A la larga lista de
incumplimientos de compromisos ambientales y de salud de la población de La
Oroya, la empresa Doe Run Perú, que durante 13 años ha tenido licencia para contaminar
la ciudad de La Oroya –mediante dos ampliaciones de su PAMA y 3 modificaciones
de la misma-, ha procedido a dos demandas al Estado Peruano, la última
presentada hace unos días ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la
resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal
acreedor, y la primera presentada en abril
del 2011 ante un arbitraje Internacionales por US$ 800 millones de dólares. “Lo
que equivaldría a todo el presupuesto del Ministerio de
Educación y de Salud, hay que añadir a eso, además, el pago al estudio de
abogados que defienda al Estado. Y todo parece indicar que perderemos el caso”,
dice Alejandra Alayza, coordinadora general de Redge, miembro de la Plataforma
La Oroya por un cambio.
La estadounidense
Doe Run demandó el Estado Peruano ante un arbitraje internacional argumentando
que el Perú había sido “injusto e inequitativo” y que “no había cumplido con
brindarle total protección y seguridad”. El artículo incumplido es el 10.5
(Nivel mínimo de trato) del Capítulo X del TLC con EE.UU. Alayza explica el
contexto en el que una empresa que ha incumplido con el Estado y que ha
convertido a La Oroya en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos
demanda.
Y es que existen
antecedentes de Estados que han tenido que resarcir a los inversionistas
extranjeros por incumplimiento de las condiciones de un tratado de libre
comercio. Es el caso de México. El 2000, el estado mexicano tuvo que pagar 16
millones dólares a la empresa estadounidense Metalclad Corporation que quería
reabrir un confinamiento de residuos tóxicos en la ciudad de Guadalcázar en el
Estado de San Luis Potosí. Como el municipio se negó a la instalación del
basurero tóxico, la empresa demandó al Estado ante un arbitraje internacional y
amparado en una clausula de su TLC con
EEUU terminó pagando esa compensación.
Y es que detrás de
esta millonaria demanda habría una fila de empresas extranjeras que podrían
recurrir a lo mismo generando un gran desembolso de las arcas nacionales. Según
la socióloga, el Estado Peruano podría ser demandado por otras empresas mineras.
“Está el proyecto Conga que tiene a la estadounidense Newmont como socia. Si le
exigimos mayores desembolsos podrían decir que hemos cambiado las reglas del
juego y valerse del TLC para demandarnos. Tenemos a Bear Creek Mining cuyo
proyecto minero Santa Ana en Puno fue cancelado”, dijo. “Es un blindaje al
capital cuando se le exige que se porte un poco mejor en relación a sus
obligaciones sociales y ambientales”, añade.
En este caso, El TLC
con Estados Unidos deja abiertas varias clausulas que ponen como prioridad a la
inversión extranjera por sobre la garantía del cumplimiento de políticas
públicas. “En su capítulo de inversiones incorpora principios para darle todas garantías
a los inversionistas y que de no cumplirse las condiciones entonces estos
puedan demandar al Estado. Este procedimiento se ha convertido en un mecanismo
de presión indirecta sobre cambios en políticas públicas ya que los costos son
muy altos. Si el gobierno de Humala quisiera hacer una zonificación ecológica,
por ejemplo, las empresas nos podrían demandar. Es costoso asumir todos los
procesos que pueden venir”.
Entonces, ¿el Estado
estaría maniatado? “En el contexto actual de globalización, las garantías que
le dan al capital están por encima a las garantías que debe tener el Estado con
su población. Por ejemplo, nuestro TLC con USA garantiza que un inversionista
extranjero no puede ser tratado distinto a un inversionista nacional. Ese es el
argumento que está usando Doe Run cuando se le ha exigido el cumplimiento del
PAMA”.
“Otro mecanismo que
permite la demanda es la expropiación indirecta. Es un mecanismo por medio del
cual cualquier acción del Estado que implique que el inversionista tenga más
obligaciones podrá ser tomada como pretexto para que la empresa demande al
Estado”, dice Alayza.
“Las cláusulas del
TLC terminan siendo un blindaje sobre un
modelo de desarrollo en el cual se congela el marco normativo. Todos los
inversionistas que han entrado con las reglas de los noventa, cuando éramos un
país en crisis y nos inventamos reglas de atracción de inversión, esperan que
las reglas no se modifiquen porque les generarían más obligaciones.
Actualmente, que el Estado quiera realizar cambios más democráticos como subir
la valla de estándares de protección del medio ambiente, por ejemplo, podría
ser razón para que los inversionistas terminen demandándonos”.
Pero, ¿qué hace un
país como el Perú que ya tiene TLC? “Queda la opción de revisar los tratados de
libre comercio. No todos los países tienen una política de inversiones tan permisivas.
Brasil, el gigante de la globalización, no tiene ningún tratado de libre
comercio. No es cierto que se necesite dar estos blindajes a la inversión para atraerla
(…) La opción sería abrir mecanismos de renegociación, revisar los TLC’s e
identificar los mecanismos para condicionarlos y que no se permitan que sean
admisibles casos como el de Doe Run”.
La socióloga dijo
además que lo de Doe Run nos va mostrando que se tiene que repensar el rol del
Perú en la globalización. “No somos el Perú de los noventa, con crisis y
terrorismo. Ahora con la crisis europea las inversiones van a venir al Perú.
Tenemos que hacer una nueva política de inversiones”, añadió.
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