La Junta de acreedores de Doe Run ha decidido que sea la misma empresa la que presente un plan de reestructuración para salvarse. Mientras, la contaminación persiste.
En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal. En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.
Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una
estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado
Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa
la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar
una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la
resolución de Indecopi
que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza
los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de
las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.
LA ESTRATEGIA DE
DOE RUN
Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en
los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha
recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte:
la remediación de suelos en La Oroya.
La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es
la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de
adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro
veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y
2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de
ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos
beneficios.
La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible
promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta
empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar
por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para
evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.
Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor
Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria
Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La
también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque
dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de
ley.
El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea
desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los
estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha
reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en
la elaboración de la propuesta.
Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha
dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando
las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar
beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el
presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio
Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas
haya participado en la elaboración de la propuesta.
En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios
están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y
Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños
desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del
Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga,
pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.
¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería
por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad
de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este
Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo
otorgado a Doe Run el 2009.
¿QUÉ OPINAN EN
EL CONGRESO?
“Es una empresa a la que se le han dado todas las oportunidades y no las
ha aprovechado. Vamos a ser muy estrictos porque el daño ambiental no puede
seguir”ANTONIO MEDINA. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
“Doe Run es una empresa tramposa. Se aprovecha de la población para
exigir una ampliación más, pero no se puede seguir así. Seremos severos”
FREDDY OTÁROLA. GANA PERÚ
FREDDY OTÁROLA. GANA PERÚ
“Una ley no puede ir contra las obligaciones que tiene una empresa con
el Estado Peruano. La propuesta [del congresista Casio Huaire] debería ser
rechazada”
HUMBERTO LAY. COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA
HUMBERTO LAY. COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA
“La Oroya es ante todo un problema social. Por eso la empresa tiene que
seguir adelante. Hay la necesidad de ampliar el PAMA, pero con nuevas
condiciones”
CECILIA CHACÓN. FUERZA 2011
CECILIA CHACÓN. FUERZA 2011
“En esta ley han participado algunos dirigentes del sindicato que trabajadores de Doe Run y conocen la realidad y los problemas de la empresa”
CASIO HUAIRE. ALIANZA PARLAMENTARIA
Escribe Nelly Luna
Tomado de El Comercio
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