José De Echave: “Existen todos los indicios para saber que Doe Run no cumplirá con el PAMA

El pasado 7 de febrero los integrantes de la “Plataforma La Oroya por un cambio”, encabezado por  el ex viceministro del Ministerio del Ambiente, José De Echave y la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro expusieron las consecuencias negativas frene al reinicio de las operaciones del Centro Metalúrgico de La Oroya.

El tema de La Oroya debe ser enfocado desde varios puntos, dijo De Echave. El primero es el incumplimiento de la empresa en la ejecución del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Desde 1997, Doe Run debió haber invertido $129 millones de dólares en la ejecución de proyectos de adecuación del complejo metalúrgico a la legislación ambiental vigente. El 2007 se cumplió el plazo y ningún proyecto fue ejecutado. Durante este periodo el PAMA tuvo 4 modificaciones: 19/10/1999 (tratamiento del agua madre); 10/04/2001 (tratamiento de efluentes líquidos); 25/01/2002 (tratamiento de efluentes líquidos); y el 03/04/2004 (declarada improcedente); y dos ampliaciones: el 2006 en el gobierno de Toledo y el 2009 en el gobierno de García. 

En total han sido 9 los proyectos de inversión para  reducir los daños al medio ambiente con los que Doe Run no ha cumplido. El más importante fue la construcción de una planta de ácido sulfúrico valorizado en  $ 107 millones de dólares. Su construcción era de vital importancia para la disminución de emisiones de dióxido de azufre al ambiente.

“Con estas concesiones a Doe Run le damos un pésimo mensaje a los inversionistas. El que no cumple con los acuerdos termina siendo el más favorecido”, dijo De Echave.

El segundo punto mencionado por De Echave fue el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República que le permitiría a Doe Run reiniciar las operaciones del  Centro Metalúrgico La Oroya. El proyecto presentado por el congresista Casio Huaire Chuquichaico, de Alianza Parlamentaria,  busca darle un nuevo plazo a Doe Run para la culminación de la construcción de la  “Planta de Ácido sulfúrico y modificación del circuito del cobre”. Esta vez el plazo sería de 24 meses, tiempo en el que la minera adecuaría su infraestructura para el cumplimiento del PAMA, el cual tiene por finalidad que las empresas reduzcan sus niveles de contaminación y no dañen irreversiblemente el ecosistema.

Sin embargo, el historial de omisiones de Doe Run la condenan ¿Qué garantizaría que esta vez Doe Run cumpla?

“Este proyecto de ley pretende otorgarle varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Hay varios artículos que nos preocupan. Es una propuesta flexible, sumamente favorable para la empresa y  en contra del bienestar de la población”, dijo De Echave. Hay que recordar que La Oroya figura entre las diez ciudades más contaminadas del mundo y mientras Doe Run facturaba, entre el 2005 y 2009, utilidades netas por $ 504 millones de dólares, más niños seguían siendo contaminados por las emisiones de gases tóxicos del complejo metalúrgico como cadmio, arsénico y plomo.  El incremento de las  ganancias de Doe Run no iba de acuerdo a sus obligaciones ambientales.

“Existen todos los indicios de que esta vez sea otro proceso poco serio. Además, el proyecto de ley le deja abiertas varias puertas a la minera.  Hay un artículo que le da las facilidades para exonerarla de las numerosas multas y sanciones pendientes. Y otro en el que se le otorgarían nuevas prórrogas para el cumplimiento de los proyectos de inversión pendientes”, dijo De Echave.

Finalmente, hay que recordar que Doe Run demandó al Estado Peruano por $ 800 millones de dólares  amparados en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que protege a la inversión privada. La empresa considera que ha recibido un trato injusto por parte del  Estado. Nueve congresistas estadounidenses pidieron que el Estado Peruano sea sancionado y que el apoyo que recibimos del Banco Internacional de Desarrollo sea evaluado.

De Echave opina que Doe Run es una empresa poco transparente, que es preocupante la situación de los trabajadores que se han quedado sin trabajo desde que se paralizó las operaciones de la empresa. Sin embargo,   una empresa acostumbrada a incumplir no les garantizaría estabilidad a los trabajadores.

Igualmente, Rosa Amaro pobladora de La Oroya dijo que la provincia no subsiste únicamente de la minería, que el Estado, mediante el Ministerio de Salud, no ha mostrado ningún interés por dar tratamiento a los terribles daños de salud que han sufrido los pobladores luego de haber sido contaminados por la minera por tantos años.  “Parece que el Estado quiere favorecer a una trasnacional que no cumple con el PAMA y no se preocupa por la salud de la población”, dijo Amaro.