"Entre uno y dos millones de dólares anuales le cuesta al estado peruano enfrentar un litigio internacional con diversas empresas -como Doe Run-, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así lo afirmó Matthew Porterfield, profesor adjunto de la Georgetown University Law Center de Estados Unidos".
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Ante el inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, administrado por la empresa estadounidense Doe Run Perú (DRP), se formó la Plataforma “La Oroya por un Cambio”. Consideramos que el derecho a la salud, al trabajo y la vida digna de La Oroya no debe estar por debajo del interés económico de Doe Run Perú.
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