“No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”

Entrevista Monseñor Pedro Barreto

Desde Huancayo, el coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, Monseñor Pedro Barreto concedió una entrevista a la Plataforma La Oroya por un cambio para hablar sobre la posible ampliación del PAMA de Doe Run Perú.

Monseñor Barreto es tajante al asegurar que el proyecto de ley presentado por el congresista Casio Huaire es inconstitucional, porque es un proyecto de ley con nombre propio: Doe Run Perú. “Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido de la gravísima contaminación ambiental. De aprobarse esta iniciativa en el Parlamento, espero que Ollanta Humala no lo promulgue, porque contradice su propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”, sostiene.

¿Por qué el proyecto de ley presentado por Huaire es inconstitucional?

Porque atenta contra la vida y la salud de la población de La Oroya. Estoy  ingratamente sorprendido por el desenlace que ha tenido una situación que continúa igual desde hace ocho años. En noviembre pasado, el Ministerio de Salud comprobó que existe una relación directa entre la emisión de gases tóxicos de la chimenea de la fundición y la intoxicación de la población con gases pesados como dióxido de azufre y con metales como plomo, cadmio y arsénico. No estamos diciendo que nos negamos completamente a que Doe Run reinicie sus operaciones, sin embargo, decimos sí a la fundición siempre y cuando, de manera previa, se cumpla con el Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) en este plazo de 30 meses que le concederá el Congreso. De lo contrario volveremos a tener los altos índices de contaminación. La posición de la Iglesia es muy clara: sí al reinicio pero con el cumplimiento previo del PAMA.

La posición de la empresa  (Doe Run Perú) es levantar su fuerza laboral (3,500 trabajadores) y económica en la zona, sin embargo no hay ni una posición en cuanto a la salud de la población de La Oroya, que son alrededor de 35 mil, y esa misma posición la tienen incluso los trabajadores, hay una mirada solo desde el enfoque al derecho laboral y no de salud, que es un derecho fundamental de la persona humana… 

Estamos en un país donde los trabajadores se ven obligados a trabajar sabiendo que son afectados en su salud.  Por esta contradicción de intereses es que tenemos que mantenernos firmes. El gobierno y la Constitución hablan que el fin supremo del Estado es la persona, y hay que ayudarla a respetar sus propios derechos y a no someterlos por intereses económicos.  (…) La pregunta de fondo a Doe Run Perú es: ¿Por qué no ha cumplido el PAMA en estos 30 meses? El plazo se vence este 31 de marzo ¿por qué no ha cumplido con esta obligación ética y moral? Ahora volveremos a tener los altos índices de dióxido de azufre y de plomo en el aire de La Oroya.

¿Cómo explica Ud. que parte de la población de La Oroya esté a favor del reinicio de las operaciones de la fundición cuando esta afecta su salud?

La Oroya se crea alrededor de la fundición polimetálica desde 1922, primero bajo el control de  la Cerro de Pasco Corporation y después Centromin Perú. Estas empresas se convirtieron en el eje central de la vida económica de la ciudad. Sin embargo, se ha mitificado que “La Oroya se haya convertido en una ciudad fantasma” tras el cierre de la fundición. Es cierto que ha bajado el movimiento económico de manera considerable pero La Oroya sigue viviendo y merece un ambiente sano como el que se respira ahora. Además, ninguna población debe depender exclusivamente de una industria minera porque esta actividad tiene un techo. El proyecto Toromocho, por ejemplo, tendrá una duración de 40 años,  y luego ¿qué pasará?  (…) Lamentablemente, la historia de La Oroya es una historia de complicidades y de irresponsabilidades. Tanto el Estado, como las empresas  y la sociedad que no han tenido un espíritu crítico de defender sus propios derechos. No nos negamos a que hayan industrias extractivas pero con responsabilidad. Sin embargo, cuando el Estado está en conveniencia con los intereses económicos y cuando la población se suma a este tipo de aberración contra la vida y la salud tenemos este resultado.

¿Cómo ve la actuación del gobierno de Ollanta Humala sobre Doe Run Perú?

Espero que Ollanta Humala no promulgue la ley porque contradice con su propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas. Esperamos que Ollanta Humala tome en cuenta su propuesta porque es el único camino de pacificación. Esperamos, también, que el Congreso asuma su responsabilidad de velar por la vida y la salud y la población. Soy un convencido de que puede haber una minería responsable con la participación del Estado y la sociedad civil.

Entrevista Juana Gallegos/Plataforma La Oroya por un cambio