sábado, 18 de febrero de 2012

Derecho a la salud, al trabajo y la vida digna de La Oroya no debe estar por debajo del interés económico de Doe Run Perú


Ante el inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, administrado por la empresa estadounidense Doe Run Perú (DRP), la Plataforma “La Oroya por un Cambio” (conformada por diversas instituciones y redes de la sociedad civil con una vasta experiencia de trabajo en la zona), señala que el derecho a la salud, al trabajo y a la vida digna en La Oroya, no debe estar por debajo del interés económico de DRP. Recordemos que esta empresa, es la principal responsable por los daños ambientales y a la salud en La Oroya, considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, junto a Chernobyl.


Esta plataforma reconoce el aporte económico de la empresa a la ciudad no obstante considera que DPR debe reiniciar sus operaciones cumpliendo con los estándares ambientales que garanticen la salud de los pobladores de La Oroya. En este sentido, es de vital importancia que concluya su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), con la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, proyecto que quedó paralizado y que resulta importante para reducir los niveles de contaminación de la fundición.


La plataforma manifiesta su preocupación por los impacto en la salud que se generarían, de reiniciar operaciones el complejo metalúrgico sin las debidas inversiones en el PAMA.Doe Run Perú es responsable por los severos daños a la salud en niños y gestantes, que se revelaron en 1999 cuando el propio Ministerio de Salud informó que el 99% de los niños estaban intoxicados por plomo. A casi tres años de la paralización del Complejo Metalúrgico, los niveles de plomo en sangre de los niños han bajado, según resultados del último Censo Hemático del 2011, pero todavía persisten en promedio niños con niveles de plomo por encima de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, es decir 10ug/dl microgramos por decilitro de plomo en sangre.


El reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico sin las condiciones adecuadas significaría volver a respirar diariamente, toneladas de plomo, cadmio, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados. Y significaría también que las gestantes den a luz a niños con altos índices de plomo. Como lo demostró un estudio de ESSALUD del 2006, en donde el 75% de los recién nacidos muestreados, tenían entre 6ug/dl y 10ug/dl, con riesgo de incrementar ese nivel en el transcurso de los años.

Por estas razones, la plataforma cuestiona la tercera ampliación del PAMA que se está impulsando en el Congreso, a través de un proyecto de ley. Según el contrato inicial que firmó el Estado peruano y DRP, el PAMA debió ser culminado el 2006, pero se modificó tres veces y se amplió dos. Si tomamos en cuenta el historial de incumplimientos y sanciones de DRP, nada garantiza que esta vez sí vaya a cumplir su PAMA.


Otro tema escandaloso, es la demanda de arbitraje interpuesta por Renco Group (matriz de DPR) contra el Estado Peruano por US$ 800 millones de dólares ante UNCITRAL. La empresa, amparado en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU, está argumentando entre otras cosas, un supuesto incumplimiento del Estado peruano, en su negativa de remediar los suelos de La Oroya y alrededores. La Plataforma exhorta al Gobierno, a mantener una posición firme, que evite una absurda indemnización a favor de Doe Run Perú a la que, irónicamente, tendríamos que pagarle todos los peruanos, siendo ellos quienes tienen una deuda ambiental y moral con el Perú.

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