Amaro no puede quedarse callada y exhorta al Estado “a velar por la salud de la población de La Oroya y prevenir cualquier tipo de contaminación”. Fueron los días 28, 29 y 30 de julio, cuando el aire se cargó tanto que “respiramos prácticamente humo negro como de llanta quemada, producto de la reactivación de los hornos del complejo. El humo fue tal que no se podía distinguir la fachada de la vivienda del frente de mi casa”, dice la activista. Las impresiones de Amaro fueron comprobadas por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín que alertó tres situaciones de emergencia desde que se reanudaron las operaciones del complejo. Durante aquellos días, la Dirección General de salud Ambiental (DIGESA) registró que los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.

“Nos ardía la garganta, nos faltaba el aire al respirar”, dice Amaro cuya casa se ubica en La Oroya Antigua, frente al complejo metalúrgico.  

No recibieron ninguna advertencia sobre la posible contaminación que se originaría cuando las máquinas de la fundición volvieran a funcionar. “Se nota que Right Bussines tiene la voluntad de trabajar bien pero debería haber informado a la población. Se debería haber llevado en marcha los estados de alerta en la ciudad”, dice.

Los estados de alerta pueden evitar una exposición mayor a la contaminación. Desde el 2007 existe un Plan de Contingencia para los Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca Atmosférica de La Oroya, aprobado por el desaparecido Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Una especie de acuerdo entre el Gobierno Regional de Junín,  el Ministerio de Salud, el SENAHMI de Junín, en ese entonces, Doe Run Perú y otras asociaciones de La Oroya, que consiste en declarar estados de alerta en la ciudad en situaciones de contaminación a fin de activar de forma inmediata un conjunto de medidas destinadas a la descontaminación y protección de la población vulnerable.  “Nadie nos alertó. Una forma de  menguar la contaminación sería usar mascarillas o no exponerse a la intemperie los periodos de más emisiones de gases, pero nadie nos advirtió”, dice Amaro.

Los días de inversión térmica (días de nevada) o días de ausencia de vientos, por ejemplo, son días de peligro. Aquellos días, dice la señora Amaro, la ciudad queda debajo de una especie de cúpula que concentra los gases tóxicos en el ambiente. “De acuerdo al Plan de Contingencia, la empresa tenía responsabilidad de reducir la cantidad de concentrado los días de inversión térmica para que los gases no sean abundantes, por ejemplo. Pero no se ha cumplido”, dice.

Por estos días se puede ver a una de las chimeneas de la fundición soltando, nuevamente, grandes cantidades de gases a la atmósfera de La Oroya.  Sin embargo, no es la única vía. Amaro dice que también hay emisiones de gases fugitivos que no se monitorean.

En La Oroya hay alrededor de 7 mil niños expuestos a la contaminación. Hasta hoy, la sentencia del Tribunal Constitucional (2006) que ordenaba al Ministerio de Salud a atender a la población de La Oroya, sobre todo a madres gestantes, a niños, a personas de la tercera edad, que padecieron la contaminación de la ex operadora del complejo metalúrgico, Doe Run, no ha sido efectiva. Un saludo a la bandera más, pues “hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de atención ni tratamiento médico”, dice Amaro para quien tampoco han cesado los hostigamientos en su contra, pese a ello, ha reafirmado su posición  de seguir vigilante.

La activista dice que los ataques contra ella y su familia continúan. Con el retorno del andar de las máquinas también han retornado las malas caras y las difamaciones. “La gente me dice que hablo de contaminación sólo porque tengo un hijo con discapacidad… (llora), que las ONGs me pagan millones de dólares, en la calle me dicen que por qué reclamo. Cuando paso por el mercado me dicen que soy vende cristo. Yo sólo quiero que las leyes ambientales se cumplan en La Oroya y que el Estado, el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud nos protejan”, dice. Debido a los hostigamientos ha tenido que pedir asesoría a Aprodeh. La Defensoría del Pueblo ha seguido su caso.

“No estamos en desacuerdo de que la fundición funcione, pero que se pegue a las normas cualquiera que sea el  operador, Doe Run, Right Bussines, el que venga”.

Plan de Contingencia: http://www.digesa.sld.pe/Plan.pdf

“Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’

Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP)

Representante de uno de los sindicatos de La Oroya dice que Doe Run Perú coaccionaba a los trabajadores. Sindicatos están en contra de que DPR retorne a la dirección del Complejo Metalúrgico.

“Si no apoyas la paralización no hay trabajo”, Manuel Rojas del Sindicato Unificado de Áreas de la Producción de La Oroya (SUTAP) resume así lo que fue laborar bajo el régimen de Doe Run Perú durante los últimos diez años. Él es trabajador del circuito de zinc del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que reinició sus operaciones parcialmente desde el 28 de julio último bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa que lleva a cabo la liquidación en marcha del complejo hasta que ingrese un nuevo operador.

Mientras tanto Doe Run continúa presionando. Ha demandado al Ministerio de Energía y Minas ante el Poder Judicial con la finalidad de desconocer al Estado en la Junta de Acreedores que se creó para llevar a cabo el proceso de liquidación.

“Right Bussines ha hecho todo el esfuerzo para reiniciar las operaciones, Doe Run nunca tuvo la voluntad. No aceptó reiniciar las operaciones al menos de uno de los circuitos porque estaba esperando que se le otorgara la ley para que siga operando y contaminando. Por eso consideramos que la paralización fue ilegal”, dice Rojas.

El Complejo Metalúrgico estuvo paralizado desde hacía tres años. Alrededor de 2,500 trabajadores continuaron marcando tarjeta y recibiendo el 70% de su sueldo. Manuel Rojas fue uno de ellos. El cambio en la actitud de los trabajadores hacia Doe Run, quienes en muchas oportunidades paralizaron la ciudad, se debe, según Rojas a que “el pueblo se dio cuenta que Doe Run los utilizó”.  

Existen cinco grupos sindicales en la fundición. Tres de ellos están formados por “empleados al servicio de Doe Run”, dice Rojas. “Doe Run coactaba a los trabajadores. Les decía ‘si no apoyas, no hay trabajo’ o ‘si no apoyas, vamos a perder todos’(…) Si Doe Run retorna el pueblo de la Oroya, el Estado tendrá que pensarlo dos veces. Volverá a utilizar al pueblo y someter al Estado”, agregó el dirigente sindical.

Por su parte, la abogada Nely Ledesma, asesora del sindicato del SUTAP dice que el giro de la actitud de los trabajadores hacia Doe Run se dio porque “se han dado cuenta que Doe Run incumplió sus obligaciones ambientales, incumplió con la construcción del último circuito y engañó a los trabajadores diciéndoles, el 2009, que la suspensión de la fundición era temporal (al final duró tres años), y diciéndoles, además, que el único culpable de la contaminación de La Oroya era el Estado porque no había resuelto el problema de los suelos. DPR les decía que en el suelo estaba la mayor contaminación y que por eso se enfermaban los niños”.

Ledesma agregó que durante los más de diez años que Doe Run operó en La Oroya no sólo fue zinc, cobre y plomo lo que se fundía en el complejo, “los trabajadores me dijeron que entraba todo tipo de residuos mineros. La llamada “basura”, concentrados de metales que ninguna otra empresa iba a fundir. Concentrados que contenían arsénico, altamente tóxico para la salud”.

Tanto Rojas como Ledesma recuerdan que no sólo los vecinos de la fundición fueron contaminados por las malas maniobras ambientales de Doe Run. “Los trabajadores han sido los más afectados a la concentración de plomo en la sangre”, dijeron.

José de Echave: “Proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico está marcado por el contra-ataque de Doe Run”

José de Echave, de CooperAcción, reafirma la posición de la Plataforma La Oroya por un cambio sobre la reactivación del complejo metalúrgico: cualquiera que sea el nuevo operador tiene que cumplir con los estándares ambientales.

El especialista en temas ambientales, José de Echave, de CooperAcción, dijo que el momento del proceso de liquidación en marcha del complejo metalúrgico de La Oroya está marcado por el contra-ataque de Doe Run Perú (DRP) para recuperar el control.

“Por un lado, si se consigue que no se reconozca al Estado como principal acreedor del complejo, Doe Run retomaría el liderazgo en la Junta de Acreedores. La empresa de Ira Rennert sostiene que la acreencia que el Estado está ejerciendo por el incumplimiento del PAMA no debería ser tomada en cuenta. Este argumento también lo utiliza Doe Run en el proceso ante un arbitraje internacional por el que demandó al Estado Peruano por US$ 800 millones de dólares, aduciendo que existió una relación asimétrica, de trato inequitativo del Estado hacia DPR”, dice De Echave.

Subrayó, además, que es sabido que Doe Run justificó la paralización del complejo metalúrgico por la situación económica difícil que atravesaba la empresa. Sin embargo, ha salido a la luz que en pleno periodo de crisis, los altos funcionarios de  esta empresa cobraron cantidades millonarias como parte de sus ingresos y de remuneraciones especiales. Juan Carlos Huyhua, ex Gerente General de Doe Run Perú, por ejemplo, había recibido más de un millón de soles como parte de bonificaciones especiales al margen de su sueldo que superaban los 60 mil soles mensuales. Esta información se ha conocido debido a las auditorías que la empresa liquidadora, Rigth Bussines está llevando a cabo. 

“Tampoco hay que obviar la millonaria campaña publicitaria que Doe Run desplegó en los medios de comunicación. No ha habido austeridad para este tipo de gastos”, agregó De Echave.

Otro de los escenarios que describe De Echave es que “en la práctica la liquidación en marcha del complejo significó la salida de Doe Run Perú. Por primera vez después de un periodo largo, la empresa salía de la gestión y el manejo y comenzaba a darse un resquebrajamiento entre la empresa y los trabajadores, quienes por muchos años respaldaron a DRP”.

En la actualidad, la Junta de Acreedores y Rigth Bussines han decidido reactivar los procesos productivos de uno de los circuitos del complejo. “Se ha reactivado los circuitos en los cuales los procesos de implementación de inversiones ambientales a través del PAMA han sido cumplidos”. 

El proyecto que Doe Run Perú incumplió fue la planta de ácido sulfúrico para el circuito de cobre. Se ha tomado la decisión de retomar las operaciones con el circuito de zinc, que no es el más rentable. El plan es que después del reinicio del zinc, se reinicie el circuito de plomo y finalmente, de culminarse las inversiones, el de cobre. 

“Una de las propuestas legislativas que la Plataforma planteó es que el reinicio de las operaciones sea gradual y a partir de los procesos de inversiones que ya han sido cumplidos. La Plataforma mantiene su posición de que la actividad metalúrgica en La Oroya debe tener viabilidad respetando las obligaciones ambientales, económicas y sociales para con la población. Seguimos preocupados por los impactos que ha tenido en la salud. Nunca señalamos que el complejo tenía que cerrarse sino que el operador tenía que respetar los estándares ambientales y los impactos que generarían en la población, la idea es buscar esos equilibrios. Ahora que Doe Run ha perdido espacios se empieza a avizorar estas posibles soluciones”, dijo.

Respecto al proceso de arbitraje, que podría tener un desenlace fatal para el Estado peruano pues de perderlo tendría que pagarle a Doe Run como mínimo US$ 800 millones de dólares, De Echave dijo que están en un proceso de definición de estrategias de parte del Estado, el estudio de abogados está documentando la información. No hay información concreta de cuánto ha avanzado el caso. Está pendiente desde el 2011.

La Oroya estaba en crisis pero su gerente cobraba millones

Informe periodístico tomado del Diario La República
Ángel Páez.
María Elena Hidalgo/

Liquidadora de Doe Run del Perú descubrió que el ex presidente y ex gerente general Juan Carlos Huyhua recibió en el 2011 más de un millón y medio de soles como “bonificación extraordinaria”. Su esposa también obtuvo bono.

El ex presidente y ex gerente general de la compañía Doe Run del Perú (DRP)Juan Carlos Huyhua, quien hasta mayo de este año mantuvo bajo su control el complejo metalúrgico de La Oroya, obtuvo millonarios ingresos mientras que la empresa soportaba una aguda crisis que derivó en el actual proceso de insolvencia en el que se encuentra.

De acuerdo con fuentes relacionadas con la Junta de Acreedores de DRP, entre los que se encuentra el Ministerio de Energía y Minas, los cuantiosos pagos a Huyhuafueron detectados por Right Business, contratada para ejecutar el proceso de liquidación de la compañía de propiedad del multimillonario estadounidense Ira Rennert.

Con el argumento de que carecía de recursos debido a la crisis económica mundial, Rennert se resistía a construir una planta de ácido sulfúrico como parte delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y así reducir los altísimos niveles de contaminación de la población de La Oroya. Empero, sí contaba para abonar grandes cantidades de dinero no solo a Juan Carlos Huyhua sino también a su esposa, Carmen Zegarra Benavente, quien supuestamente laboraba para DRP.

La República buscó a Huyhua en sus residencias de Las Casuarinas y en La Oroya, y no  lo ubicó. Tampoco respondió a las llamadas a sus teléfonos fijos y móvil, a pesar de que reporteros de este periódico le dejaron mensajes a los empleados de su casa y en la grabadora de voz.

El 2011, Huyhua solicitó a Ira Rennert un "bono de éxito" porque DRP había experimentado un crecimiento. Pero le denegaron el pedido. Sin embargo, en lugar del "bono de éxito" le concedieron 793 mil 661 soles bajo el concepto de "bono de retención". Es decir, un pago como estímulo para que Huyhua permaneciera en La Oroya mientras duraba la crisis económica, según las fuentes consultadas. Adicionalmente, le asignaron otro bono por 793 mil soles 662, por el mismo concepto. En total, obtuvo 1 millón 587 mil 323 soles. Y La Oroya estaba cerrada.

Entre tanto, continuó cobrando un sueldo mensual de 62 mil 989 nuevos soles.

Durante la revisión de la contabilidad, la liquidadora  Right Business encontró otros pagos sorprendentes.

La esposa de Huyhua, Carmen Zegarra Benavente, también había cobrado en el2011, como "bono extraordinario", la suma de 415 mil 026 soles. Además, tenía asignado un sueldo de 19 mil 754 soles.

En febrero del 2009, al paralizar sus actividades el centro metalúrgico de La Oroya, DRP resolvió abonar solo el 70 por ciento del sueldo a los trabajadores. Pero Huyhua y su señora siguieron percibiendo sus remuneraciones completas de 62 mil 989 y 19 mil 754 soles cada uno.

En suma, el matrimonio Huyhua-Zegarra obtuvo un ingreso extraordinario en el 2011 –cuando La Oroya tenía casi dos años de inactividad– más de 2 millones de soles como retribución.

Lo llamativo es que al verificar las planillas y el registro de ingresos y salidas de empleados, la liquidadora Right Business detectó que la esposa de Huyhua durante un año no había firmado el registro de asistencias, pero sí había estampado su firma en las boletas de pago, entre el 2010 y el 2011.

Luego se cruzó información con el movimiento migratorio de Zegarra y se estableció que buena parte del tiempo se encontraba viviendo en Estados Unidos.

A partir de esta información relevante sobre el sospechoso manejo financiero de DRP,Right Business ha resuelto practicar una auditoría, especialmente sobre las actividades de Juan Carlos Huyhua y su entorno más íntimo. Se cree que él y su cónyuge en años anteriores también recibieron "bonos extraordinarios".

LA JUGADA DE RENNERT PARA EL RETORNO DE SU GERENTE FAVORITO

Un mes antes de que ingresara a La Oroya la empresa liquidadora Right Business,  y cuando todavía ejercía como presidente y gerente general de Doe Run del Perú (DRP),Juan Carlos Huyhua demandó al Poder Judicial anular el reconocimiento delMinisterio de Energía y Minas como acreedor.

El propósito de Huyhua es que al desconocerse al Minem como acreedor de DRP, su socio,Doe Run Cayman, se convertiría en el principal acreedor. Si funciona la jugada, Ira Rennert volvería a tomar las riendas de La Oroya, pero por intermedio de Doe Run Cayman.

Por eso, Rennert ha presentado un nuevo Plan de Reestructuración en el que se restituye a Huyhua como presidente y gerente.

CLAVES

Desde 1997 al 2006, Huyhua ejerció como vicepresidente de DRP. Desde el 2006 hasta 2012 cumplió funciones de presidente y gerente general.

El 25 de mayo del 2012, la liquidadora Right Business  asumió el control del centro metalúrgico de La Oroya y al mes siguiente destituyó y despidió a Huyhua, DRP fue declarada insolvente el 14 de junio del 2009.

Alerta ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico

Emma Gómez, de CooperAccion, integrante de la Plataforma La Oroya por un cambio advierte ante posible reingreso de Doe Run Perú al Complejo Metalúrgico.

 “El Estado debe poner condiciones”

Dos estrategias son las que ha ideado, Doe Run Perú para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Por un lado, presiona para que la Junta de Acreedores, acepte un nuevo plan de reestructuración, poniendo fin al proceso de liquidación en marcha. Por el otro, Doe Run busca mediante la vía judicial desconocer la acreencia del Estado peruano y con ello dejar fuera al Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la Junta de Acreedores.

El complejo metalúrgico de La Oroya estuvo paralizado durante tres años y estas semanas reinició sus operaciones bajo la batuta de Rigth Bussines, la empresa liquidadora que tiene como función administrar el complejo por los próximos seis meses hasta que otro operador ingrese. “El plan de Ira Rennert, propietario de Doe Run Perú, es que la Junta de Acreedores acepte la reestructuración de la empresa para retomar el control. Y eso es lo que sigue intentando ante la Junta de Acreedores presentando el plan de reestructuración y a través del Poder Judicial presionando para que el Estado quede fuera y que sea Doe Run Cayman el máximo acreedor”, dice Emma Gómez, sub directora de CooperAcción.

El proceso judicial para desconocer al Estado Peruano está en curso. Doe Run planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma  Bacilio Salazar buscando invalidar la resolución de Indecopi que reconoce al Estado como acreedor.  Si la magistrada Bacilio resuelve a favor de Doe Run, el Minem perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.

Por otro lado, “Doe Run ha querido que se acepte su plan de reestructuración, que no garantiza el cumplimiento de estándares ambientales. Recordemos que esta empresa no culminó la construcción de la planta de ácido sulfúrico que garantizaría un ambiente sano”, agrega Gómez.

Recordemos, además, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  (OEFA) debería realizar una auditoría ambiental a Doe Run y cumplir con su rol fiscalizador y sancionador ya que es evidente que Doe Run no cumplió con su último proyecto.

“Respecto a los sindicatos, Doe Run ha perdido la credibilidad”, dice Gómez. Rigth Bussines al adquirir la administración del complejo les ha garantizado que seguirán recibiendo sus sueldos. Sin Doe Run presionando, los sindicatos tienen una posición de apoyo al Estado, han reconocido la importancia de un respeto por el medio ambiente y que Doe Run no es una empresa responsable y que no sería bueno que retome el control del complejo.

Gómez subrayó que “ya que el complejo será ofertado, el Estado debe poner condiciones: cumplir con los estándares ambientales, con todos los proyectos para que el complejo vuelva a funcionar en buenas condiciones, respetar los acuerdos laborales, tiene que haber un compromiso a la salud con la población afectada y establecer medidas de contingencia que garantice que no se afecte la salud de la población”, dice.

“Reconocemos que el Estado ha tenido una posición firme. Lo peor que puede pasar es que la Junta de Acreedores acepte el plan de reestructuración y Doe Run regrese a operar. El escenario sigue siendo complejo, esperamos que el proceso judicial siga un curso normal. Consideramos que hay suficientes argumentos”. 

Otra vez Doe Run

Escribe: Emma Gómez Moreno

Para la empresa Doe Run Perú (DRP) y su dueño Rennert parece no haber límite alguno. En efecto, desde que están en el Perú no sólo han logrado que La Oroya sea una de las ciudades más contaminadas del planeta, sino que han obtenido dos extensiones  de los plazos para el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y así han postergado de manera indefinida sus obligaciones ambientales, condenando a La Oroya y a su población a vivir expuesta a una permanente contaminación por metales pesados. Ha sido tan reprobable su comportamiento que hasta la propia Sociedad Nacional de Minería la expulsó de sus filas.

No conforme con esto, DRP encontró en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos una herramienta para obtener una indemnización millonaria de parte del Estado peruano. En efecto, haciendo uso de los mecanismos de protección al inversionista extranjero del TLC, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional exigiendo el pago de 800 millones de dólares por haber recibido un supuesto trato injusto e inequitativo en el Perú.

Luego de alegar una supuesta crisis financiera y buscar justificar el reiterado incumplimiento del PAMA, entraron en un proceso concursal ante el INDECOPI, mediante el cual la junta de acreedores debía definir si la empresa sería reestructurada o liquidada. Uno de los principales temas era determinar si el PAMA sería reconocido como acreencia, lo que habilitaría al Estado a participar en la junta. Finalmente el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en representación de Estado peruano, fue convocado a la junta por una acreencia de S/. 439.7 millones precisamente por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose así en el mayor acreedor de DRP.

El pasado 18 de enero,  Doe Run planteó una demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Enma Bacilio Salazar, argumentando que el incumplimiento de la construcción de la planta de ácido sulfúrico, como parte del PAMA, no se puede tomar como una deuda a favor del Estado peruano, y lo que más bien procede son sanciones administrativas, y de ninguna manera una obligación patrimonial cuantificable. El propósito de Rennert es que, mediante vía judicial, se deje sin efecto la resolución del INDECOPI que reconoció al MINEM como acreedor principal de la insolvente DRP. 

El proceso judicial, en el que según fuentes del MINEM y del INDECOPI se han registrado irregularidades, ha avanzado excepcionalmente rápido y la magistrada Bacilio Salazar emitirá sentencia en los próximos días. Esto es sumamente preocupante si consideramos que el 22 de agosto la Junta de Acreedores del Completo Metalúrgico de La Oroya se reunirá para evaluar un nuevo plan de reestructuración financiera de DRP.  En caso que la magistrada resuelva a favor del multimillonario Ira Rennert, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía nada menos que Doe Run Cayman, empresa vinculada a DRP. Es decir, Ira Rennert recobraría el control de DRP, lo que sería nefasto para La Oroya, los trabajadores y su población.