ü Monseñor Barreto señala
que ampliación de PAMA para Doe Run es indigno para los peruanos.
Durante doce
años, Doe Run Perú operó en La Oroya arrojando
las 24 horas del día humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico
y otros metales pesados. Según lo establecido en su Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA), la empresa estadounidense tuvo diez años para invertir
en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico
pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos
años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron
postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir
operando el complejo metalúrgico. Siguió contaminando legalmente, y las
consecuencias en el transcurso de los más de diez años, son los severos e
irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y
otros gases tóxicos, con graves problemas respiratorios y con el riesgo de
desarrollar algún tipo de cáncer.
La iniciativa legislativa promovida
por el congresista Casio Huaire, que ampliaría el PAMA a Doe Run Perú por
tercera vez -que actualmente se encuentra en debate público- no tiene ningún acápite
que haga referencia al derecho a la vida y de vivir en un entorno sano, el
mismo monseñor Pedro Barreto, coordinador de la Mesa
de Diálogo Ambiental de Junín, manifestó su indignación y señaló que dicha iniciativa
no tiene ningún atisbo de defensa de la vida y de la salud de la población, “la
mesa ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición
del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida
indigna para un peruano o peruana, y que
beneficia únicamente a Doe Run", dijo.
Indicó que el artículo 8 también le da opción a una nueva
ampliación. "El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre
dice una cosa y después hace otra", señaló Barreto, al asegurar que el
pedido de una exoneración de multas, tal como lo solicita el legislador Huaire,
es un premio a una empresa irresponsable.
Por su parte Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos sostuvo que el actual gobierno tiene una visión desfasada de los derechos humanos y
nos vende una visión engañosa del desarrollo. Nos muestra un falso desarrollo
enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva. “Con el
caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es
proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una
escusa para dejar de lado la protección
de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente
es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dice Pérez.
Señala además que el desarrollo “debería entenderse como un incremento del
bienestar de las personas y sus posibilidades vitales. Un desarrollo no se construye en base a
destruir el futuro de los niños”.
“No se puede plantear una dicotomía entre el derecho a la salud o
el derecho al trabajo. El Estado debería encontrar una fórmula que permita
garantizar el respeto a ambos derechos y no colocarlos en dos posiciones
contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo
de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la
contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y
de ingresos”.
Igualmente, la abogada, Gloria Cano
de Aprodeh opina que no existe contraposición de derechos más bien debe prevalecer
tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo. “La población y los
trabajadores tienen el derecho de insistir de que se reabra lo que consideran su
principal fuente de trabajo en la región, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla esta
actividad y aquí entra a tallar el derecho a la salud. Ambos derechos no pueden
contraponerse. El trabajador de Doe Run tendrá derecho al trabajo y a un
trabajo digno.
Finalmente, Mar Pérez dijo que la
contaminación de Doe Run genera otro tipo de pobreza al país que no aparece en
las cuentas de la empresa pero repercute en el bolsillo de las familias.
¿Cuánto gasta una familia en medicinas para tratar las enfermedades contraídas
por la contaminación con gases tóxicos? La exposición a altos niveles de
contaminación le cuesta al país proyectos de vida quebrados, pone un riesgo la
capacidad de producción de su fuerza de trabajo y el rendimiento de un trabajador
se ve mermado con la salud deteriorada.
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