lunes, 27 de febrero de 2012

“El costo de un arbitraje internacional puede superar los presupuestos de los ministerios de Salud y Educación”


A la larga lista de incumplimientos de compromisos ambientales y de salud de la población de La Oroya, la empresa Doe Run Perú, que durante 13 años ha tenido licencia para contaminar la ciudad de La Oroya –mediante dos ampliaciones de su PAMA y 3 modificaciones de la misma-, ha procedido a dos demandas al Estado Peruano, la última presentada hace unos días ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor, y la primera presentada en abril del 2011 ante un arbitraje Internacionales por US$ 800 millones de dólares. “Lo que equivaldría  a  todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud, hay que añadir a eso, además, el pago al estudio de abogados que defienda al Estado. Y todo parece indicar que perderemos el caso”, dice Alejandra Alayza, coordinadora general de Redge, miembro de la Plataforma La Oroya por un cambio.

La estadounidense Doe Run demandó el Estado Peruano ante un arbitraje internacional argumentando que el Perú había sido “injusto e inequitativo” y que “no había cumplido con brindarle total protección y seguridad”. El artículo incumplido es el 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo X del TLC con EE.UU. Alayza explica el contexto en el que una empresa que ha incumplido con el Estado y que ha convertido a La Oroya en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos demanda.

Y es que existen antecedentes de Estados que han tenido que resarcir a los inversionistas extranjeros por incumplimiento de las condiciones de un tratado de libre comercio. Es el caso de México. El 2000, el estado mexicano tuvo que pagar 16 millones dólares a la empresa estadounidense Metalclad Corporation que quería reabrir un confinamiento de residuos tóxicos en la ciudad de Guadalcázar en el Estado de San Luis Potosí. Como el municipio se negó a la instalación del basurero tóxico, la empresa demandó al Estado ante un arbitraje internacional y amparado en una clausula de su TLC  con EEUU terminó pagando esa compensación.

Y es que detrás de esta millonaria demanda habría una fila de empresas extranjeras que podrían recurrir a lo mismo generando un gran desembolso de las arcas nacionales. Según la socióloga, el Estado Peruano podría ser demandado por otras empresas mineras. “Está el proyecto Conga que tiene a la estadounidense Newmont como socia. Si le exigimos mayores desembolsos podrían decir que hemos cambiado las reglas del juego y valerse del TLC para demandarnos. Tenemos a Bear Creek Mining cuyo proyecto minero Santa Ana en Puno fue cancelado”, dijo. “Es un blindaje al capital cuando se le exige que se porte un poco mejor en relación a sus obligaciones sociales y ambientales”, añade.

En este caso, El TLC con Estados Unidos deja abiertas varias clausulas que ponen como prioridad a la inversión extranjera por sobre la garantía del cumplimiento de políticas públicas. “En su capítulo de inversiones incorpora principios para darle todas garantías a los inversionistas y que de no cumplirse las condiciones entonces estos puedan demandar al Estado. Este procedimiento se ha convertido en un mecanismo de presión indirecta sobre cambios en políticas públicas ya que los costos son muy altos. Si el gobierno de Humala quisiera hacer una zonificación ecológica, por ejemplo, las empresas nos podrían demandar. Es costoso asumir todos los procesos que pueden venir”.

Entonces, ¿el Estado estaría maniatado? “En el contexto actual de globalización, las garantías que le dan al capital están por encima a las garantías que debe tener el Estado con su población. Por ejemplo, nuestro TLC con USA garantiza que un inversionista extranjero no puede ser tratado distinto a un inversionista nacional. Ese es el argumento que está usando Doe Run cuando se le ha exigido el cumplimiento del PAMA”.

“Otro mecanismo que permite la demanda es la expropiación indirecta. Es un mecanismo por medio del cual cualquier acción del Estado que implique que el inversionista tenga más obligaciones podrá ser tomada como pretexto para que la empresa demande al Estado”, dice Alayza.

“Las cláusulas del TLC terminan siendo un  blindaje sobre un modelo de desarrollo en el cual se congela el marco normativo. Todos los inversionistas que han entrado con las reglas de los noventa, cuando éramos un país en crisis y nos inventamos reglas de atracción de inversión, esperan que las reglas no se modifiquen porque les generarían más obligaciones. Actualmente, que el Estado quiera realizar cambios más democráticos como subir la valla de estándares de protección del medio ambiente, por ejemplo, podría ser razón para que los inversionistas terminen demandándonos”.

Pero, ¿qué hace un país como el Perú que ya tiene TLC? “Queda la opción de revisar los tratados de libre comercio. No todos los países tienen una política de inversiones tan permisivas. Brasil, el gigante de la globalización, no tiene ningún tratado de libre comercio. No es cierto que se necesite dar estos blindajes a la inversión para atraerla (…) La opción sería abrir mecanismos de renegociación, revisar los TLC’s e identificar los mecanismos para condicionarlos y que no se permitan que sean admisibles casos como el de Doe Run”.

La socióloga dijo además que lo de Doe Run nos va mostrando que se tiene que repensar el rol del Perú en la globalización. “No somos el Perú de los noventa, con crisis y terrorismo. Ahora con la crisis europea las inversiones van a venir al Perú. Tenemos que hacer una nueva política de inversiones”, añadió. 

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