miércoles, 29 de febrero de 2012

Arzobispado de Huancayo exige que Doe Run cumpla con su PAMA antes de volver a operar

ü  Mediante un pronunciamiento, representantes de la Iglesia Católica de esta ciudad mostraron su indignación a nueva prórroga solicitada por cuestionada empresa minera
     
Como un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya fue considerado por el Arzobispado de Huancayo la nueva solicitud de Doe Run Perú, que por tercera vez ha pedido la ampliación del plazo para cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de haber tenido más de diez años para hacerlo y no mostrar voluntad a pesar de las facilidades que le brindó el Estado Peruano.
“Ante la solicitud de una tercera ampliación del PAMA, no podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, así lo señaló mediante un  pronunciamiento publicado hoy, a pocos días de debatirse en el Congreso de la República un proyecto de ley que le permitiría a esta empresa volver a funcionar a pesar que diversos estudios han demostrado el grave daño a la salud de la población y al medio ambiente.

En los próximos días el Congreso debatirá el Proyecto de Ley 636/2011_CR, el cual le permitiría a Doe Run Perú reiniciar sus operaciones y le brindaría impunidad para seguir contaminando y afectando la salud de sus pobladores legalmente, entre otras concesiones.

Al respecto, los representantes de la Iglesia de esta ciudad señalaron que “Doe Run, por segunda vez (2009), obtuvo una ampliación de 30 meses para cumplir con el PAMA, sin embargo, de manera reiterada, no ha cumplido con sus obligaciones ante el país. Por eso nos indigna que, con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado Peruano una nueva ampliación de 30 meses más, que volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.

En dicho comunicado, el Arzobispado de Huancayo informó que la calidad del aire  en esa ciudad mejoró notablemente desde que en el 2009 Doe Run dejó de funcionar, reduciéndose en 99.5% la concentración de dióxido de azufre y 98.8% la presencia del plomo en material particulado, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive realizado en diciembre del 2009.

“Nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el complejo en actividad, indican que solo el 5.91% de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl.de  plomo en la sangre”, así lo reveló el pronunciamiento del Arzobispado.

A pocos días de discutirse la aprobación de una nueva prórroga a Doe Run, representantes del Arzobispado de Huancayo solicitaron al gobierno la reactivación del Complejo Metalúrgico, “solo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.

“No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”

Entrevista Monseñor Pedro Barreto

Desde Huancayo, el coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, Monseñor Pedro Barreto concedió una entrevista a la Plataforma La Oroya por un cambio para hablar sobre la posible ampliación del PAMA de Doe Run Perú.

Monseñor Barreto es tajante al asegurar que el proyecto de ley presentado por el congresista Casio Huaire es inconstitucional, porque es un proyecto de ley con nombre propio: Doe Run Perú. “Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido de la gravísima contaminación ambiental. De aprobarse esta iniciativa en el Parlamento, espero que Ollanta Humala no lo promulgue, porque contradice su propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”, sostiene.

¿Por qué el proyecto de ley presentado por Huaire es inconstitucional?
Porque atenta contra la vida y la salud de la población de La Oroya. Estoy  ingratamente sorprendido por el desenlace que ha tenido una situación que continúa igual desde hace ocho años. En noviembre pasado, el Ministerio de Salud comprobó que existe una relación directa entre la emisión de gases tóxicos de la chimenea de la fundición y la intoxicación de la población con gases pesados como dióxido de azufre y con metales como plomo, cadmio y arsénico. No estamos diciendo que nos negamos completamente a que Doe Run reinicie sus operaciones, sin embargo, decimos sí a la fundición siempre y cuando, de manera previa, se cumpla con el Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) en este plazo de 30 meses que le concederá el Congreso. De lo contrario volveremos a tener los altos índices de contaminación. La posición de la Iglesia es muy clara: sí al reinicio pero con el cumplimiento previo del PAMA.

La posición de la empresa  (Doe Run Perú) es levantar su fuerza laboral (3,500 trabajadores) y económica en la zona, sin embargo no hay ni una posición en cuanto a la salud de la población de La Oroya, que son alrededor de 35 mil, y esa misma posición la tienen incluso los trabajadores, hay una mirada solo desde el enfoque al derecho laboral y no de salud, que es un derecho fundamental de la persona humana… 
Estamos en un país donde los trabajadores se ven obligados a trabajar sabiendo que son afectados en su salud.  Por esta contradicción de intereses es que tenemos que mantenernos firmes. El gobierno y la Constitución hablan que el fin supremo del Estado es la persona, y hay que ayudarla a respetar sus propios derechos y a no someterlos por intereses económicos.  (…) La pregunta de fondo a Doe Run Perú es: ¿Por qué no ha cumplido el PAMA en estos 30 meses? El plazo se vence este 31 de marzo ¿por qué no ha cumplido con esta obligación ética y moral? Ahora volveremos a tener los altos índices de dióxido de azufre y de plomo en el aire de La Oroya.

¿Cómo explica Ud. que parte de la población de La Oroya esté a favor del reinicio de las operaciones de la fundición cuando esta afecta su salud?
La Oroya se crea alrededor de la fundición polimetálica desde 1922, primero bajo el control de  la Cerro de Pasco Corporation y después Centromin Perú. Estas empresas se convirtieron en el eje central de la vida económica de la ciudad. Sin embargo, se ha mitificado que “La Oroya se haya convertido en una ciudad fantasma” tras el cierre de la fundición. Es cierto que ha bajado el movimiento económico de manera considerable pero La Oroya sigue viviendo y merece un ambiente sano como el que se respira ahora. Además, ninguna población debe depender exclusivamente de una industria minera porque esta actividad tiene un techo. El proyecto Toromocho, por ejemplo, tendrá una duración de 40 años,  y luego ¿qué pasará?  (…) Lamentablemente, la historia de La Oroya es una historia de complicidades y de irresponsabilidades. Tanto el Estado, como las empresas  y la sociedad que no han tenido un espíritu crítico de defender sus propios derechos. No nos negamos a que hayan industrias extractivas pero con responsabilidad. Sin embargo, cuando el Estado está en conveniencia con los intereses económicos y cuando la población se suma a este tipo de aberración contra la vida y la salud tenemos este resultado.

¿Cómo ve la actuación del gobierno de Ollanta Humala sobre Doe Run Perú?
Espero que Ollanta Humala no promulgue la ley porque contradice con su propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas. Esperamos que Ollanta Humala tome en cuenta su propuesta porque es el único camino de pacificación. Esperamos, también, que el Congreso asuma su responsabilidad de velar por la vida y la salud y la población. Soy un convencido de que puede haber una minería responsable con la participación del Estado y la sociedad civil.

Entrevista Juana Gallegos/Plataforma La Oroya por un cambio

lunes, 27 de febrero de 2012

“El costo de un arbitraje internacional puede superar los presupuestos de los ministerios de Salud y Educación”


A la larga lista de incumplimientos de compromisos ambientales y de salud de la población de La Oroya, la empresa Doe Run Perú, que durante 13 años ha tenido licencia para contaminar la ciudad de La Oroya –mediante dos ampliaciones de su PAMA y 3 modificaciones de la misma-, ha procedido a dos demandas al Estado Peruano, la última presentada hace unos días ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor, y la primera presentada en abril del 2011 ante un arbitraje Internacionales por US$ 800 millones de dólares. “Lo que equivaldría  a  todo el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud, hay que añadir a eso, además, el pago al estudio de abogados que defienda al Estado. Y todo parece indicar que perderemos el caso”, dice Alejandra Alayza, coordinadora general de Redge, miembro de la Plataforma La Oroya por un cambio.

La estadounidense Doe Run demandó el Estado Peruano ante un arbitraje internacional argumentando que el Perú había sido “injusto e inequitativo” y que “no había cumplido con brindarle total protección y seguridad”. El artículo incumplido es el 10.5 (Nivel mínimo de trato) del Capítulo X del TLC con EE.UU. Alayza explica el contexto en el que una empresa que ha incumplido con el Estado y que ha convertido a La Oroya en una de las ciudades más contaminadas del mundo nos demanda.

Y es que existen antecedentes de Estados que han tenido que resarcir a los inversionistas extranjeros por incumplimiento de las condiciones de un tratado de libre comercio. Es el caso de México. El 2000, el estado mexicano tuvo que pagar 16 millones dólares a la empresa estadounidense Metalclad Corporation que quería reabrir un confinamiento de residuos tóxicos en la ciudad de Guadalcázar en el Estado de San Luis Potosí. Como el municipio se negó a la instalación del basurero tóxico, la empresa demandó al Estado ante un arbitraje internacional y amparado en una clausula de su TLC  con EEUU terminó pagando esa compensación.

Y es que detrás de esta millonaria demanda habría una fila de empresas extranjeras que podrían recurrir a lo mismo generando un gran desembolso de las arcas nacionales. Según la socióloga, el Estado Peruano podría ser demandado por otras empresas mineras. “Está el proyecto Conga que tiene a la estadounidense Newmont como socia. Si le exigimos mayores desembolsos podrían decir que hemos cambiado las reglas del juego y valerse del TLC para demandarnos. Tenemos a Bear Creek Mining cuyo proyecto minero Santa Ana en Puno fue cancelado”, dijo. “Es un blindaje al capital cuando se le exige que se porte un poco mejor en relación a sus obligaciones sociales y ambientales”, añade.

En este caso, El TLC con Estados Unidos deja abiertas varias clausulas que ponen como prioridad a la inversión extranjera por sobre la garantía del cumplimiento de políticas públicas. “En su capítulo de inversiones incorpora principios para darle todas garantías a los inversionistas y que de no cumplirse las condiciones entonces estos puedan demandar al Estado. Este procedimiento se ha convertido en un mecanismo de presión indirecta sobre cambios en políticas públicas ya que los costos son muy altos. Si el gobierno de Humala quisiera hacer una zonificación ecológica, por ejemplo, las empresas nos podrían demandar. Es costoso asumir todos los procesos que pueden venir”.

Entonces, ¿el Estado estaría maniatado? “En el contexto actual de globalización, las garantías que le dan al capital están por encima a las garantías que debe tener el Estado con su población. Por ejemplo, nuestro TLC con USA garantiza que un inversionista extranjero no puede ser tratado distinto a un inversionista nacional. Ese es el argumento que está usando Doe Run cuando se le ha exigido el cumplimiento del PAMA”.

“Otro mecanismo que permite la demanda es la expropiación indirecta. Es un mecanismo por medio del cual cualquier acción del Estado que implique que el inversionista tenga más obligaciones podrá ser tomada como pretexto para que la empresa demande al Estado”, dice Alayza.

“Las cláusulas del TLC terminan siendo un  blindaje sobre un modelo de desarrollo en el cual se congela el marco normativo. Todos los inversionistas que han entrado con las reglas de los noventa, cuando éramos un país en crisis y nos inventamos reglas de atracción de inversión, esperan que las reglas no se modifiquen porque les generarían más obligaciones. Actualmente, que el Estado quiera realizar cambios más democráticos como subir la valla de estándares de protección del medio ambiente, por ejemplo, podría ser razón para que los inversionistas terminen demandándonos”.

Pero, ¿qué hace un país como el Perú que ya tiene TLC? “Queda la opción de revisar los tratados de libre comercio. No todos los países tienen una política de inversiones tan permisivas. Brasil, el gigante de la globalización, no tiene ningún tratado de libre comercio. No es cierto que se necesite dar estos blindajes a la inversión para atraerla (…) La opción sería abrir mecanismos de renegociación, revisar los TLC’s e identificar los mecanismos para condicionarlos y que no se permitan que sean admisibles casos como el de Doe Run”.

La socióloga dijo además que lo de Doe Run nos va mostrando que se tiene que repensar el rol del Perú en la globalización. “No somos el Perú de los noventa, con crisis y terrorismo. Ahora con la crisis europea las inversiones van a venir al Perú. Tenemos que hacer una nueva política de inversiones”, añadió. 

domingo, 26 de febrero de 2012

El Comercio. Doe Run demanda al Perú y en el Congreso buscan beneficiarla

 Empresa pretende no reconocer deudas con Estado. Desde que 2009 se redujo plomo en sangre de menores

La Junta de acreedores de Doe Run ha decidido que sea la misma empresa la que presente un plan de reestructuración para salvarse. Mientras, la contaminación persiste.

En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal. En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.

Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.

“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

LA ESTRATEGIA DE DOE RUN
Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.

 ¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.

La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.

La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.

Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.

El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.

Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.

 COMPROMISOS IMPAGOS
La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.

En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.

¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.

¿QUÉ OPINAN EN EL CONGRESO?
“Es una empresa a la que se le han dado todas las oportunidades y no las ha aprovechado. Vamos a ser muy estrictos porque el daño ambiental no puede seguir”
ANTONIO MEDINA. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE


“Doe Run es una empresa tramposa. Se aprovecha de la población para exigir una ampliación más, pero no se puede seguir así. Seremos severos”
FREDDY OTÁROLA. GANA PERÚ

“Una ley no puede ir contra las obligaciones que tiene una empresa con el Estado Peruano. La propuesta [del congresista Casio Huaire] debería ser rechazada”
HUMBERTO LAY. COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA

“La Oroya es ante todo un problema social. Por eso la empresa tiene que seguir adelante. Hay la necesidad de ampliar el PAMA, pero con nuevas condiciones”
CECILIA CHACÓN. FUERZA 2011

“En esta ley han participado algunos dirigentes del sindicato que trabajadores de Doe Run y conocen la realidad y los problemas de la empresa”
CASIO HUAIRE. ALIANZA PARLAMENTARIA


Escribe Nelly Luna
Tomado de El Comercio

viernes, 24 de febrero de 2012

Hugo Villa: “El costo de la intoxicación puede ser mayor que el costo de control de la contaminación”


Hugo Villa fue médico en La Oroya durante veintinueve años. Es co-autor de un estudio realizado en el Hospital de EsSalud de La Oroya, que el 2005 demostró que los bebés nacían con altos niveles de plomo en la sangre. Trabajó para el seguro social desde antes que la estadounidense Doe Run Company comprara el Complejo Metalúrgico, cuando éste era propiedad de la empresa estatal Centromín Perú S.A. Villa, junto a otros médicos, ha sido testigo de los estragos que ha dejado la contaminación con plomo y otros metales pesados en la salud de los pobladores de La Oroya; y como muchos activistas, médicos y representantes de la sociedad civil que se opusieron a que el Complejo siga funcionando sin las medidas necesarias para proteger la salud de la población, fue amenazado y perseguido por Doe Run Perú. Esta es su historia.

El doctor comenzó a laborar en La Oroya desde la década del setenta. En ese entonces no se hablaba de contaminación ambiental. La emanación de gases tóxicos las 24 horas al día arrojados por la gran chimenea del Complejo Metalúrgico era una realidad que los pobladores tenían que aceptar como normal. Villa comenzó sus investigaciones sobre los peligros de la intoxicación con plomo haciendo un muestreo entre los trabajadores mineros de Centromín Perú quienes estaban expuestos directamente al contacto con los metales pesados. “Era necesario un estudio porque se habían reportado casos de mineros que sufrían parálisis en las manos, problemas respiratorios agudos, problemas de conducta. Con este estudio se determinaron los daños que ocasionaría en el organismo la presencia de altas dosis de plomo en la sangre”, dice el doctor y recuerda que durante sus investigaciones con el Sindicato de Trabajadores de Centromín se encontró con el caso de un trabajador minero al que diagnosticaron demencia luego de haber estado expuesto al plomo por más de una década.

Así comienza una oleada de estudios sobre intoxicación con plomo y otros metales pesados en la población de La Oroya que pusieron en evidencia el terrible daño que podría causar el plomo y otros metales pesados en el organismo de los pobladores. En 1999 se realizó un estudio a 346 niños entre 2 y 10 años de tres localidades: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y Santa Rosa de Sacco, teniendo como resultado que el 99.1% sobrepasaron el límite, considerado como riesgo, establecido por la Organización Mundial de la Salud, con un promedio de 33,6µg/dl microgramos por decilitro de plomo en sangre. 

Movido por estos antecedentes y junto a otros colegas pediatras, el año 2004, el doctor Villa decide realizar de forma “clandestina” un estudio de plomo en la sangre a recién nacidos. Se tomó como muestra a unos 93 niños que nacieron el Hospital EsSalud de La Oroya. En este estudio se comprobó que el 75% de recién nacidos tenía entre 6µg/dl y 10µg/dl. “Se trata de recién nacidos que son contaminados mediante la placenta por madres también contaminadas”, dice el médico y añade que estos niños nacen ya con grandes desventajas: “Debido a que su sistema nervioso se ha formado expuesto a la contaminación con plomo, estos niños podrían sufrir de problemas de conducta, hiperactividad, problemas de atención y, está comprobado, que podrían ser adultos agresivos, dice el doctor Villa. Además se comprometen el sistema digestivo y el respiratorio y puede provocar problemas de anemia, trastornos del hígado y los riñones.

Sin embargo, mediante pruebas de plomo en la sangre no se puede conocer la “carga total” de plomo presente en el organismo de las personas. Se deberían complementar los análisis con pruebas de espectroscopía de hueso, en función de que algo más del 95% del plomo que se absorbe en el organismo se deposita en los huesos y se queda entre 25 a 30 años en promedio. “Lo que significa que por más que una persona se retire de la fuente de contaminación o ésta fuente desaparece, o como es el caso del Complejo Metalúrgico, que ha dejado de funcionar, el plomo ya fue absorbido en su momento y va a tardar muchos años en desaparecer del organismo y mientras tanto, puede provocar daños”, dice el médico.

Y no sólo el plomo ha deteriorado el organismo de los pobladores. La exposición a gases tóxicos como el dióxido de azufre sufre con frecuencia de problemas respiratorios, rinitis, enfisemas en el pulmón que pueden devenir en cáncer. 

¿Y qué ha hecho el Estado? “Los niveles de plomo en la sangre de las personas persisten en La Oroya debido a que los suelos están contaminados, producto de la sedimentación producida después de las emanaciones tóxicas que en su momento arrojó el Complejo Metalúrgico. El Ministerio de Salud poco o nada ha invertido en programas de prevención o desintoxicación de la población contaminada. La empresa sólo realizó jornadas simbólicas de desintoxicación, llevando a los niños de La Oroya a zonas alejadas de la ciudad, alimentándolos adecuadamente por un día y realizándoles exámenes de plomo en la tarde. Aparentemente estos niños, al final de la jornada, presentaban una leve reducción del nivel de plomo en la sangre, pero volvían a la ciudad contaminada y empezarán nuevamente a intoxicarse”, dice Villa.

Señala además que “desde siempre el Estado ha tirado hacia el lado de Doe Run, alegando que están trabajando de codo a codo en “programas de prevención” pero lo cierto es que no hay un interés real. Y los que hemos trabajado en investigaciones sobre el daño que ocasiona el Complejo Metalúrgico hemos sufrido amenazas, hostigamientos de parte de la empresa que siempre desdeñó los informes médicos que se publicaron sobre la condición de la salud de los pobladores”.

“Los costos de la intoxicación pueden ser mayores que los costos de control de la contaminación”, finaliza el doctor Villa: “el desarrollo del sistema nervioso central se ve seriamente comprometido. Tal lesión puede dar como resultado la pérdida permanente de las capacidades de inteligencia y las capacidades motoras, puede provocar trastornos psicológicos  y cambios del comportamiento.  Estos efectos originan la reducción de la productividad económica de la provincia y sus repercusiones económicas son enormes”.

Villa enfatiza que la única forma de reducir los daños de la contaminación por gases tóxicos y metales pesados, es que la empresa Doe Run Perú modernice el Complejo Metalúrgico y que cumpla con los compromisos de su Plan de Adecuación Medioambiental (PAMA).

jueves, 23 de febrero de 2012

Revista Ideele. ¿Buenos aires para La Oroya?


"La Oroya seguirá esperando por siempre por aire limpio", parece ser la consigna para una localidad que se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo y que, en la actualidad, debe afrontar la inminente reapertura del complejo metalúrgico a cargo de la empresa Doe Run Perú (DRP). ¿Cuál ha sido el comportamiento de la empresa que ha estado a cargo del complejo durante los últimos 14 años? ¿Cuáles son las implicancias de esta reapertura?

Hay que recordar que cuando DRP adquirió el complejo metalúrgico asumió el compromiso de cumplir con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que permitiera adecuar los estándares ambientales a la legislación vigente. El PAMA ha sido sistemáticamente incumplido por la empresa, que a lo largo del tiempo ha conseguido tres modificaciones y dos prórrogas, con la posibilidad de una tercera prórroga este 2012. El resultado de este incumplimiento ha sido la afectación al derecho a la salud y al ambiente sano de la población de La Oroya.

A los incumplimientos ambientales y sus graves consecuencias hay que sumarles los incumplimientos financieros. Desde el año 2009, DRP alegó la existencia de una crisis financiera que ponía en riesgo la continuidad del complejo metalúrgico. El Estado reaccionó rápidamente a esta situación de crisis e intervino para encontrar una solución. Luego de diversas especulaciones, se dio a conocer cuál sería la medida orientada a revertir la situación financiera de Doe Run Perú.

Fue el propio ministro de Economía y Finanzas de entonces, Luis Carranza, quien anunció que un grupo de empresas mineras privadas avalaría un crédito de 175 millones de dólares para que DRP pudiera reanudar sus operaciones en La Oroya. Con ello, en principio, se ponía punto final a la posibilidad de que fuera el propio gobierno quien asumiera el crédito a favor de la empresa. Sin embargo, para ello DRP debía dar el 100% de sus acciones en garantía por el cumplimiento del PAMA al Estado peruano, así como capitalizar la deuda con su principal acreedor: su propia casa matriz. Estas dos medidas se debían dar de manera inmediata y sin sujetarse a condición alguna.

Lamentablemente, DRP, lejos de adoptar estas medidas, anunció que enviaría a sus trabajadores a vacaciones forzadas, debido a su difícil situación financiera. ¿No era acaso que la empresa estaba comprometida con dar solución a este problema y así evitar que sus trabajadores pierdan sus puestos?
La actitud de DRP demostró una vez más su falta de compromiso ya no solo frente a temas ambientales sino también de índole financiera, que comprometían las operaciones del complejo metalúrgico y los puestos de trabajo de miles de personas. Con la solución a su crisis financiera en las manos, no mostró voluntad alguna para ponerle fin. La empresa, además, señaló en ese momento que una condición necesaria para superar la crisis era la flexibilización del PAMA.

Luego de la suspensión de sus operaciones, de la negociación de varios convenios de ceses colectivos con sus trabajadores y de la obtención de una nueva prórroga del PAMA en el año 2009, se abrieron tres nuevos frentes: un proceso concursal ante INDECOPI, una demanda por daños a la salud en un tribunal de Missouri, y un proceso de arbitraje internacional y un proyecto de ley que le otorgaría una nueva prórroga al PAMA.

A través del proceso concursal ante INDECOPI, la Junta de Acreedores debía definir si la empresa pasaba por un proceso de reestructuración o de liquidación. Uno de los principales temas de discusión fue el reconocimiento de la deuda con Doe Run Cayman, empresa vinculada a DRP. Cormin, acreedor de DRP, se opuso al reconocimiento de esta deuda, alegando un fraude en el proceso de compra del complejo metalúrgico.
Con la solución a su crisis financiera en las manos, DRP no mostró voluntad alguna para ponerle fin. La empresa, además, señaló que una condición necesaria para superar la crisis era la flexibilización del PAMA.

Otro tema clave en el marco del proceso concursal consistía en determinar si se reconocía al PAMA como una acreencia que permitiera la participación del Estado en la Junta de Acreedores. Algunas autoridades consideraron en su momento que ello no era posible, pues el PAMA concernía a compromisos ambientales y no económicos. Finalmente, el Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas, fue convocado a la Junta de Acreedores por una acreencia de S/.439,7 millones de soles, por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose así en el mayor acreedor de Doe Run Perú.

Finalmente, la Junta de Acreedores determinó que sea la propia DRP la que administre el complejo y la que debe presentar en las próximas semanas un plan de reestructuración que deberá ser evaluado y aprobado por Apoyo Consultores. Este plan debe integrar claramente la ejecución del PAMA con un cronograma de obra de la tercera planta de ácido sulfúrico, y los montos de inversión que ella requiera.

Por otro lado, en los Estados Unidos sigue en curso una demanda interpuesta por un grupo de pobladores de La Oroya contra DRP y su casa matriz, Renco Group, por daños a la salud. La demanda ha sido admitida, y todo parece indicar que la empresa deberá pagar millonarias indemnizaciones contra los afectados. DRP ha insistido en que sea el Estado peruano el que asuma la responsabilidad por los daños causados, y ha iniciado hace algún tiempo una fuerte campaña mediática con ese fin.

De manera paralela, DRP interpuso un proceso de arbitraje en el marco del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos, y viene exigiendo al Estado peruano una indemnización de US$800 millones por, supuestamente, haber recibido un trato injusto e inequitativo y por un supuesto intento de expropiación indirecta por parte del Estado. A pesar de los serios incumplimientos y la falta de compromiso, es DRP la que ha tomado la iniciativa y puesto en serios aprietos al Estado peruano, que ha tenido que contratar a abogados especialistas para enfrentar este proceso en el que la empresa tiene serias posibilidades de ganar, pues en estos fueros rigen los principios de protección al inversionista extranjero.

Finalmente, ha sido ingresado al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 636/2011-CR, que plantea una nueva prórroga para el PAMA de 24 meses y 6 meses adicionales para la puesta en marcha y arranque del complejo metalúrgico, y, además, plantea concesiones adicionales para DRP.

El Proyecto de Ley propone que cualquier modificación a los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles en la legislación nacional no podrán ser aplicados a DRP durante los próximos cinco años, una vez finalizada la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre. Es decir que a DRP no se le podrá aplicar ningún estándar de calidad ambiental más riguroso y exigente por un largo periodo de cinco años una vez culminado el PAMA.

Además, la propuesta normativa regula lo que denomina "casos de fuerza mayor", en relación con lo que se indica que en el caso de que DRP no cuente con los recursos suficientes para culminar con el PAMA, podrá acceder a una nueva prórroga. Esto significa que la misma norma plantea la posibilidad de que la empresa acceda a nueva prórrogas, lo que de ninguna manera permitirá garantizar la ejecución del PAMA en plazos razonables, pues DRP podría volver a alegar una situación de crisis financiera que justifique nuevos atrasos en esta ejecución.

Finalmente, el proyecto de norma señala que se derogan todas las multas, sanciones e indemnizaciones que se le impusieron, dejando sin efecto lo actuado en un gran número de procesos sancionatorios a los que tuvo que hacer frente DRP por sus reiterados incumplimientos ambientales.

Todo parece indicar que la empresa tiene el camino libre para un reinicio de operaciones con prórroga del PAMA incluida. Sus antecedentes dejan serias dudas sobre el cumplimiento de sus compromisos asumidos tanto a nivel ambiental como financiero.

Doe Run Perú ha logrado evadir por largos años sus responsabilidades, y los grandes perdedores siempre han sido los pobladores de La Oroya, quienes han visto seriamente afectados sus derechos a respirar aire puro, a vivir en un ambiente sano y a gozar de buena salud.

Si la decisión es una nueva prórroga del PAMA, la fiscalización de su cumplimiento, así como del plan de reestructuración que tiene que implementar la empresa, debe ser acometida minuciosamente, para no repetir los errores del pasado y saldar de una vez la deuda con La Oroya.

Tomado de la Revista Ideele

miércoles, 22 de febrero de 2012

“Salud o Trabajo, es una manera perversa de pensar el desarrollo de un país”

Reacciones en el caso Doe Run Perú. Derecho a la salud, un medio ambiente sano y DD.HH. son temas ausentes en la propuesta legislativa promovida por el Congresista Casio Huaire

ü  Monseñor Barreto señala que ampliación de PAMA para Doe Run es indigno para los peruanos.


Durante doce años, Doe Run Perú operó en La Oroya arrojando las 24 horas del día humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Según lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Siguió contaminando legalmente, y las consecuencias en el transcurso de los más de diez años, son los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, con graves problemas respiratorios y con el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.
 
La iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, que ampliaría el PAMA a Doe Run Perú por tercera vez -que actualmente se encuentra en debate público- no tiene ningún acápite que haga referencia al derecho a la vida y de vivir en un entorno sano, el mismo monseñor Pedro Barreto, coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, manifestó su indignación y señaló que dicha iniciativa no tiene ningún atisbo de defensa de la vida y de la salud de la población, “la mesa ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna  para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run", dijo.

Indicó que el artículo 8 también le da opción a una nueva ampliación. "El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra", señaló Barreto, al asegurar que el pedido de una exoneración de multas, tal como lo solicita el legislador Huaire, es un premio a una empresa irresponsable.
 
Por su parte Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostuvo que el actual gobierno tiene una  visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión engañosa del desarrollo. Nos muestra un falso desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva. “Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una escusa para  dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dice Pérez. Señala además que el desarrollo “debería entenderse como un incremento del bienestar de las personas y sus posibilidades vitales.  Un desarrollo no se construye en base a destruir el futuro de los niños”.

“No se puede plantear una dicotomía entre el derecho a la salud o el derecho al trabajo. El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”.
 
Igualmente, la abogada, Gloria Cano de Aprodeh opina que no existe contraposición de derechos más bien debe prevalecer tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo. “La población y los trabajadores tienen el derecho de insistir de que se reabra lo que consideran su principal fuente de trabajo en la región, pero teniendo en cuenta  las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y aquí entra a tallar el derecho a la salud. Ambos derechos no pueden contraponerse. El trabajador de Doe Run tendrá derecho al trabajo y a un trabajo digno.
 
Finalmente, Mar Pérez dijo que la contaminación de Doe Run genera otro tipo de pobreza al país que no aparece en las cuentas de la empresa pero repercute en el bolsillo de las familias. ¿Cuánto gasta una familia en medicinas para tratar las enfermedades contraídas por la contaminación con gases tóxicos? La exposición a altos niveles de contaminación le cuesta al país proyectos de vida quebrados, pone un riesgo la capacidad de producción de su fuerza de trabajo y el rendimiento de un trabajador se ve mermado con la salud deteriorada.

martes, 21 de febrero de 2012

Emma Gómez responde al congresista Casio Huaire: “Proyecto de Ley no protege salud de La Oroya”

ü  Proyecto de Ley que plantea prórroga del PAMA da concesiones desproporcionadas a Doe Run


Emma Gómez sub directora de Cooperacción responde al congresista Casio Huaire, quien afirmó que el reinicio de las operaciones de Doe Run Perú (DRP) no implicaría riesgos a la salud de La Oroya, Gómez sostuvo que el Proyecto de Ley no establece ningún mecanismo de control de los riesgos para la salud. “En el proyecto se planeta darle un prorroga de 24 meses más y 6 meses adicionales a DRP para cumplir con el PAMA y no considera ningún estándar de calidad ambiental o límite máximo permisible para la empresa. Ello se contradice totalmente con la protección del derecho a la salud porque finalmente DRP no tendrá que cumplir ningún estándar exigente de protección al medio ambiente. Más aún, el mismo proyecto le da las facilidades para que la empresa pida más prórrogas. Es un permiso para que siga contaminando”, dice Gómez.
Esta iniciativa tiene varias desventajas para el país, “es de lo más flexible y benevolente con la empresa, y pretende dar muchas concesiones a una de las empresas mineras más contaminantes del mundo”, sostiene Gómez. El Proyecto de Ley  busca darle un nuevo plazo para la culminación de la construcción de una  “Planta de Ácido sulfúrico y modificación del circuito del cobre”. Uno de los compromisos de su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Y no planeta ningún mecanismo de control y vigilancia en el tema de salud. “No plantea la creación de algún mecanismo que verifique, por ejemplo, que la planta de ácido sulfúrico, importante para disminuir la contaminación con gases tóxicos de la metalúrgica, esté cien por ciento operativa.
“Plantea otorgarle una nueva ampliación de 24 meses para el cumplimiento del PAMA; propone eliminar las sanciones que ha recibido la empresa por los daños medioambientales cometidos; además, en uno de sus artículos, dice que Doe Run Perú podría alegar crisis financieras y pedir que el Estado le otorgue una prórroga más para cumplir con el PAMA. Además de esta nueva prórroga (la tercera para DRP) que le pretende dar esta iniciativa, DRP podría pedir plazos ilimitados y seguir contaminando y afectando impunemente los derechos de la salud de los pobladores y el medio ambiente sano de La Oroya”, dice Emma Gómez de Cooperacción.

Añade que “el proyecto tampoco plantea ningún mecanismo de fiscalización para Doe Run. Se tendría que recurrir a los mecanismos regulares de fiscalización como OSINERMING pero no  se establece ningún mecanismo específico de cómo se va fiscalizar el cumplimiento del PAMA.  Le están dando permiso a Doe Run que no se le apliquen estándares rigurosos”, dice Gómez.
Doe Run Perú ha recibido varias sanciones de Osinerming por contaminar y no cumplir con los estándares de protección del medio ambiente. Sin embargo, esta iniciativa legislativa pretende borrar todas estas faltas de un plumazo y derogar todas las multas e indemnizaciones impuestas. Gómez dijo que esta pretensión es sumamente grave para el Perú. “Además de toda esta lista de benevolencias, en el proyecto se plantea que Doe Run Perú no deberá someterse a cualquier cambio que el país aplique en materia de estándares medioambientales. Es decir, si decidimos subir las vallas de protección de nuestro medio ambiente, Doe Run podrá no cumplir con ello en los próximos cinco años”, agregó.

¿Qué garantiza que Doe Run Perú cumple con sus compromisos medioambientales? Dentro de poco, DRP presentará su  plan de reestructuración  ante el INDECOPI. Y APOYO Consultoría será la que evaluará el plan. “APOYO entra a tallar y esperemos que lo haga de la mejor manera. Debe comprobarse  si la empresa, en su plan de reingeniería financiera, ha incorporado los montos de inversión para el PAMA y un cronograma clara de implementación del mismo. La empresa no puede volver a operar si es que en su plan no incluye la viabilidad de proyectos que protejan el medio ambiente como la conclusión de la planta de ácido sulfúrico”, dijo Gómez. 

lunes, 20 de febrero de 2012

“Sería un crimen dejar que la fundición reinicie sus actividades en las mismas condiciones”

ü  Doe Run Perú es responsable por los severos daños a la salud en niños y gestantes desde 1999
Aún hay niños intoxicados por plomo en La Oroya. Los niveles han disminuido si los comparamos con el estudio de plomo en sangre que se hizo el 2008, antes de que el Estado ordenara, en junio del 2009, la paralización de las operaciones del Complejo Metalúrgico operado por Doe Run Perú (DRP). Sin embargo, un último estudio realizado el 2011, comprueba que aún persiste la presencia del plomo en la sangre de los niños, gestantes y recién nacidos de La Oroya.

Según el estudio de la Dirección Regional de Salud de Junín fueron evaluados 726 niños y 77 gestantes de los distritos La Oroya, Santa Rosa de Sacco, Huaynacancha  y Paccha en Junín. De los 726 niños, el 45% presentó niveles de plomo entre los 10 y 19  microgramos por decilitro (µg/dl). Niveles por encima de los 10 µg/dl indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como índice máximo de exposición biológica.

Un análisis particular de cada distrito arrojó que en la ciudad de La Oroya, el 52% de los niños muestreados,  tienen niveles altos de intoxicación por encima de lo fijado por la OMS, los mismos datos se registraron en  Santa Rosa de Sacco y Huaynacancha, con un 46%. Es preocupante también, el 20% del total de los niños muestreados que tienen niveles alarmantes de intoxicación por plomo entre los 20 y 44.9 µg/dl.  Estos niños tendrán más probabilidades de contraer cáncer según señala un estudio del científico norteamericano Mark Chernaik.

El médico Hugo Villa trabajó durante 29 años en La Oroya. En el 2004,  realizó un estudio con 93 recién nacidos en el hospital de EsSalud. De este grupo, el 30% tenía altos niveles de plomo. “Está comprobado que el plomo contamina a la madre gestante y pasa por la placenta afectando al nonato. La presencia del plomo en el cerebro de un prenatal implicaría una disminución del coeficiente intelectual”, dice el médico.

Desde 1999 al 2006 se han realizado 9 estudios sobre el plomo en La Oroya. En el de 1999 se reportó una cifra escandalosa: más de 90% de los niños examinados presentaban altos niveles de plomo en la sangre (el nivel máximo llegó a 79,9). “La alta intoxicación por plomo origina daños irreversibles en el desarrollo del sistema nervioso, el sistema psicomotor se ve afectado, se originan  problemas de déficit de atención e hiperactividad. Los niveles de inteligencia disminuyen y el desarrollo psicológico también se ve comprometido. Hay estudios científicos que mencionan que el niño puede desarrollar conductas agresivas y hasta criminales. Definitivamente, es un problema de salud pública”, dice Villa.

Según los rankings del Instituto Blacksmith, La Oroya está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del planeta. “Además del plomo, la gran chimenea de la fundición de DRP arrojaba gases altamente tóxicos como arsénico, cadmio y dióxido de azufre”, añade el médico. “Se ha demostrado que este último provoca enfermedades respiratorias crónicas que pueden degenerar en problemas neoplásicos. Por otro lado, el cadmio es un metal que puede producir cáncer, y el arsénico es un metaloide que comprometerían gravemente los riñones y la piel”.

Si bien, el hecho de que la fundición no funcione y deje de emanar gases implica que el organismo de los niños absorba menos plomo, se sabe que el plomo se queda en el organismo durante 20 a 30 años. Será en la edad adulta cuando los niños contaminados por Doe Run Perú, verán las verdaderas repercusiones que tuvo el hecho de vivir expuestos a los tóxicos de la función.  “Es impredecible lo que pueda ocurrir en el organismo, hígado o pulmones pueden verse comprometidos”, dijo Villa.

 El médico reconoce que sería un crimen dejar que la fundición reinicie sus actividades en las mismas condiciones. Y valora que es necesario que la minera cumpla con la construcción de la planta de ácido sulfúrico establecida en el PAMA. La función de esta planta sería captar los gases de dióxido de azufre los cuales provocan daños respiratorios. Recordó además los intentos absurdos del  Ministerio de Salud y la empresa minera por solucionar los gravísimos problemas de salud que originó la contaminación en los niños. “Se realizó una campaña en la que llevaban a los niños a un lugar alejado de La Oroya, les daban buena alimentación y claro, regresaban menos contaminados, pero sólo por un día”, finalizó.

domingo, 19 de febrero de 2012

Oseda retira su firma del Proyecto de Ley que le daría impunidad a empresa Doe Run

La congresista del partido oficialista, y que además representa a la región Junín, Gladys Oseda, retiró su firma del Proyecto de Ley N° 636/2011-CR, que le permitiría a Doe Run Perú obtener una tercera prórroga del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental). Así, Oseda dio un paso al costado separándose del grupo parlamentario de la Región Junín, liderado por Casio Huaire, quien presentó la iniciativa legislativa el 14 de diciembre pasado.

Mediante un oficio, la congresista Oseda solicitó al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, retirar su firma del Proyecto de Ley,  expresándose de la siguiente manera: “Es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle la decisión de retirar mi firma del "Proyecto de Ley Nº 636/2011-CR: Proyecto de ley que precisa la Ley 29410 en cuanto al plazo para la culminación del Proyecto de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya y flexibilidad para su financiamiento".

El Proyecto de Ley, le otorgaría a Doe Run Perú una nueva ampliación por 24 meses para culminar con su PAMA, además de otras concesiones, como la eliminación de las sanciones que ha recibido la empresa por los daños ambientales cometidos desde que empezó a operar en 1997 y la facultad de pedir una nueva prórroga para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, si es que tuviera que afrontar una crisis financiera.

Asimismo, el Proyecto de Ley recibió el apoyo del Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien declaró que el gobierno podría extender el plazo para que la empresa Doe Run Perú culmine su PAMA y pueda reiniciar sus operaciones. El congresista dijo en una entrevista con la prensa extranjera: “Si requieren 20 meses, 15 meses, lo que requieran, se le tiene que dar”.

El proyecto ya se está analizando en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. De no aprobarse antes del 31 de marzo, y  vencido el  plazo de cumplimiento del PAMA de Doe Run Perú, entrará en vigencia el DS  075-2009-EM, que ordena “el Cese parcial o total de la operación del  Complejo Metalúrgico de La Oroya”.

sábado, 18 de febrero de 2012

Derecho a la salud, al trabajo y la vida digna de La Oroya no debe estar por debajo del interés económico de Doe Run Perú


Ante el inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, administrado por la empresa estadounidense Doe Run Perú (DRP), la Plataforma “La Oroya por un Cambio” (conformada por diversas instituciones y redes de la sociedad civil con una vasta experiencia de trabajo en la zona), señala que el derecho a la salud, al trabajo y a la vida digna en La Oroya, no debe estar por debajo del interés económico de DRP. Recordemos que esta empresa, es la principal responsable por los daños ambientales y a la salud en La Oroya, considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, junto a Chernobyl.


Esta plataforma reconoce el aporte económico de la empresa a la ciudad no obstante considera que DPR debe reiniciar sus operaciones cumpliendo con los estándares ambientales que garanticen la salud de los pobladores de La Oroya. En este sentido, es de vital importancia que concluya su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), con la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, proyecto que quedó paralizado y que resulta importante para reducir los niveles de contaminación de la fundición.


La plataforma manifiesta su preocupación por los impacto en la salud que se generarían, de reiniciar operaciones el complejo metalúrgico sin las debidas inversiones en el PAMA.Doe Run Perú es responsable por los severos daños a la salud en niños y gestantes, que se revelaron en 1999 cuando el propio Ministerio de Salud informó que el 99% de los niños estaban intoxicados por plomo. A casi tres años de la paralización del Complejo Metalúrgico, los niveles de plomo en sangre de los niños han bajado, según resultados del último Censo Hemático del 2011, pero todavía persisten en promedio niños con niveles de plomo por encima de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, es decir 10ug/dl microgramos por decilitro de plomo en sangre.


El reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico sin las condiciones adecuadas significaría volver a respirar diariamente, toneladas de plomo, cadmio, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados. Y significaría también que las gestantes den a luz a niños con altos índices de plomo. Como lo demostró un estudio de ESSALUD del 2006, en donde el 75% de los recién nacidos muestreados, tenían entre 6ug/dl y 10ug/dl, con riesgo de incrementar ese nivel en el transcurso de los años.

Por estas razones, la plataforma cuestiona la tercera ampliación del PAMA que se está impulsando en el Congreso, a través de un proyecto de ley. Según el contrato inicial que firmó el Estado peruano y DRP, el PAMA debió ser culminado el 2006, pero se modificó tres veces y se amplió dos. Si tomamos en cuenta el historial de incumplimientos y sanciones de DRP, nada garantiza que esta vez sí vaya a cumplir su PAMA.


Otro tema escandaloso, es la demanda de arbitraje interpuesta por Renco Group (matriz de DPR) contra el Estado Peruano por US$ 800 millones de dólares ante UNCITRAL. La empresa, amparado en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU, está argumentando entre otras cosas, un supuesto incumplimiento del Estado peruano, en su negativa de remediar los suelos de La Oroya y alrededores. La Plataforma exhorta al Gobierno, a mantener una posición firme, que evite una absurda indemnización a favor de Doe Run Perú a la que, irónicamente, tendríamos que pagarle todos los peruanos, siendo ellos quienes tienen una deuda ambiental y moral con el Perú.

viernes, 17 de febrero de 2012

José De Echave: “Existen todos los indicios para saber que Doe Run no cumplirá con el PAMA


El pasado 7 de febrero los integrantes de la “Plataforma La Oroya por un cambio”, encabezado por  el ex viceministro del Ministerio del Ambiente, José De Echave y la representante del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro expusieron las consecuencias negativas frene al reinicio de las operaciones del Centro Metalúrgico de La Oroya.

El tema de La Oroya debe ser enfocado desde varios puntos, dijo De Echave. El primero es el incumplimiento de la empresa en la ejecución del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Desde 1997, Doe Run debió haber invertido $129 millones de dólares en la ejecución de proyectos de adecuación del complejo metalúrgico a la legislación ambiental vigente. El 2007 se cumplió el plazo y ningún proyecto fue ejecutado. Durante este periodo el PAMA tuvo 4 modificaciones: 19/10/1999 (tratamiento del agua madre); 10/04/2001 (tratamiento de efluentes líquidos); 25/01/2002 (tratamiento de efluentes líquidos); y el 03/04/2004 (declarada improcedente); y dos ampliaciones: el 2006 en el gobierno de Toledo y el 2009 en el gobierno de García. 

En total han sido 9 los proyectos de inversión para  reducir los daños al medio ambiente con los que Doe Run no ha cumplido. El más importante fue la construcción de una planta de ácido sulfúrico valorizado en  $ 107 millones de dólares. Su construcción era de vital importancia para la disminución de emisiones de dióxido de azufre al ambiente.

“Con estas concesiones a Doe Run le damos un pésimo mensaje a los inversionistas. El que no cumple con los acuerdos termina siendo el más favorecido”, dijo De Echave.

El segundo punto mencionado por De Echave fue el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República que le permitiría a Doe Run reiniciar las operaciones del  Centro Metalúrgico La Oroya. El proyecto presentado por el congresista Casio Huaire Chuquichaico, de Alianza Parlamentaria,  busca darle un nuevo plazo a Doe Run para la culminación de la construcción de la  “Planta de Ácido sulfúrico y modificación del circuito del cobre”. Esta vez el plazo sería de 24 meses, tiempo en el que la minera adecuaría su infraestructura para el cumplimiento del PAMA, el cual tiene por finalidad que las empresas reduzcan sus niveles de contaminación y no dañen irreversiblemente el ecosistema.

Sin embargo, el historial de omisiones de Doe Run la condenan ¿Qué garantizaría que esta vez Doe Run cumpla?

“Este proyecto de ley pretende otorgarle varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Hay varios artículos que nos preocupan. Es una propuesta flexible, sumamente favorable para la empresa y  en contra del bienestar de la población”, dijo De Echave. Hay que recordar que La Oroya figura entre las diez ciudades más contaminadas del mundo y mientras Doe Run facturaba, entre el 2005 y 2009, utilidades netas por $ 504 millones de dólares, más niños seguían siendo contaminados por las emisiones de gases tóxicos del complejo metalúrgico como cadmio, arsénico y plomo.  El incremento de las  ganancias de Doe Run no iba de acuerdo a sus obligaciones ambientales.

“Existen todos los indicios de que esta vez sea otro proceso poco serio. Además, el proyecto de ley le deja abiertas varias puertas a la minera.  Hay un artículo que le da las facilidades para exonerarla de las numerosas multas y sanciones pendientes. Y otro en el que se le otorgarían nuevas prórrogas para el cumplimiento de los proyectos de inversión pendientes”, dijo De Echave.

Finalmente, hay que recordar que Doe Run demandó al Estado Peruano por $ 800 millones de dólares  amparados en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que protege a la inversión privada. La empresa considera que ha recibido un trato injusto por parte del  Estado. Nueve congresistas estadounidenses pidieron que el Estado Peruano sea sancionado y que el apoyo que recibimos del Banco Internacional de Desarrollo sea evaluado.
De Echave opina que Doe Run es una empresa poco transparente, que es preocupante la situación de los trabajadores que se han quedado sin trabajo desde que se paralizó las operaciones de la empresa. Sin embargo,   una empresa acostumbrada a incumplir no les garantizaría estabilidad a los trabajadores.
Igualmente, Rosa Amaro pobladora de La Oroya dijo que la provincia no subsiste únicamente de la minería, que el Estado, mediante el Ministerio de Salud, no ha mostrado ningún interés por dar tratamiento a los terribles daños de salud que han sufrido los pobladores luego de haber sido contaminados por la minera por tantos años.  “Parece que el Estado quiere favorecer a una trasnacional que no cumple con el PAMA y no se preocupa por la salud de la población”, dijo Amaro.