“Fue un amanecer negro”. Rosa Amaro,
presidente del Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) está en Lima y
describe así la mañana del 28 de julio, día en que se reiniciaron las
actividades del complejo metalúrgico de La Oroya. Las máquinas de la fundición,
que estuvieron paralizadas desde hacía tres años, se pusieron en marcha luego de
que la empresa liquidadora Right Bussines tomara la dirección de forma temporal
hasta que aparezca un comprador oficial.
Amaro no puede quedarse callada y
exhorta al Estado “a velar por la salud de la población de La Oroya y prevenir
cualquier tipo de contaminación”. Fueron los días 28, 29 y 30 de julio, cuando
el aire se cargó tanto que “respiramos prácticamente humo negro como de llanta quemada,
producto de la reactivación de los hornos del complejo. El humo fue tal que no se
podía distinguir la fachada de la vivienda del frente de mi casa”, dice la
activista. Las impresiones de Amaro fueron comprobadas por la Dirección Regional
de Salud Ambiental de Junín que alertó tres situaciones de emergencia desde que
se reanudaron las operaciones del complejo. Durante aquellos días, la Dirección
General de salud Ambiental (DIGESA) registró que los valores del dióxido
de azufre superaron -al menos durante 10 días- los estándares de calidad
ambiental del aire, que establece un promedio máximo de 80 microgramos por
metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.
“Nos ardía la garganta, nos faltaba
el aire al respirar”, dice Amaro cuya casa se ubica en La Oroya Antigua, frente
al complejo metalúrgico.
No recibieron ninguna advertencia
sobre la posible contaminación que se originaría cuando las máquinas de la
fundición volvieran a funcionar. “Se nota que Right Bussines tiene la voluntad
de trabajar bien pero debería haber informado a la población. Se debería haber
llevado en marcha los estados de alerta en la ciudad”, dice.
Los estados de alerta pueden evitar
una exposición mayor a la contaminación. Desde el 2007 existe un Plan de
Contingencia para los Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca
Atmosférica de La Oroya, aprobado por el desaparecido Consejo Nacional del
Ambiente (CONAM). Una especie de acuerdo entre el Gobierno Regional de
Junín, el Ministerio de Salud, el SENAHMI
de Junín, en ese entonces, Doe Run Perú y otras asociaciones de La Oroya, que consiste en declarar estados de
alerta en la ciudad en situaciones de contaminación a fin de activar de forma
inmediata un conjunto de medidas destinadas a la descontaminación y protección
de la población vulnerable. “Nadie nos
alertó. Una forma de menguar la
contaminación sería usar mascarillas o no exponerse a la intemperie los
periodos de más emisiones de gases, pero nadie nos advirtió”, dice Amaro.
Los días de inversión térmica (días
de nevada) o días de ausencia de vientos, por ejemplo, son días de peligro.
Aquellos días, dice la señora Amaro, la ciudad queda debajo de una especie de
cúpula que concentra los gases tóxicos en el ambiente. “De acuerdo al Plan de
Contingencia, la empresa tenía responsabilidad de reducir la cantidad de
concentrado los días de inversión térmica para que los gases no sean
abundantes, por ejemplo. Pero no se ha cumplido”, dice.
Por estos días se puede ver a una de las
chimeneas de la fundición soltando, nuevamente, grandes cantidades de gases a
la atmósfera de La Oroya. Sin embargo, no
es la única vía. Amaro dice que también hay emisiones de gases fugitivos que no
se monitorean.
En La Oroya hay alrededor de 7 mil
niños expuestos a la contaminación. Hasta hoy, la sentencia del Tribunal
Constitucional (2006) que ordenaba al Ministerio de Salud a atender a la
población de La Oroya, sobre todo a madres gestantes, a niños, a personas de la
tercera edad, que padecieron la contaminación de la ex operadora del complejo
metalúrgico, Doe Run, no ha sido efectiva. Un saludo a la bandera más, pues “hasta
ahora no hemos recibido ningún tipo de atención ni tratamiento médico”, dice
Amaro para quien tampoco han cesado los hostigamientos en su contra, pese a
ello, ha reafirmado su posición de
seguir vigilante.
La activista dice que los ataques
contra ella y su familia continúan. Con el retorno del andar de las máquinas
también han retornado las malas caras y las difamaciones. “La gente me dice que
hablo de contaminación sólo porque tengo un hijo con discapacidad… (llora), que
las ONGs me pagan millones de dólares, en la calle me dicen que por qué reclamo.
Cuando paso por el mercado me dicen que soy vende cristo. Yo sólo quiero que
las leyes ambientales se cumplan en La Oroya y que el Estado, el Ministerio de
Energía y Minas y el de Salud nos protejan”, dice. Debido a los hostigamientos
ha tenido que pedir asesoría a Aprodeh. La Defensoría del Pueblo ha seguido su
caso.
“No estamos en desacuerdo de que la fundición
funcione, pero que se pegue a las normas cualquiera que sea el operador, Doe Run, Right Bussines, el que
venga”.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
